Nov 302012
 

Miles de personas han salido a las calles en Cisjordania y la Franja de Gaza para celebrar la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de elevar el estatus de Palestina en la organización de entidad observadora a Estado observador no miembro.

De los 193 países que forman la Asamblea General, 138 han votado este jueves a favor de cambiar el estatus de la AP de entidad observadora a Estado no miembro, nueve han votado en contra –incluidos Israel y Estados Unidos– y 41 han decidido abstenerse.

En Belén, las campanas de la Iglesia de la Natividad han repicado en honor a la votación, y miles de personas se han concentrado para ver la emisión en directo del discurso del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ante la Asamblea General.

«Siento que estamos viviendo un día histórico, el nacimiento del Estado de palestina», ha dicho Suha Awadalá, una de las presentes en los actos de celebración en Ramala, la capital administrativa ‘de facto’ de la Autoridad Palestina.

En una muestra de unidad, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la Franja de Gaza desde la división administrativa y territorial de 2007, ha autorizado a los seguidores de Al Fatá a celebrar manifestaciones y otros actos en el enclave tras la votación.

En las localidades de Hebrón, Nablús, Ramala y Jenín, las personas se han reunido en los tejados y los balcones para cantar canciones patrióticas a través de altavoces.

«Ahora podemos llevar a Israel ante los tribunales internacionales por los crímenes que ha cometido contra los palestinos en Gaza. Esto es importante para nosotros», ha dicho Mohamad Issa mientras escuchaba el discurso de Abbas.

El martes, el representante de la Autoridad Palestina en la ONU, Riyad Mansur, afirmó que la organización no se incorporará inmediatamente al Tribunal Penal Internacional (TPI) en caso de que consiguiera el reconocimiento como Estado no miembro, pero no descartaba hacerlo y emprender acciones legales contra Israel.

La comunidad internacional considera que todos los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales en base al Derecho Internacional, pero el Ejecutivo israelí distingue entre las colonias que han recibido una autorización oficial y las que no.

Asimismo, el traslado de población de un Estado ocupante a un territorio ocupado es considerado como un crimen de guerra por las Convenciones de Ginebra.

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