Política

Escalones para conectar un asentamiento humano al desarrollo

1. Carreteras: debe haber vías por donde pueda transitar un camión normal. Aunque sean de tierra, pero transitables. No inundables y que no pueda cortar una crecida. Una comunicación fluvial puede ser una alternativa. Si el asentamiento se encuentra tan apartado que es flagrantemente antieconómica su conexión, debe estudiarse su traslado a otro emplazamiento (con análogas condiciones agrícolas, climáticas y paisajísticas, que además, de manera imprescindible, permita a los habitantes el mismo modo de ganarse la vida u otro diferente, pero necesariamente mejor) más conectable. El asentamiento abandonado sería destruido y se permitiría que la naturaleza lo invadiera e integrara. Esto no se aplica a las tribus que se desea mantener en su estado primigenio, ni a los nómadas.

2. Electricidad: no es necesario conectar el asentamiento a la red eléctrica general. Se puede instalar energía solar, o hidroeólica, o un generador de gasóleo. Pero es necesario que tenga electricidad para superar los dos escalones siguientes.

3. Agua potable y agua corriente: la electricidad permite hacer funcionar bombas que la extraigan de pozos.

5. Educación: debe haber instalaciones, material y personal para formar a todos los niños y niñas entre cinco y quince años, y también alfabetizar a los adultos que lo deseen. En ese asentamiento o en otros a los que se pueda llegar en menos de una hora, a pie, en bicicleta o en autobús escolar.

6. Saneamiento: las aguas fecales deben conducirse lejos del asentamiento, para evitar enfermedades.

7. Tratamiento de residuos: con la misma finalidad de evitar enfermedades deben tratarse las basuras. Se intentará que todos los residuos sólidos que produzca el asentamiento sean orgánicos para facilitar su tratamiento (compostaje, generación de metano, etc.).

8. Depuración de las aguas residuales, para que vuelvan a la naturaleza con impacto cero.

9. Telecomunicaciones: el asentamiento debe conectarse a la red de telefonía móvil.

10. Salud: debe haber instalaciones, material y personal para atender a la salud básica de todos los habitantes. En ese asentamiento o en otros a los que se pueda llegar en menos de tres horas por carretera a una velocidad no susceptible de provocar accidentes. 

Las autoridades del país deben hacer un estudio exahustivo de todos los asentamientos, decidir cuáles pueden transitar viablemente por los anteriores escalones, y cuáles es recomendable trasladar, siempre con el acuerdo de sus habitantes. Si están en desacuerdo, no se trasladarán, pero tampoco se hará ninguna inversión. 

A partir de ese estudio, gradualmente, según se vaya disponiendo de dinero, se irán haciendo inversiones que permitan a los asentamientos ascender escalón a escalón.

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Izquierda y derecha

Escribo esta entrada a raíz de la columna Progreso de Josep Ramoneda en la que el párrafo clave me ha parecido éste:

¿Qué es el progreso? El primer ministro francés nos dice que su prioridad es el crecimiento y el empleo. No basta con el crecimiento, todo depende de qué se hace con él; no basta con el empleo si este no garantiza una vida digna. El progreso, si la izquierda aspira a significar alguna cosa, debe medirse en función de la libertad y de la igualdad.

¿Qué es el progreso? ¿Cómo medimos que una sociedad ha progresado más que otra, que está más avanzada? ¿La izquierda debe perseguir el progreso y solo el progreso? ¿La derecha es necesariamente inmovilista? Echemos un vistazo al diccionario de la RAE:

izquierda: conjunto de personas que profesan ideas reformistas o, en general, no conservadoras.

derecha: conjunto de personas que profesan ideas conservadoras.

progreso:

  1. Acción de ir hacia adelante.
  2. Avance, adelanto, perfeccionamiento.

reformismo: cada una de las tendencias o doctrinas que procuran el cambio y las mejoras graduables de una situación política, social o religiosa.

Resumiendo: la izquierda la forman las personas que desean un cambio a mejor, es decir, que se progrese, y la derecha, las que desean que las cosas no cambien. Por tanto, ser de izquierdas y ser progresista es lo mismo. Ser de derechas y ser conservador, también. Y ser de centro es imposible: o quieres que las cosas cambien o deseas que no cambien, pero no a la vez.

(inciso: considero tan legítimo ser de izquierdas como ser de derechas. Es plenamente humano querer que las cosas cambien, y también lo contrario, ya porque se piense que así están bien, ya porque se tema que, al intentar mejorarlas, lo que consiga es empeorarlas: «más vale malo conocido que bueno por conocer». Pero lo que importa es ser honrado. Obviamente este es un blog de izquierdas, que busca cambios a mejor en una serie de ámbitos, escrito por una persona de izquierdas.

Ser de izquierdas tampoco significa necesariamente que se vote a partidos que se digan de izquierdas: puede no tenerse confianza en que esos partidos traigan cambios a mejor.)

