En diciembre de 2012 empezaron los trámites para la privatización de hospitales y centros de salud. Las razones aducidas por el Gobierno regional tenían que ver con el ahorro en tiempo de crisis pero sin verse afectada la calidad asistencial. Eso decían los que empezaron tropezando por tratar de transformar el Hospital de La Princesa en algo distinto a lo conocido.
Los trabajadores y los usuarios de los centros pararon la primera embestida de los que continuaron con sus propuestas, poco claras y faltas de datos convincentes, que convencieron a muchos de la necesidad de estar en contra de una excelente idea para cualquier negocio pero poco más que una ocurrencia, dañina, tratándose de la salud de los ciudadanos. Llegaron las navidades y se acabó el otoño con la noticia de que unas determinadas empresas, una de ellas, de Puerto Rico y amante del turismo sanitario, habían rellenado los pliegos de condiciones para gestionar nuestros hospitales.
También se conoció la admisión a trámite de una denuncia de AFEM contra los exconsejeros Lamela y Güemes, impulsores de la privatización de los tres primeros hospitales en manos de mercaderes desde hace años. Médicos, enfermeras, sanitarios, pacientes, asociaciones científicas de todo tipo y entidades de cualquier color ideológico siguen pasando de estos planes privatizadores apoyados sólo por el PP de Madrid, que, por cierto, no incluyó en su programa electoral esto que ahora impone. Si hay que ahorrar que se ahorre, pero que se dialogue con todos los afectados no sólo con los que quieren quedarse con lo nuestro para engordar lo suyo: el negocio. Todavía estamos a tiempo de detener la tormenta privatizadora. Hay más de una razón.
