Vallekas por la kara · Nino Olmeda

El 20 de noviembre de hace 40 años murió en su cama el dictador Francisco Franco, quien si levantara la cabeza notaría que el vicio de la corrupción sigue estando presente en la clase política tras 40 años de democracia. La dictadura se fue pero quedan cuestiones pendientes todavía sin resolver y que en la transición no se abordaron convenientemente porque no se pudo, no se quiso o qué sabe nadie. Franco dejo de existir pero quedaron escondidas reivindicaciones referidas a la memoria histórica que ahora florecen porque es imposible borrar el olvido de lo vivido por todos los que sufrieron el franquismo asesino en el que la libertad y los derechos humanos eran los grandes ausentes. Todos aquellos españoles que siguen sin poder enterrar a sus familiares asesinados y tirados en las cunetas o tapias de cualquier paraje, no pueden hacerlo porque no saben en qué lugar fueron ejecutados. Ahora, 40 años después de la muerte de Franco, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el que fuera consejero de Vivienda cuando se vendieron 3.000 viviendas pública a un ‘fondo buitre’ por un precio irrisorio, Pablo Cavero, comparecerán en la comisión que investiga la corrupción política durante los últimos ocho años. Este 20 de noviembre será festejado por algunos nostálgicos del pasado de tinieblas y amantes del odio al diferente. También será recordado por algunos que esperan, como mi amigo Emilio, poder exhumar a su abuelo para llorar ante sus restos lo que el lacrimal ha contenido durante demasiado tiempo. Ese mismo día en el Parlamento de Vallecas se hablará de corrupción, herencia de un sistema que era totalmente corrupto, además de indecente, inmoral y criminal.

Ricardo Ruiz de la Serna fue director general de Justicia de la Comunidad de Madrid poco más de tres meses. Dejó el cargo hace unos días porque en el departamento dirigido por Ángel Garrido, uno de los que más mandan en el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes, «todo se improvisa» y porque la justicia «merece más peso presupuestario». Qué más da si ha dimitido él o si le han cesado, lo importante es que aparece el primer lío del Ejecutivo regional y que cualquier explicación siempre será interesada. A la gente le da igual lo que esté sucediendo con un señor al que nadie conoce y que ha pasado sin pena ni gloria por un cargo que ha dejado por tener cargo de conciencia. El siguiente lío puede estar relacionado con la decisión de la comisión de estudio sobre la deuda en la Comunidad de Madrid de pedir la comparecencia de los exconsejeros de Justicia Alfredo Prada y Francisco Granados, quien si acepta la invitación tendrá que hacerlo por videoconferencia desde Estremera, localidad madrileña que tiene una cárcel que fue inaugurada por el mismo que ahora la habita. Lleva muchos meses preso por su relación con la llamada ‘Operación Púnica’, cuyos acusados se dedicaban, presuntamente, a robar y hacerse ricos a través de ‘mordidas’ que los corruptores pagan a los corruptos. Si decide comparecer, el lío del cese o dimisión de un desconocido será una nimiedad. Granados, que fue el ‘niño mimado’ de Esperanza Aguirre y el ‘gran enemigo’ de Ignacio González, puede montar un gran lío como buen liante que es.

El portavoz del PP en la comisión sobre la corrupción política del Parlamento regional, Jesús Gómez, fue cesado por levantarse de una reunión con otros portavoces ante el comportamiento de los que quieren saber. Dijo que quieren montar un «circo mediático». Los que no dijeron nada cuando dio el portazo explican que Gómez actuó por su cuenta y sin consultar.  Nadie entendió nada y se relacionó su cese con la mala imagen ofrecida por el PP, que al día siguiente, por orden de Cristina Cifuentes, sancionó a su diputado con explicaciones inexplicables que se terminan creyendo los que las repiten. En los psiquiátricos, como en la Asamblea en este y otros casos, los internos creer ver cosas que sólo ellos perciben como consecuencia de una enfermedad mental. Los diputados no están enfermos y se comportan haciendo creer a los demás lo que ellos no se creen al principio pero terminan asumiéndolo por obediencia al que manda.  También nos enteramos que el popular Enrique Ossorio envió, por equivocación, un ‘wasap’ destinado a su gente de más confianza a los 47 diputados del PP. Nos enteramos que algunos no salen bien fotografiados y que en el partido hay dos almas. Además, el expresidente Ignacio González se reúne con el socialista Ángel Gabilondo para hablar y se desatan las especulaciones. Las explicaciones sobre estos dos asuntos son de delirio mental, por lo que no es descabellado decir que ha sido una semana en la que la Asamblea parecía un frenopático.