Queda pues contestada una pregunta: la izquierda debe perseguir el progreso, o no es izquierda. Pero resta la importante: ¿qué es el progreso? Ahí es donde discrepo de Ramoneda: el progreso de una sociedad no debe medirse solo en términos de libertad e igualdad. Para la igualdad tenemos el coeficiente de Gini: 0: perfecta igualdad: todos tienen los mismos ingresos. 1: completa desigualdad: una persona tiene todos los ingresos y las demás, ninguno. Supongamos una sociedad de pequeños propietarios agrícolas: todos tienen ingresos parecidos, pero no disponen de maquinaria y su escasa capacidad para tratar enfermedades hace que vivan de media 50 años. Contrapongámosla a una sociedad industrial: hay ricos y pobres, pero la sanidad pública universal ha puesto la esperanza de vida en 82 años. ¿Cuál de las dos ha progresado más? ¿En cuál preferiríamos vivir?

¿Y la libertad? Una vez alcanzada la democracia (y no digo «una democracia real» ni «una auténtica democracia», porque no admite apellidos) ¿se puede avanzar más? Dicho de otro modo: ¿un partido de izquierdas en una democracia occidental puede captar el apoyo de los votantes prometiéndoles mayor libertad? Yo creo que no, que esas personas que desean cambios a mejor, y estarían dispuestas a votar a quien los proponga, los desean en otros aspectos.

Para mí, el progreso supone la reducción del sufrimiento humano, en todos los aspectos: sanitario, económico y psicológico. Estos serían, por tanto, los indicadores de progreso que los partidos de izquierdas deberían recoger en sus programas, para mejorarlos:

– Indicadores directos (a mayor valor del indicador, mayor progreso):

  • Esperanza de vida al nacer (años)
  • Años de vida sin enfermedades incapacitantes (por ejemplo, alzheimer)
  • Renta per cápita
  • Porcentaje de hogares con electricidad
  • Porcentaje de hogares con agua corriente y saneamiento
  • Porcentaje de personas que ha leído un libro en el último año
  • Porcentaje de hogares con acceso a Internet
  • Ratio (población activa) / (población en edad de trabajar): este indicador mide la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. En países como Noruega es muy alto, pero bajo en otros como Japón, donde el porcentaje de mujeres que trabajan fuera de casa es reducido.
  • Porcentaje del PIB que se destina a ayuda al desarrollo
  • Participación media en elecciones nacionales

– Indicadores inversos (a menor valor del indicador, mayor progreso):

  • Mortalidad infantil
  • Porcentaje de desempleo
  • Porcentaje de población en situación de pobreza extrema (ingresa menos del 40% del ingreso medio)
  • Fraude fiscal (porcentaje del PIB que supone la economía sumergida o informal)
  • Porcentaje de alumnos que abandonan, por no poder pagarse los estudios, una enseñanza en la que hay demanda de profesionales formados
  • Posición del país en el índice de corrupción de Transparencia Internacional (los primeros países apenas tienen corrupción, mientras que los últimos están completamente podridos)
  • Balance de emisiones de CO2 por habitante (toneladas emitidas menos toneladas absorbidas)
  • Accidentes de tráfico por mil habitantes
  • Muertes violentas por mil habitantes
  • Suicidios por mil habitantes
  • Fracaso en la enseñanza primaria, secundaria, profesional y universitaria (porcentajes de alumnos que abandonan cada tramo de enseñanza sin obtener un grado)
  • Embarazos no deseados (ojo: no es lo mismo que abortos, ya que se puede seguir adelante con un embarazo no deseado, y al revés, decidir abortar si, en un embarazo deseado, sobrevienen malformaciones)

– Otros indicadores, que a mi entender no muestran el progreso de una sociedad:

  • Número de hijos por mujer
  • Edad de jubilación
  • Porcentaje del ingreso que se destina al ahorro
  • Inflación
  • Presión fiscal
  • Alfabetización (es de importancia relativa, porque hay mucha gente que, en teoría, sabe leer y escribir, pero en la práctica no lee nada)
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Los separatismos

La votación del 9-N se ha realizado en Cataluña, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Ahora hay que responder.

El Gobierno del PP ha iniciado los trámites para llevar ante la justicia los posibles delitos cometidos.

La oposición del PSOE insiste en su plan de una reforma federal de la Constitución. 

Otras voces reclaman que el Gobierno negocie con los separatistas, que declaran que lo único que están dispuestos a negociar es un referéndum legalmente válido.

Estudiemos las opciones:

A. Combatir el separatismo con la ley. Procesar a Artur Mas y a sus consejeros por desobediencia y malversación. Caso de ser declarados culpables, destituirlos e inhabilitarlos. Tener en cuenta la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña. Es una vía dura, de conflicto permanente. La tensión no desaparecerá, e incluso puede aumentar, pero los resultados son previsibles: Cataluña se mantendrá unida a España, dentro de la Unión Europea y del Euro, y España mantendrá su integridad, y podrá por ello hacer frente a sus compromisos internacionales. Recordemos que tiene una deuda pública de un billón de euros y deuda privada por un importe superior, y que de momento, en noviembre de 2014, puede pagarla con relativa comodidad, pues el riesgo país se percibe como bajo.

B. Emprender una reforma federal de la Constitución: a diferencia del primer camino, este se encuentra jalonado de incertidumbres. Primera: ¿aceptará el PP tal reforma? Seguramente, no. ¿Es por tanto políticamente productivo que el PSOE haga tal movimiento, sabiendo que será bloqueado enseguida? Segunda: caso de que se llegue a una reforma federal de la Constitución ¿todos los españoles la aprobarían mayoritariamente en referéndum? ¿Y los catalanes? ¿Y los vascos? ¿Qué pasa si en esas autonomías se rechaza? ¿No se convertiría este intento de mantenerlos dentro en una justificación para su salida? ¿Y qué harían los mercados ante cada convocatoria? Corremos el riesgo cierto de caminar hacia una situación bastante peor que la actual.

