salarios

Los sueldos en la cosa pública (y III)

En las dos entradas anteriores hablamos de la regulación de salarios en la empresa pública y de los sueldos de los políticos locales. En esta tercera y última de la serie toca comparar.

El presidente del gobierno de España gana 78.000 € anuales; el ex-presidente Zapatero 6.000 € más (84.000 €) por ser miembro del Consejo de Estado. No es lógico. Sarkozy, por ejemplo, recibe 253.600 €; Merkel, 220.00 €; Obama, 1.309.164 €. Pero la lista de cargos públicos españoles que superan los emolumentos de Mariano Rajoy es extensa: Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, 108.000 €; Artur Mas, presidente de la comunidad catalana, 144.000 €; Xavier Trías, alcalde de Barcelona, 146.000 €; Ana Botella, alcaldesa de Madrid, 102.000 €; Griñán, presidente andaluz, 85.000 €…y así podríamos seguir con cientos de nombres, pues casi todos los alcaldes de capitales de provincia y presidentes de diputaciones cobran más de 78.000 €. Y hasta los alcaldes de los municipios madrileños Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Leganés, Boadilla del Monte o Alcobendas superan esa cifra.

También los presidentes de las altas instituciones del estado español tienen salarios superiores al del presidente Rajoy. Desde los 115.000 € del Defensor del Pueblo a los 130.000 € del presidente del Tribunal Supremo.

Si buscamos a los políticos que a su cargo institucional añaden ingresos como miembros de consejos de administración de empresas públicas o de entidades financieras, las cifras ya son de escándalo.

Es evidente que la política no está muy bien pagada. O depende. ¿De qué? De donde proceda el político; si viene de su casa con una mano delante y otra detrás con el carnet del partido entre los dientes como un cuchillo afilado, está muy bien pagada; si procede, por ejemplo, de la empresa privada o de su cátedra de universidad, está muy mal pagada.

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Los sueldos en la cosa pública (II)

Si en la anterior entrada hablábamos de salarios públicos en el ámbito estatal, ahora toca hacerlo en el local.

Mi idea al respecto es clara: se debe regular el ejercicio de lo público. Es necesario una ley de ámbito estatal, en el que se limite su salario y sus incompatibilidades más allá de los acuerdos entre el gobierno y la oposición local. Es muy difícil que en un municipio se aprueben las ordenanzas fiscales o los presupuestos o los planes urbanísticos por unanimidad, pero casi siempre se consigue un acuerdo para regular sus emolumentos. Y casi siempre al alza.

No me gustan los políticos profesionales. Y los hay muy buenos. Muy capaces, honestos y eficientes. Pero no me gustan. El porqué es sencillo: ante la duda tomarán el camino fácil, aquel que no comprometa su puesto, con independencia de que sea o no la mejor de las alternativas para su ciudad.

Creo que antes de gestionar lo público, hay que demostrar una valía fuera de la política. Por su propia seguridad laboral y económica, un político no puede depender de un puesto a dedo. Tiene que tener una profesión o un oficio en la vida civil. En caso contrario, será un mero instrumento al servicio de su partido político, que es quien decide la composición de las listas electorales.

Habitualmente se dice que ocupar un cargo político es un servicio a la sociedad, vocacional y voluntario. Lo último seguro, lo de servicio a la sociedad, discutible. Algunos se sirven a sí mismos. Siempre he defendido que quiero buenos gestores en la política, y para ello tiene que estar bien pagada ¿Y eso qué significa? Que se gane lo mismo (o un simbólico euro más, para que nadie diga que pierde dinero) en la política que en su ocupación fuera de ella. Fijando un tope salarial (por ejemplo los 105.000 euros anunciados en la reforma de los salarios en empresas públicas) ningún buen gestor podría argumentar un no a la dedicación política por razones económicas aunque con ese tope salarial pueda perder poder adquisitivo. De la misma manera que fijando un mínimo, nadie entraría en política sin tener un trabajo anteriormente. De esta forma, quien esté en política sin una profesión remunerada anterior cobraría 641,40 euros/mes, el salario mínimo interprofesional que anualmente se publica en el BOE. Eso sí es servicio público. ¿Cómo puede ser que tengamos ediles cobrando más de 40.000 euros anuales que nunca han cotizado a la seguridad social? ¿Sin oficio o profesión conocida? Incluso algunos sin titulación superior pero aupados al cargo con el carnet del partido en la mano. Y otros muchos que se inventan títulos universitarios para adornar un currículum que, en algunos casos, no sería aceptable ni para un trabajo de, con todos mis respetos, reponedor en Hipercor vía ETT. De cv inflados hay ejemplos en todos los partidos, de derechas, de izquierdas, de socialistas y de populares, y en todos los niveles: concejales, diputados, secretarios de estado e incluso ministros.

