Un grupo de alcaldes se alió con unos empresarios encantados de robar aprovechándose de sus contactos con el poder institucional y juntos decidieron actuar y montar películas de corrupción. Fueron descubiertos y algunos de ellos entraron en prisión. Se conoce como Operación Púnica, por su relación con el árbol del granado (punica granatum), y porque uno los caídos en desgracia es Francisco Granados, mano derecha, en otros tiempos, de la presidenta del PP, Esperanza Aguirre, quien al enterarse de los líos de uno de los suyos hace años se puso seria y anunció que sería contundente con los implicados en esta trama delictiva de cuello blanco y mucho morro. Expulsó a los alcaldes señalados y anunció que examinaría a sus alcaldables en presencia de la prensa, que se mostró encantada de presenciar en directo un interrogatorio anticorrupción y ser testigo de algo importante y útil. Nada más alejado de la realidad. Además del morbo periodístico de unos actos en los que se pregunta al interesado si le excita el golfeo del aprovechamiento del cargo político o si tiene intención de colocar rápidamente a sus familiares más cercanos en puestos de elección a dedo, poca más utilidad tiene esta iniciativa que pretende ser una medida de transparencia. Si este tipo de interrogatorio se hubiese realizado hace años a Granados, seguro que no habría contado lo que ha hecho para terminar entre rejas y hubiese dicho lo mismo que los interrogados estos días. Parece claro que estos exámenes no tienen ninguna utilidad más allá del servicio que presta a los líderes de la oposición a la hora de dar caña al mono popular y a mí mismo para escribir sobre la utilidad de algo que es totalmente inútil.