C. Negociar con los separatistas. ¿Qué se negocia? Dicen que solo negociarán un referéndum válido. De boquilla, como todas sus proclamas, pero no es que así creen un clima demasiado favorable. ¿Entonces? ¿Un concierto económico para Cataluña similar al vasco y al navarro? Qué bien, qué productivo es el chantaje. ¿Y así se quedarán tranquilos? Evidentemente, no. Con lo bien que les ha ido la estrategia de la reclamación constante ¿para qué van a abandonarla? Recordemos que la situación actual supone una ruptura del pacto constitucional: se cedió más poder que nunca a las Comunidades Autónomas con el fin de aplacar las reivindicaciones de los entonces nacionalismos. Hoy no solo no se han aplacado, sino que se han convertido en separatismos que no tienen ningún empacho en incumplir la propia ley que los sostiene.

Teniendo esto en cuenta, veo preferible la confrontación. Y bien que lo siento, porque este es un blog de soluciones. Pero hay problemas políticos que, mientras las partes mantengan sus posturas, no tienen solución, aunque sí un tratamiento óptimo.

Por tanto, no en defensa de la unidad de España, que como concepto abstracto me la trae al pairo, sino en defensa de los concretos intereses legítimos de la mayoría de los españoles (incluidos los catalanes, aunque no quieran aceptarlo), creo que deben tomarse las siguientes medidas.

1. Advertir a la Generalitat que no se negociará nada bilateralmente con ella y que se tomarán todas las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.

2. Suprimir la posibilidad de que el Estado o las Comunidades Autónomas controlen medios de comunicación (televisiones, radios, periódicos…), ya que son utilizados para manipular la opinión pública.

3. Abrir un proceso negociador con todas las Comunidades Autónomas, incluidas las de régimen foral, para un nuevo sistema de financiación justo y equitativo, basado en el número de habitantes (fiablemente actualizado cada año) y en los servicios que las autonomías prestan a esos habitantes. Las autonomías de régimen foral (que recaudan los impuestos) pagarán al Estado la diferencia entre lo que recauden y lo que deban recibir por el nuevo sistema (fin de los cupos vasco y navarro), mientras que las restantes autonomías recibirán el dinero directamente del Estado.

4. Publicar anualmente las balanzas fiscales (con el método carga-beneficio) y toda la información de ingresos fiscales (IVA, IRPF, especiales, tramos de contribuyentes por autonomía, etc.), con un retraso máximo de dos años (es decir, la información correspondiente al ejercicio 2012 se tendría que publicar, como muy tarde, en 2014).

5. Que el PSOE rompa de una vez con el PSC y cree en Cataluña una rama constitucionalista.

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Evitar que la tenaza se cierre

Actualmente Europa se encuentra casi cercada: Libia se encuentra en guerra civil; en Egipto, militares golpistas han tomado el poder y están cometiendo graves violaciones de derechos humanos; entre Israel y Palestina continúa el conflicto, aunque afortunadamente en octubre de 2014 las armas callan y se prepara la reconstrucción tras varios meses en que Israel ha tratado de aplastarla militarmente; Siria vive otra guerra civil, todavía peor, y un grupúsculo surgido allí, el Estado Islámico, se está apoderando de extensas zonas de Irak y cometiendo toda clase de atrocidades. Para rematar la faena, Rusia se ha apoderado de Crimea, parte del territorio de otro país, Ucrania, y actualmente tropas separatistas combaten en el Este contra fuerzas gubernamentales.

Por si esto fuera poco, en el corazón de Europa, Francia, el ultraderechista Frente Nacional podría tomar el poder, y en el Reino Unido, su homólogo, el UKIP, podría conseguir que en el venidero referéndum este país dejara la Unión Europea.

Todos estos fenómenos tienen un origen común: la desconfianza de los ciudadanos en que sus respectivos estados cumplan sus deberes de garantizarles seguridad física y estabilidad económica. En cada país, sin embargo, esa desconfianza se ha sembrado por caminos diferentes: en Libia, porque quienes derribaron a Gadafi no han conseguido formar un gobierno unitario; en Egipto, por el comportamiento sectario de los islamistas cuando llegaron al poder por las urnas y el represor de la junta militar cuando lo tomó por la fuerza; en Siria, por la brutal represión de al Assad y la posterior deriva islamista de los rebeldes; y así podríamos seguir.

Europa y EE.UU. deben hacer todo lo posible para que estas guerras se vayan calmando. La primera razón debería ser evitar más muerte y sufrimiento de los heridos y los desplazados. También existe el riesgo de que se desborde alguno de estos conflictos regionales. Pero además es que la economía mundial no puede funcionar ni medio bien con esta incertidumbre e inestabilidad. Los dirigentes políticos y sus diplomacias están desbordados. Cada conflicto tiene unas características propias, y estudiarlo suficientemente para tomar las decisiones adecuadas lleva mucho tiempo, del que apenas se dispone. Además, luego hay que acordar las medidas en los foros internacionales, y las soluciones se eternizan mientras los problemas se agravan.