En los últimos ocho años la deuda de la Comunidad de Madrid pasó de 10.000 a 25.000 millones de euros. Para conocer qué ha pasado, en qué se ha gastado tanto dinero, si lo invertido costaba lo que costó y si la inversión era necesaria, Podemos propuso una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid, que aprobó su constitución. Se decidió empezar estudiando el proyecto del Campus de la Justicia. El consejero de Presidencia, Ángel Garrido, ofreció a sus señorías consultar los 100 metros lineales de documentos sobre esta inversión no realizada que costó más de 100 millones de euros. Dijo que las cuentas de los últimos años no aparecen. Luego compareció en la misma comisión parlamentaria el último apoderado de la empresa pública Campus de la Justicia, Javier Rodríguez Fernández, que llegó al cargo en 2011 y se fue en 2013. Vio mucho despilfarro y gastos innecesarios en propaganda, pero nada de lo que se pensaba construir. Afirmó que se quejó muchas veces de lo que observaba ante los consejeros de turno, a los que pidió que disolvieran ya la empresa pública que se creó para hacer un Campus de la Justicia que nunca se construyó. Las cuentas de cada ejercicio no se presentaban ante la Intervención General porque nadie quería firmar lo hecho por otro de los suyos. Hubo gastos sin control suficiente y excesivas modalidades de contratación, según el apoderado, que aclaró que es «amigo de la verdad», por eso explicó que cuando dejó el cargo «el PP me ha tenido tres años en un chiscón sin trabajo ni nada».

Telemadrid, juguete de los que gobernaron la Comunidad de Madrid en los últimos años, parece que tiene futuro, pero no sabemos cuál. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, envió al Parlamento regional su proyecto. Podemos y PSOE enmendaron a la totalidad al texto del Gobierno. Esta iniciativa, que se debatió en el pleno del 15 de octubre, al cierre de estas líneas se preveía que no saldría adelante, porque Ciudadanos, que ha registrado 50 enmiendas al proyecto, no apoyará la propuesta de las dos formaciones que consideran que transformar el ente público televisivo en sociedad anónima es un primer paso hacia la privatización.

Se tramitará la ley del PP y se debatirán las enmiendas de todos los grupos, que tienen una ocasión de oro para que el futuro de Telemadrid tenga que ver con una televisión pública que garantice la objetividad en la información y la pluralidad y la calidad en los contenidos. El PP no tiene mayoría y el juego del diálogo y la tolerancia es fundamental. Ya no habrá consejeros elegidos a dedo por los partidos. Ahora deberán someterse a examen en el pleno de la Asamblea, que tendrá que contar con el voto de dos de cada tres diputados para elegir nuevos directivos. Cifuentes debería nombrar a una persona de su confianza para conseguir ese consenso necesario, anticipándole que si no triunfa será despedido. Coherencia y responsabilidad y no decir una cosa y la contraria. Algunos dicen que el PP quiere usarla de cara a las elecciones. ¿Para influir a quién si no la ve nadie?

Esperanza Aguirre estaba muy contenta en 2006 cuando anunciaba que el arquitecto británico Norman Foster realizará el diseño del primer edificio del que será el complejo judicial más grande de Europa. El Campus de la Justicia era un proyecto para acabar con la dispersión de sedes judiciales y ahorrar costes y desplazamientos a los ciudadanos. Se creó la sociedad pública ‘Campus de la Justicia S.A.’, liquidada formalmente hace pocos meses, aunque desde hace muchos años no tiene actividad. La Comunidad, presidida por Aguirre, se metió en este negocio ruinoso 130 millones de euros y el liquidador comentó en la comisión de estudio sobre la deuda regional,  creada en el Parlamento regional a iniciativa de Podemos,  que entregó 25 millones. Es llamativo que el liquidador dijera que no sabe nada de eso y que sólo es un buen servidor de la consejería de turno que le encargó esto. También es llamativo que el presidente de la Cámara de Cuentas dijese que hasta en 14 ocasiones había advertido al Legislativo y al Ejecutivo que esta sociedad no había entregado sus cuentas. Nunca rindió cuentas en plazo. Todo muy llamativo, según explicó la presidenta de la citada comisión, Lorena-Ruiz-Huerta, de Podemos, al término de las comparecencias. Dijo que en los años sin ley de los gobiernos de Aguirre, el despilfarro era la norma. Igual de llamativo es que siendo presidenta de comisión hablase sólo en nombre de Podemos, sobre todo teniendo en cuenta que su portavoz en esta comisión, Eduardo Gutiérrez, intervino clarito y bien.

