Ahora que ya empezó el duro, según todos, 2011, porque será un año con más preocupaciones y angustias para todos los que sufren la crisis en carne propia, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, a no ocupar cargo público alguno durante ocho años por prevaricar durante su etapa de alcaldesa de Torrejón de Ardoz.
La sentencia califica de «burla» el convenio urbanístico «ilegal» firmado con una empresa y deja claro que las leyes están para cumplirse. Esto sucedió en 2001 y casi dos lustros después, los ediles que aprobaron en un pleno municipal lo que sabían que no podía hacerse son condenados por prevaricar, término que debería ser revocado del Código Penal y dejar de aplicarse a los políticos, ya que parece ser que cometen ilegalidades por el bien de los demás. Rollán no podrá ir en ninguna lista electoral por decisión judicial y no porque el PSOE se lo impida. Si ha de continuar en la Ejecutiva de Tomás Gómez es una decisión del PSM, que debería explicar a los madrileños que si se queda o se va de sus cargos directivos internos no depende de ningún código ético sino de los equilibrios internos.
Dice Gómez que no suele dejar tirados a los inocentes y que Rollán no se ha enriquecido con esta ilegalidad. Tampoco ha matado, violado ni asesinado, sólo ha sido condenada por prevaricación. Y lo de inocente, después de ser considerada culpable es una broma de mal gusto y una patada en la boca de las palabras que ya sólo sirven para mentir. El PP se aprovecha de la situación y pide a Gómez que se aplique la misma medicina que pide a los imputados de la derecha. Que hagan lo que les venga en gana, porque cada vez está más claro que van a su rollo, a lo suyo, a ocuparse sólo de sus propios asuntos.
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