Considero que el envío de tropas pacificadoras no es la solución. Eso, quizá cuando las partes en conflicto alcancen un acuerdo, para facilitar que se respete. Pero mientras, las potencias occidentales deben llevar a cabo, para cada país desgarrado, una política basada en un apoyo decidido a aquel grupo, o grupos, de los que luchan, que se comprometa (y evidentemente, demuestre cumplir) los siguientes principios:

  • Libertad de información (el término «libertad de prensa» ya está anticuado, pero el sentido es ese).
  • Elecciones libres.
  • Gobiernos inclusivos (que no gobiernen contra una parte sustancial de la población, mujeres incluidas, aunque esa parte sea minoritaria; en Irak la mayoría chií ha gobernado contra la minoría suní hasta que se ha rebelado).
  • Respeto a los derechos humanos (nada de detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, hostigamiento a los opositores, torturas o intimidación).
  • Respeto a las lenguas y culturas minoritarias.
  • Aparato judicial independiente del poder político.
  • Abolición de las leyes que permitan la ejecución o el encarcelamiento por motivos políticos.
  • Transparencia.
  • Abandono de prácticas corruptas.

Este apoyo se basaría en:

  • Reconocer a los grupos comprometidos como únicos interlocutores válidos para ese país.
  • Inversiones para un funcionamiento mínimo de las zonas que controla (hospitales de campaña, plantas potabilizadores, generadores eléctricos, escuelas, etc.).
  • Compromisos firmes para la reconstrucción y el relanzamiento económico del país una vez alcanzada la paz.
  • Zonas de exclusión aérea.
  • Inteligencia y entrenamiento militar.
  • Estorbo constante a las actividades de los grupos no comprometidos (embargos comerciales de sus zonas, imposibilidad para sus empresas de operar en Occidente, congelación de los bienes de los dirigentes…).

Todo esto es terriblemente complicado y, además, muy caro. Pero la alternativa (dejar que los conflictos se extiendan y agudicen hasta que nos sumerjan) lo es todavía más.

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Parar los asesinatos de mujeres

«Violencia de género», «violencia doméstica», «violencia contra las mujeres», «violencia machista», «violencia sexista»… Llámese como se quiera. Lo importante es que en España mueren más de cincuenta mujeres al año (61 en 2011, 52 en 2012, 54 en 2013…) a manos de sus parejas o exparejas, siempre hombres. Y el asesinato viene casi siempre después de un calvario de insultos, golpes y palizas.


A pesar de estas cifras terribles, España está muy por debajo de la media europea y mundial en estas muertes: si en España fallecen así 2,8 por millón de mujeres, en un país supuestamente civilizado como Austria son 9,4, y en Finlandia, 9,3 . En todo caso, más de cincuenta asesinadas al año son demasiadas. Sin olvidar que son decenas de miles las que sufren palizas y maltrato psicológico.

Se puede y se debe hacer algo en España. Hay que seguir fomentando las órdenes de alejamiento (a pesar de que no sean eficaces para alguna de las fallecidas, porque nunca presentó denuncia). Hay que abrir más casas de acogida en las poblaciones donde las existentes estén saturadas. Hay que fomentar la independencia económica (con formación pagada hasta que encuentre empleo) y psicológica de la mujer maltratada. Hay que castigar con la mayor severidad cualquier intento de su expareja de interferir en su nueva vida. Hay que facilitar a los maltratadores terapias de grupo u otras que se hayan demostrado eficaces, tanto para que dejen de acosar a su expareja como para evitar que reincidan en su comportamiento con sus nuevas parejas.

Pero todo esto no basta: también debe trabajarse en la prevención.

Según un reciente informe, que resume  el Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa, «Haber trabajado en la escuela contra la violencia de género reduce su riesgo. La prevención de la violencia de género debe desarrollarse en todas las etapas educativas, adaptando el tratamiento a cada edad. Debe iniciarse en la educación infantil sobre el valor de la igualdad, la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo a toda forma de violencia. Desde los 12-13 años, es necesario enseñar la incompatibilidad del amor con la violencia, erradicando los mitos que a dicha asociación contribuyen (como: ‘quien bien te quiere te hará llorar’ o ‘por amor hay que estar dispuesto a todo’) y volverlo a tratar a los 14-16 años, momento en que pueden aprender a detectar cómo son las primeras manifestaciones del abuso en la pareja y cómo evoluciona, así como las medidas para ayudar a otras parejas próximas que puedan encontrarse en dicha situación.«

La mayoría de las personas que vivieron violencia en su familia de origen (alrededor del 67%) no reproducen dicho problema en la familia que establecen como adultos (Kauffman, 1997) y difieren de los que sí lo hacen por cuatro características 

  1. Establecimiento de vínculos sociales no violentos que ayuden a desarrollar esquemas y expectativas sociales básicos alternativos a la violencia.
  2. Rechazo a toda forma de violencia.
  3. Compromiso explícito de no ejercerla.
  4. Adquisición de habilidades alternativas a la violencia que permitan afrontar el estrés y resolver los conflictos sociales con eficacia.

