La Cañada tiene ley pero no tiene consenso

Después de tantos años, el pleno de la Asamblea de Madrid previsto para el 10 de marzo aprobará la Ley de la Cañada Real Galiana, pero sólo con los votos de los diputados del PP. Los parlamentarios del PSM e IU aclararon, en la comisión correspondiente de la Cámara regional, que el proyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre no les gusta porque sólo abre las puertas a la solución a esos más de 14 kilómetros de vías pecuarias ocupadas por personas, más de 20.000 y en situaciones legales, alegales, ilegales y de otros tipos. Esta ley tampoco cuenta, hasta la fecha, con el apoyo de los ayuntamientos afectados de Madrid,  Coslada y Rivas-Vaciamadrid, que son los que tendrán que ponerse manos a la obra para resolver los problemas de todo tipo de los ciudadanos y locales que permanecen en estos terrenos que serán desafectados. La oposición permanece a la espera de que todavía el consenso sea posible y el PP echa todas las culpas al PSM pero no dice nada respecto a la incapacidad de la Comunidad de Madrid para acordar con estos municipios (uno gobernado por el PP, otro por IU y el último por los socialistas).

Los miles de personas que viven en la Cañada quieren soluciones, los moradores de los pueblos afectados también y, aunque es verdad, que hasta la fecha nadie se había atrevido a arreglar este problema que lleva más de 40 años oliendo mal, no sólo por la cercanía de la incineradora de Valdemingómez, lo que ahora se propone no debe ser tan bueno porque excepto el PP nadie más lo apoya. Estos ayuntamientos tienen ahora dos años para ordenar sus zonas afectadas, de lo contrario la Comunidad se quedará con los terrenos y hará lo que crea conveniente. Sin presupuesto para ordenar tanto desorden, la Cañada Real Galiana se convertirá en una «patata caliente» que nadie quiere morder.

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