Todos los grupos de la Asamblea de Madrid se han puesto manos a la obra para reformar el Reglamento de la Cámara regional. El objetivo es tener un parlamento más ágil, cercano y realmente útil para los madrileños. Es decir, lo que no es en la actualidad la Asamblea de Madrid, anclada en el pasado, desde el punto de vista reglamentario, y anestesiada por demasiados años de mayorías absolutas del PP. Unos y otros proponen televisar los plenos, limitar las preguntas de autobombo del partido del gobierno y reducir el tiempo de intervención de los portavoces en las llamadas iniciativas largas (mociones, interpelaciones, PNL y demás), entre otras iniciativas. Siendo todo eso necesario, no estaría de más conseguir un parlamento en el que se pueda parlamentar en condiciones decentes. Si lo que se pretende es encantar a la audiencia y a los medios de comunicación con palabras bellas y frases ingeniosas ideadas por asesores ingeniosos, con leer lo escrito, oír lo que dice el otro y votar sabiendo de antemano el resultado, es suficiente lo que hay. Pero si se persigue que en la Asamblea se hable o converse con otros, es urgente reformar el Reglamento para convertir esta institución en la casa de la palabra y el debate real entre posiciones enfrentadas. Para conseguirlo, son necesarias ideas y no papeles, esos  que siempre llevan en la mano y que no son apuntes sueltos sino el verdadero sostén de su intervención. Leen y no dialogan porque eso no viene en sus papeles: no hay debate decente.

La Asamblea de Madrid recupera la normalidad, después de las vacaciones veraniegas, y en cada pleno parlamentario se produce lo mismo, algo inusual en los últimos 20 años, que el partido que gobierna, el PP (48 escaños), no tiene los votos suficientes para sacar adelante sus iniciativas y necesita del apoyo de Ciudadanos (17 diputados). Estos 65 parlamentarios son suficientes porque Podemos (27) y PSOE (37) suman menos. Esta aritmética sirvió para que Cristina Cifuentes fuese elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no para que en los últimos plenos saliesen aprobadas iniciativas votadas por todos menos por el partido de Cifuentes. Temas de la oposición relacionados con la pobreza energética, la contaminación por ozono, la  renegociación de  la concesión del hospital de Collado-Villalba para revertir su gestión al Servicio Madrileño de Salud, la reducción de las tasas de guarderías y FP, el retraso de la aplicación de la LOMCE y la concesión de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, salieron adelante con el voto en contra del PP. Es verdad, que las Proposiciones No de Ley aprobadas no son vinculantes, pero también es verdad que no se puede gobernar de espaldas a la Asamblea de Madrid. Cifuentes debe saber que su desconexión de la realidad parlamentaria se producirá cuando no sepa  leer correctamente lo que pasa en el Parlamento, que, en estas circunstancias, puede conseguir influir decisivamente en cómo se gobierna y en las políticas de gobierno.

El drama de los refugiados que salen de sus hogares porque son expulsados por las bombas de los que lucen como medallas de honor su amor por las armas y el dinero que generan, ha traspasado la piel y la sensibilidad de los que desde gobiernos y oposiciones dicen sufrir con el dolor ajeno y lo hacen propio aunque el drama esté a miles de kilómetros del sofá desde el que nos conmovemos al ver la foto de un niño de tres años arrojado a una playa turca por un mar asqueado de tragarse cadáveres de todas las edades y nacionalidades. Aylan Kurdi, el niño sirio que, junto a su familia inició un camino sin retorno, despertó las conciencias de los que hoy se arremangan para salvar del naufragio a todos los necesarios para no ponerse colorados por la desvergüenza de la pasividad ante lo que está sucediendo. La guerra en Siria, gobernada por un déspota dictador, ha acabado ya con decenas de miles de seres humanos, entre ellos, muchos como el fotografiado en la playa y que ha asaltado nuestro lacrimal para derramar líquido lleno de rabia e impotencia, y ha obligado a cientos de miles a moverse por el país perseguidos por las bombas. El niño muerto ha hecho un milagro impensable hace meses. Reaccionaron primero algunos ayuntamientos y después gobernantes poco prestos a prestar atención a lo que Aylan nos ha descubierto de pronto. Todo lo que se haga será poco, pero nunca debemos olvidar que los que callaban por olvido o despreocupación hace solo unos meses, ahora han resucitado por el milagro del niño sirio que tenía la misma edad que mi querida Suriñe, hija de mi hija Azeguiñe.

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región. Eso dice la página web de la institución que desaparecerá en unas semanas tras la aprobación de un proyecto de ley del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que tiene como único punto acabar con un Consejo Consultivo que tiene todavía entre sus consejeros a los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, miembros vitalicios de algo que se extingue, y a miembros del PP y del PSOE puestos a dedo por sus respectivos partidos por razones que sólo ellos entienden. Se llevan un buen sueldo por hacer, o sólo firmar, dictámenes elaborados por expertos del organismo al que queda poco de vida. Cifuentes asegura que los madrileños nos ahorraremos 2,3 millones de euros cada año y que sus funciones recaerán en una Comisión Jurídica de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que acogerá a los letrados del organismo que desaparece. Es decir, que en unos meses nadie recordará que existió el Consejo Consultivo porque sus funciones se siguen realizando, aunque muchos no olvidaremos que el bipartidismo colocó a dedo a los suyos en un organismo creado para satisfacer su obsesión por mantener un sistema de despilfarro y escasa transparencia. Bienvenida su desaparición, sin olvidar que nunca debió nacer. Sólo queda por saber ¿qué harán con los expresidentes?