 


Reproduzco aquí este gráfico del estudio porque lo he encontrado especialmente interesante. Preguntan a un conjunto de chicas qué harían en el caso de sufrir maltrato por parte de sus parejas. De acuerdo con sus actitudes hacia esta situación, las chicas se dividen en tres grupos: las que presentan una buena protección frente a la violencia de género, las que presentan protección intermedia y las víctimas potenciales. Pues bien, cuanto más alta es la probabilidad de que la mujer tome medidas drásticas (presentar una denuncia o romper la relación), mayor es la protección frente a la violencia.

Y a la inversa, cuanto mayor es la probabilidad de que la mujer deje pasar el maltrato (pedirle que no lo vuelva a hacer: víctimas potenciales, 30,4; mujeres bien protegidas, solo 13,2, casi tres veces menos), más alta es la probabilidad de que pase de víctima potencial a real.

Es necesario enseñar qué comportamientos constituyen violencia de género a los chicos (para que no los practiquen) y a las chicas (para que no los toleren), y cuáles no constituyen violencia (por ejemplo, llevar la contraria).



CHICAS, NO HAY QUE PASARLES NI UNA


El estudio muestra también que el sustrato de la violencia de género es un conjunto de ideas erróneas sobre el amor, la pareja, las capacidades y deberes de la mujer. Por suerte, ese conjunto anida en un porcentaje pequeño de personas (alrededor del 15%), tanto hombres como mujeres. Es necesario desarraigarlas. Para ello, nada mejor que la exposición en clase de la idea errónea (‘quien bien te quiere te hará llorar’ , ‘por amor hay que estar dispuesto a todo’, ‘cuando encuentras a tu media naranja es para toda la vida’, ‘el hombre debe mostrar autoridad’) y su cuestionamiento público con razonamientos y datos sólidos hasta que los potenciales maltratadores y maltratadas se queden sin argumentos.


Díptico contra el maltrato del Ministerio de Sanidad

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Combatir la desigualdad

Podríamos definir la desigualdad como la diferencia entre los ingresos del 20% de los ciudadanos más ricos de un país y el 20% más pobre. En esta entrada trataré solamente la desigualdad dentro de un mismo país. Por supuesto, la desigualdad entre los países ricos y pobres es mucho mayor y mucho más grave, ya que por ella mueren millones de personas de hambre y enfermedades evitables. Pero las medidas necesarias para combatirla son muy diferentes.

En 2011 el 20% más rico de los españoles ganaba 7,5 veces más que el 20% más pobre. En cambio, en Noruega la diferencia es de solo 3,3 veces. Esto no parece necesariamente malo en sí. No parece intrínsecamente malo que haya ricos y pobres; lo intrínsecamente malo es que haya personas que no puedan satisfacer dignamente sus necesidades de comida, calor y vivienda.

Pero el problema es que dejar crecer la desigualdad empeora progresivamente la situación de la inmensa mayoría de la población y hace al país más vulnerable a las crisis económicas. Porque si los ingresos están repartidos de una forma más homogénea, hay más empleos (más gente tiene dinero para gastarlo en bienes y servicios diversos, que han de proporcionarse sirviéndose de otras personas), mejor pagados y el país es económicamente más estable. En cambio, la concentración de ingresos en un sector reducido de la población crea menos empleos (los empleos generados por cada unidad monetaria de más ingresada por los más ricos son muy inferiores a si esa unidad la ingresan los más pobres) y fomenta la economía especulativa, las burbujas y los reventones.

Por ejemplo, dice Paul Krugman: «Después de que estallase la crisis, el trasvase continuo de los ingresos de la clase media a una pequeña élite lastró la demanda de los consumidores, de manera que la desigualdad tiene que ver tanto con la crisis económica como con la debilidad de la recuperación posterior.»

Según el Fondo Monetario Internacional, la igualdad económica favorece el crecimiento de un país más que la baja corrupción, la baja deuda, el libre comercio o la inversión extranjera.

Un reciente metaestudio basado la comparación de más de 150 artículos científicos revela que los países con mayores desigualdades económicas tienen mayores problemas de salud mental y drogas, menores niveles de salud física, menor esperanza de vida, peores rendimientos académicos y mayores índices de embarazos juveniles no deseados.

Suscribo por tanto las siguientes propuestas del artículo Intervenir en el mercado publicado por Pedro Saura García en El País del 28 de enero de 2014:

  1. Apuesta decidida por unas relaciones económicas internacionales que eviten el dumping social, medioambiental y sanitario.
  2. Evitar la competencia a la baja de los impuestos entre países.
  3. Combatir los paraísos fiscales, idealmente hasta conseguir la total transparencia de las finanzas internacionales, tanto empresariales como personales.
  4. Educación que elimine cualquier tipo de segregación.
  5. Impuestos altos sobre sucesiones y grandes fortunas.
  6. Política económica que gravite sobre la incorporación de la innovación y el conocimiento.
  7. Políticas públicas que estimulen la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa.
  8. Mayor transparencia para que los accionistas y los trabajadores conozcan las razones que explican los emolumentos de sus ejecutivos y directivos.
  9. Negociación colectiva equilibrada entre trabajadores y empresarios que evite condiciones de trabajo y salarios indignos.
  10. Reforma del mercado de trabajo que permita un empleo más estable al principio de la vida laboral de los jóvenes.
  11. Incremento del salario mínimo acompasado al aprendizaje y a la productividad del trabajador.
  12. Regeneración de nuestras instituciones que elimine privilegios de todo tipo, posibilitando una verdadera competencia en los mercados de bienes y servicios.
  13. Igualdad en el acceso al crédito de todoslos empresarios.
  14. Que paguen impuestos los que no lo hacen.
  15. Asignación por méritos objetivos y contrastados de los puestos no políticos en los organismos que controlan el mercado y luchan contra el fraude (Agencia Tributaria, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc.) en vez de asignarlos por amiguismo, fidelidad o conveniencia política.