Algunos dicen que la política es fiel reflejo de la sociedad: sociedades mediocres, gobernantes mediocres. Al final, va a ser cierto que tenemos lo que merecemos…¿Y tú qué opinas?

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Los sueldos en la cosa pública (I)

El Gobierno ha limitado los salarios de los directivos en empresas públicas. Me parece una buena medida pero insuficiente, porque nuevamente los políticos ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en el suyo.

Los directivos de empresas grandes cobrarán como máximo 105.000 euros al año, los de medianas 80.000 euros al año, y las de menor dimensión, 55.000 euros al año. Además, se limita el número de consejeros en 15, 12 y 9 respectivamente, con un ahorro de apenas 1 millón de euros por la reducción de los consejos de administración. Falta estimar el ahorro derivado del  recorte salarial. Estas medidas, enlazan con el anuncio de eliminar unas 450 empresas públicas.

Los sueldos públicos se han ajustado a la baja dentro de la realidad del mercado laboral, alejándose bastante de la media en la empresa privada. Según un estudio de la consultora ICSA y Laboris.net el salario medio de directivos en Cataluña es de 67.000, 108.000 y 171.000 euros en función del tamaño de las compañías. Si comparamos estas retribuciones con las de la banca o las empresas del IBEX, las diferencias son abismales.

Entendiendo el ejercicio de lo público como un servicio vocacional, el ajuste a la baja no es escandaloso ni mucho menos, pero sorprende que el directivo de una pyme pública tenga una retribución inferior a la mayoría de los diputados y senadores de nuestro país, quienes, en el caso de la Cámara Baja, tienen unos ingresos mensuales repartidos en:
– Sueldo base: 3.483,46 euros
– Indemnización por alojamiento de 1,762,18 euros (841,12 si vive en Madrid)
– Hasta 250 euros/mes de gastos en taxi o 0,25 euros/km si usan su vehículo particular
– Dietas diarias de 120 euros para viajar por España y 150 por el extranjero
– Kit tecnológico (valorado en más de 1.550 euros): tarifa adsl en su domicilio, iPad y smartpphone (iPhone o BlackBerry a elegir)
– Billetes gratis de avión, tren o barco.

Eso sin incluir los complementos mensuales en función de sus labores parlamentarias: el presidente de una comisión recibe 1.536,56 euros más al mes y el portavoz, 1.123,43. Además los miembros de la mesa cobran adicionalmente: el presidente 3.483,46 euros, más 3.782,76 euros en gastos de representación, más otros 3.101,53 de libre disposición. Los vicepresidentes perciben por los mismos conceptos 1.328,06, 1.109,84 y 776,35 euros mensuales, respectivamente. Casi ná, que diría un castizo.

Y todo lo anterior sin el más mínimo control del absentismo, siendo compatible con una segunda actividad (profesor, tertuliano, conferenciante…) y con un régimen fiscal favorable que les retiene un 37% del sueldo base mientras el resto de ingresos quedan exentos de retención, por lo que la media es de un 17% en lugar de aplicarse el tipo máximo de IRPF. Sueldo alto y retención de mileurista. Al menos, se ha dado un paso en la transparencia de sus señorías y se han publicado sus declaraciones de bienes, aunque sirvan más para el cotilleo y el amarillismo que para otra cosa.

El único gesto destacable de austeridad que se ha aplicado a los parlamentarios de ambas cámaras ha sido la congelación de sus sueldos y la suspensión de la aportación al plan de pensiones. Qué menos, ¿no?

Continuará…

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Fui becario antes que empresario. Enredado en lo virtual y enredando en la vida real.