Se acabó la Semana Santa y la actividad parlamentaria levanta el vuelo. Poca cosa y más de lo mismo ofrecieron los portavoces parlamentarios tras el descanso vacacional: las declaraciones de Luis Bárcenas sobre la existencia de una ‘caja B’ en cada sede regional del PP y el ‘caso Aneri’, con el cruce de dardos envenenados entre socialistas y populares, convencidos de que el fraude en los cursos de formación es mayor en la comunidad gobernada por los otros. La siguiente actividad parlamentaria, el próximo Pleno, en el que IU preguntará al Gobierno por qué no ha posibilitado la obtención del certificado de profesionalidad a los más de 30.00 trabajadores de la Dependencia. El diputado Joaquín Sanz teme lo peor para esa personas que atienden a nuestros mayores y a nuestros discapacitados. Esos trabajadores, que necesitarán a partir de 2015 esa acreditación para poder ser contratados, no disponen de títulos y sí de mucha experiencia. Cuando empezaron su dedicación a estas personas no existía ese requisito y ahora que se les exige un certificado de idoneidad y preparación, temen perder su empleo por no tener títulos. Quieren que se les homologue de oficio. La Comunidad de Madrid parece no tener prisa para hacer lo que ya tenía que estar hecho, y más de 30.000 empleados temen por su futuro y por el de los dependientes que cuidan porque se puede romper el lazo afectivo que ofrece la experiencia y que no aporta en un primer momento el inexperto titulado.