 

En todo caso, añado, la mejor forma de combatir la desigualdad es consiguiendo que el paro sea bajo (inferior al 5%) sin rebajar el salario mínimo. Esto se logra, por un lado, combatiendo eficazmente el fraude fiscal (cosa que produce mucho mejores resultados que freír a impuestos a los ricos) y pagando con el dinero recaudado una buena educación, una buena sanidad y unos buenos centros de cuidado de niños y mayores (todo ello genera muchísimos empleos). Y por otro lado, formando a los trabajadores en los conocimientos que el mercado requiere (esto ya lo he dicho varias veces en este blog, pero lo seguiré repitiendo hasta que suceda).

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La financiación de las Administraciones Públicas

Es necesario establecer unas reglas muy claras sobre la financiación de los tres niveles de la Administración Pública en España: Central, Autonómica y Local. Tiene que quedar transparente quién hace qué y con qué dinero. Las posibilidades son infinitas, pero conviene escoger métodos tan simples como sea posible y aplicarlos rigurosamente.

La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.

La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.

Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.

La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:

 Parte superior. Hay más ingresos, pero son bastante menos relevantes.

Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).

Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?

Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sinomás de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.

Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.

Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.

Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.

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La inmigración ilegal

Vaya por delante que lo ideal sería un mundo de países con un nivel de desarrollo parecido, en el que las fronteras pudieran estar abiertas y todas las personas moverse libremente e instalarse donde quisieran.

Seguidamente, hay que dejar bien claro que ningún ser humano es ilegal. Todas las personas tienen derecho a la vida, a conservar su integridad física y moral, a ser tratadas dignamente, y a la libertad dentro de la ley.

Dicho lo anterior, en este lamentablemente muy imperfecto mundo en que vivimos, los países ricos tienen leyes de inmigración muy severas que tratan de impedir que entre en ellos más gente de los países pobres de la que consideran que pueden absorber. Los que infringen estas leyes son llamados, a mi modo de ver correctamente, inmigrantes ilegales, si bien otros prefieren llamarlos «inmigrantes irregulares». Aunque el problema no es nominativo, sino de sufrimiento humano: para saltar las barreras puestas por los países ricos, estos inmigrantes recorren peligrosísimos trayectos, pasan hambre, sed, frío, o son robados, estafados, violados o asesinados. Muchos perecen en el camino. Incluso algunos que consiguen llegar son internados de forma indefinida en centros para extranjeros entrados ilegalmente, hasta que al fin son deportados a sus países de origen.

Esto es lo que se debe evitar.

Desde luego, la mejor forma de evitarlo sería eliminar los paraísos fiscales, donde las cleptocracias que dirigen (es un decir; mejor sería «esquilman») los países de origen atesoran las fortunas que les roban. Pero mientras esto llega, deben tomarse medidas urgentes:

