El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo dará a conocer hoy, en lectura pública, la sentencia de su Gran Sala sobre el caso de la etarra Inés del Río y la aplicación de la doctrina ‘Parot’ a una condenada por hechos cometidos antes de aprobarse el Código Penal de 1995.
La decisión que adopte este tribunal internacional puede significar la derogación de esta doctrina, introducida en 2006 por el Tribunal Supremo y que establece que las redenciones de pena deben aplicarse sobre el total de las condenas impuestas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años. De este modo se evitó que numerosos etarras o delincuentes graves quedasen en libertad mucho antes de agotar su condena.
En concreto, según los datos que maneja el Ministerio del Interior, son 53 etarras los que se encuentran en la misma situación que Inés del Río y cuya estancia en prisión se debe únicamente a la aplicación de la ‘Doctrina Parot’. Además la izquierda abertzale maneja los nombres de al menos una veintena de terroristas más a los que se les aplicaría la misma norma jurídica en los próximos años.
UNO O DOS AÑOS POR CADA MUERTE
De los 53 etarras que podrían salir libres si derogan la ‘Doctrina Parot’, nueve han cumplido sólo uno o dos años de cárcel por cada asesinato y hay 44 con delitos de sangre que suman un total de 239 asesinatos, según los datos recogidos por Europa Press.
En este grupo destacan Domingo Troitiño con 22 asesinatos en su ‘curriculum’ criminal entre atentados con resultado de muerte y asesinatos directos. Por estos crímenes ha cumplido 26 años de cárcel, apenas un año y un mes por cada asesinato. Por su parte, el etarra Juan Carlos Arruti Azpitarte cuenta con 24 asesinatos por los que lleva 24 años en prisión. En su caso la media sale a un año exacto por cada vida. También hay miembros de los GRAPO, de los GAL o violadores y otros delincuentes graves.
Fue el pasado mes de marzo cuando la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo acogió la vista sobre el ‘caso Inés del Río’. España estuvo representada por la Abogacía del Estado Isaac Salama, quien se preguntó ante los 17 jueces del tribunal si «¿es igual un asesinato que 132?».
En primer momento se barajó que la sentencia pudiese conocerse en el mes de julio, posteriormente se vaticinó un veredicto para el mes de septiembre, pero finalmente se producirá en octubre, un retraso que fuentes conocedoras del funcionamiento de este tribunal entienden como una prueba de la falta de acuerdo, lo que iría en contra de los intereses del Gobierno.
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