  1. Una política de inmigración inteligente, tipo «green card» estadounidense: cada país rico evalúa sus necesidades de mano de obra extranjera y, a través de sus embajadas, acepta solicitudes de residencia temporal o permanente de trabajadores capaces de satisfacer esas necesidades. Posteriormente se sortean las plazas existentes entre las solicitudes ofrecidas.
  2. Para presentar esa solicitud sólo es necesario acreditar el conocimiento del idioma del país de destino, acreditar que se sabe hacer el trabajo en cuestión, carecer de antecedentes penales y tener las huellas digitales de todos los dedos en perfecto estado.
  3. Además hay que reforzar las fronteras con sistemas tipo SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de Gibraltar). Cuando se detecte cualquier embarcación con posibles inmigrantes ilegales, barcos de vigilancia deben abordarla e inspeccionarla. Caso de encontrar alguno, se hará volver a la embarcación a las costas de las que partió (para lo cual habría que suscribir convenios con esos países), se hará bajar a tierra a los ocupantes después de tomar las huellas a todos y cada uno y se confiscará la embarcación. Todo esto, por supuesto, sería muy caro, pero mantener a un lado la riqueza y al otro la pobreza exige un enorme esfuerzo (por eso lo ideal sería un mundo homogéneamente rico). Las fronteras terrestres deberían reforzarse con sistemas adecuados. Si el país en cuestión no los puede pagar (caso de Grecia, por ejemplo), los que pertenezcan a la misma área geográfica de circulación libre de personas deberían ayudarlo con lo que fuera necesario.
  4. Ninguna persona que haya intentado o conseguido emigrar ilegalmente a un país podrá nunca ser aceptado como inmigrante legal. Para cada afortunado en el sorteo del punto 1, se comprueba si sus huellas están en la base de datos de inmigrantes ilegales, y en ese caso, se rechaza su solicitud.
  5. Este sistema debería publicitarse ampliamente en los países de origen: que sus jóvenes tengan muy claro que si deciden respetar la ley, tienen una oportunidad, mientras que si deciden vulnerarla, jamás podrán alcanzar su sueño, y se dejarán inútilmente en el camino una cantidad inmensa de dinero. Hasta puede que la vida.
  6. En los países de destino, la vida tiene que ser imposible para quien no tenga los papeles en regla. No debe poder alquilar una casa, ni siquiera una habitación, ni abrir una cuenta bancaria, ni transferir dinero, ni trabajar, ni cobrar un sueldo, ni empadronarse. Para todas esas actividades se exigirá ser ciudadano del país o tener un permiso de residencia en vigor. Y además, en este último caso, se anotará la fecha en que termina su validez, y si no es renovado, lo realizado con ese permiso dejará de funcionar. Por ejemplo, un inmigrante legal con permiso de residencia hasta el 8 de febrero de 2015 abre una cuenta para cobrar su sueldo. El banco anota esta fecha en su base de datos. Pues bien, si no entrega al banco una copia de la renovación de su permiso, el 8 de febrero de 2015 esa cuenta queda automáticamente bloqueada. De la misma forma se tiene que multar enérgicamente a los que pretendan ayudar a alguien a sortear la ley (alquilando una habitación a un inmigrante irregular, por ejemplo), incluso, si tienen un permiso de residencia en vigor, con la pérdida de éste.
  7. Los controles de identidad en la boca del metro, o en las zonas donde los inmigrantes van a divertirse, apestan a racismo. Creo mucho más eficaz controlar las viviendas (¿por qué consume agua una vivienda donde no hay nadie empadronado?), los puntos de envío de dinero (¿cómo puede Andreas transferir mensualmente el doble de su sueldo? ¿No estará ayudando a alguien?) y los centros de trabajo (lo que vendría muy bien no solo para combatir la inmigración ilegal, sino también los abusos contra los autóctonos).
  8. Deben acabarse los permisos por arraigo, Los aspirantes a emigrar a un país rico deben tener muy claro que la única forma de llegar a ser residente legal es respetar la ley desde el principio. No conozco ninguna ley que, si la incumples el tiempo suficiente, dejas de tener que cumplirla.
  9. Los centros de residencia (que no internamiento) de posibles inmigrantes ilegales no deben estar en el país rico que los haya detenido, sino en el país pobre más cercano que los acepte (a cambio de dinero, claro) y deben ser abiertos: quien quiera se puede marchar de ellos, pero no podrá volver a entrar. Por ejemplo, si se halla que una persona reside ilegalmente en, digamos, Francia, se la traslada inmediatamente al centro de, digamos, Burkina Faso, aunque presumiblemente su nacionalidad de origen sea nigeriana. Allí, si acepta declarar su nacionalidad real, será deportado a su país. Si se niega, tendrá la opción de quedarse allí para siempre o marcharse por la puerta a una realidad todavía peor que aquella de la que huyó. No deberían hacerse excepciones ni con mujeres embarazadas ni con menores, que deberían ser siempre devueltos a sus países de origen y reintegrados a sus familias o, si se niegan a identificarlas, internados en orfanatos de sus países.

Sí, ya sé, para llevar a cabo todo esto hay que tener muy poco corazón. Pero el sistema que tenemos ahora mata. Mata a centenares de personas al año. Si a alguien se le ocurre un sistema mejor, por favor, que deje su comentario.

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Los grupos de interés

Se habla mucho de la influencia negativa de los «lobbies» (RAE: Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses), pero establecer qué es un lobby y qué no resulta difícil. Por ejemplo, UNESA (la patronal eléctrica) ¿es un lobby? Muchos dirían que sí, pues defiende los intereses de un grupo empresarial específico. ¿Y el sindicato UGT? La respuesta parecería en principio negativa, pues defiende los intereses de personas. Pero detrás de las empresas también hay personas (sus trabajadores y accionistas). Y tan legítimo puede ser que un sindicato defienda un aumento del salario mínimo como que la patronal eléctrica defienda un aumento de la tarifa.

No debería, pues, obstaculizarse ni condenarse que cualquier grupo defienda sus intereses dentro de la ley. Igual derecho tienen a exponer sus posturas los proabortistas que los antiabortistas; los homosexuales que los obispos; los consumidores que las empresas. Pero para que el juego de intereses se desarrolle limpiamente, son necesarias unas mínimas reglas:

  • Cualquier grupo de interés que pretenda influir en la legislación debe obligatoriamente inscribirse en un registro público como partido político, sindicato o asociación.
  • Será condición necesaria para inscribirse tener página web donde consten detalladamente los fines del grupo, las principales personas que lo dirigen y cómo se financia; en el caso de que lo financien empresas, la lista de empresas patrocinadoras.
  • Cuando una persona perteneciente a estos grupos, o por encargo de uno de ellos se exprese en un medio de comunicación (radio, periódico), así debe constar.
  • Estos grupos no pueden pagar sobresueldos para favorecer sus posturas, ni hacer regalos, ni otorgar privilegios de ningún tipo, ni prometer cargos o ventajas, a personas que trabajen en medios de comunicación.
  • Tampoco pueden pagar sobresueldos para favorecer sus posturas, ni hacer regalos, ni otorgar privilegios de ningún tipo, ni prometer cargos o ventajas, a legisladores, miembros de partidos políticos o personas encargadas de elaborar o aplicar normativa.
  • Estos grupos deben poder acceder a los legisladores, pero solamente para suministrarles información (estudios, informes, etc.). Necesariamente se la suministrarán en formato electrónico, y de forma inmediata, el legislador que la haya recibido, como parte del proceso legislativo, la hará pública, indicando el grupo que la ha proporcionado.

Con la información proporcionada por las diversas partes y su propio conocimiento, el legislador deberá decidir la postura que mejor concilie los intereses de sus votantes. Iba a escribir «con el interés general» pero ¿qué es el interés general? ¿El bien común? ¿El mayor bien para el mayor número de personas? ¿Es posible definir inequívocamente eso en una situación concreta? Desde luego el dirigente debe serlo de todos, tanto de quienes lo han votado como del resto, pero creo que pedir eso al legislador es demasiado. Me conformo con que evalúe correctamente los intereses de sus votantes y los defienda eficazmente.

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Romper el PSOE

Es necesario que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) rompa con el Partit des Socialistes de Catalunya (PSC) tras el voto de este último en el Congreso de los Diputados el martes 26 de febrero de 2013 a favor del «derecho a decidir» de Cataluña, cuando la dirección del PSOE había pedido el voto en contra.

La primera razón es que el denominado «derecho a decidir» es un engaño. Lo que pretenden ocultar con esas palabras es «queremos que una Comunidad Autónoma tenga derecho a celebrar un referéndum en el que sus ciudadanos voten sobre si seguir en España o constituirse como Estado independiente». Para abreviar: «queremos que la Constitución Española reconozca el derecho a la secesión de una Autonomía».

La segunda razón es que ahora mismo ese derecho no existe. Ahora existe, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, pero no existe, por ejemplo, el derecho a que a uno le regalen una bicicleta. Antes no existía el derecho a que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio. Ahora, sí. Solo son derechos las posibilidades reconocidas por la ley. Ahora mismo la Constitución Española no reconoce el derecho de secesión, y el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que ni siquiera puede convocar unilateralmente un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre la cuestión, aunque fuera de carácter consultivo.

La tercera razón, que deriva de las dos anteriores, es que se está estafando a los ciudadanos. Todos los esfuerzos que pretenden hacer los políticos soberanistas parecen encaminados a convocar el referéndum, y los del Gobierno central, a impedirlo. Caso de que se convoque, será paralizado, como ocurrió en el caso vasco. Lo que tendrían que hacer los soberanistas es iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución según el artículo 168. Su actitud se parece a la del borracho que busca sus llaves a la luz de una farola. Se acerca un transeúnte y pregunta «¿Le ayudo?» «Sí, gracias» Buscan un rato y las llaves no aparecen. Entonces dice el transeúnte «Oiga ¿está seguro de que se le han caído por aquí?» «No, se me han caído allá, pero está demasiado oscuro».

¿Que dicen que un proceso no tendría futuro porque los principales partidos se opondrían? Lo primero que habría que preguntarles es: si creen tener razón ¿por qué piensan que no podrían convencerlos? Y lo segundo: bueno, si en las condiciones actuales el proceso que han iniciado no puede llegar a buen término ¿por qué demonios nos hacen gastar a los ciudadanos toda esta energía política que podría usarse en las reformas que realmente necesitamos?

Como resulta evidente que no se puede conseguir el objetivo que pregonan, solo se puede pensar que lo hacen como maniobra de distracción: para evitar perder votos por los recortes que tengo que hacer, digo que son culpa de Madrid y pido la independencia. No la voy a conseguir, pero mi poder personal y mi capacidad de mangoneo, que es lo que realmente me interesa, los conservo. Y el PSC, después de haber denunciado esa cortina de humo, echa más leña (húmeda) al fuego.

Los electores socialistas del resto de España no aceptan tales trapacerías (ni tampoco muchos de Cataluña). El PSOE obtendría un resultado nacional mejor si actuara en Cataluña con su propio nombre y políticos leales, cortando amarras con el PSC y dejándolos actuar a su aire (nunca mejor dicho, porque son unos aventados).

No se trata de la unidad de España (otra entelequia), que a la inmensa mayoría de la gente se la trae al pairo; se trata de respetar los acuerdos válidos y no permitir que nadie se los salte hasta que sean sustituidos por otros acuerdos también válidos. Si en una cuestión no es posible llegar a un nuevo acuerdo, qué le vamos a hacer: tendrá que permanecer el antiguo. Porque tan perfectamente legítimo es querer que la Constitución cambie para permitir el derecho de secesión como no querer que se modifique para poner un instrumento de chantaje en manos de políticos sin escrúpulos. Los diversos escándalos que han sacudido a Cataluña (caso Palau, caso Pallerols, caso de los espías de Método 3, caso de los millones del padre de Artur Mas en Suiza…) tendrían que haber hecho pensar a la ciudadanía catalana que «con éstos, ni al bar de la esquina». No ha sido así, y es una lástima, pero al resto de los ciudadanos todavía no han conseguido engañarnos.

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Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
diciembre 2019
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