Impuestos

Para que funcione el impuesto sobre el patrimonio

De acuerdo con Ignacio Fariza, los posibles mecanismos de elusión del impuesto sobre el patrimonio serían los siguientes:Participaciones en compañías cotizadas: cuando el patrimonio empresarial supera el 5% de las acciones de una compañía cotizada en bolsa, su propietario está exento del pago del impuesto sobre el patrimonio. Igual sucede para los patrimonios familiares que superan el 20% de las acciones de la empresa.
Habría que ver los motivos de estas excepciones. Posiblemente se trate de estimular la salida a bolsa de empresas familiares. Si un empresario posee una firma no cotizada, su valor es incierto, y ante Hacienda le podrá poner casi el que quiera. Si, por el contrario, la saca a bolsa, quedará automáticamente valorada en cada momento.
En todo caso, es absurdo e injusto que si una persona posee el 4% de una compañía cotizada pague el impuesto y que no lo pague si posee el 6%. Habría que eliminar esta exención (por supuesto, también la del patrimonio familiar, que no tiene sentido en un impuesto personal) y sustituirla por un tipo bajo (por ejemplo, el 0,1% del valor el último día de cotización del año). Para las empresas no cotizadas, ese tipo sería del doble, a fin de seguir estimulando su salida a bolsa.
Autonomías sin el impuesto: País Vasco y Navarra no tienen este impuesto en sus leyes forales. Se podría superar este inconveniente con un impuesto sobre el patrimonio que tuviera un tramo estatal invariable y otro autonómico variable.
Agrupación de inmuebles: se crea una sociedad gestora de inmuebles y se le traspasa la propiedad. Este mecanismo no se emplea solo con los inmuebles, sino también con coches, yates, etc. Para desactivarlo hay varias posibilidades. La primera es que las empresas a cuyo nombre consten este tipo de bienes, y no tengan empleados exclusivos por los que estén pagando cotizaciones a la Seguridad Social, paguen por dichos bienes un tipo del doble que si los poseyera un particular.La segunda posibilidad es convertir en trasparentes estas sociedades y asignar sus propiedades a sus partícipes. Por ejemplo, si TRAMPASA posee 3 inmuebles valorados conjuntamente en 2 millones de euros, y está participada al 50% por Ramiro y Agustina, se anota 1 millón en el patrimonio de Ramiro y otro en el de Agustina. Esto Hacienda ya advierte que hay que hacerlo, pero yo temo que no disponga de los datos y programas informáticos para controlarlo. Debería tenerlos. Con los SICAV se debería hacer exactamente lo mismo.

Una dificultad que se plantea aquí reside en las empresas cuyos partícipes son sociedades extranjeras radicadas en países que no informan de las personas físicas que puedan estar detrás. Los bienes españoles de estas empresas deberían gravarse con un tipo que triplicaría el de las personas físicas. Las trapacerías hay que penalizarlas.

Autofijación de sueldos bajos: la legislación establece que la cuota a pagar por IRPF y Patrimonio nunca podrá superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, quienes reciben un sueldo de las empresas que poseen se lo fijan bajo para no pagar apenas Patrimonio. Bastaría con eliminar este límite.

El patrimonio histórico, exento de pago: los bienes calificados como patrimonio histórico no se computan a efectos de la suma de patrimonio por la que se pagará el impuesto. Por eso las grandes fortunas tienen un fuerte incentivo para invertir en ese tipo de bienes. Si tienen dos millones en el banco, pagarán Patrimonio por ellos, pero si se los gastan en un cuadro de Goya, no, y encima se revalorizará más. Dado que el valor del patrimonio histórico es, muchas veces, incalculable, y que de esta forma se protege, es la única exención que encuentro justificada y que yo creo que debería mantenerse.

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Propuestas fiscales

Propuestas de ICV el 13 de junio de 2011, que suscribo completamente:

  • Actuar contra las 699 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar.
  • Gravamen especial para los movimientos de fondos con paraísos fiscales
  • Negativa a reconocer la personalidad jurídica de las empresas radicadas en esos territorios.
  • Recuperar el impuesto sobre el patrimonio.
  • Fijar un tipo del 35% en el impuesto de sociedades para empresas que ganen más de cien millones de euros.
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Cómo atajar el fraude fiscal

Transcribo párrafos del ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN LA AGENCIA TRIBUTARIA del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Hasta 10 diferentes estudios y evaluaciones de instituciones nacionales e
internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al
23% del PIB [el último estudio nacional, de FUNCAS, la cifra en el 23,7% del PIB], pese a que el Ministerio de Hacienda y la AEAT aún no disponen de una evaluación oficial propia. 

Esto supone que más de 240.000 millones de € escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones de € por año. Una reducción parcial en 10 puntos del fraude, del 23% al 13% del PIB, nivel medio que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.000 millones de € (más de 6 billones de las antiguas pesetas), 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo ingresado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude.

El dinero que escapa al fisco proviene, por un lado, de actividades legales que se infradeclaran (talleres, autónomos, agricultores) y por otro de actividades directamente ilegales (narcotráfico, prostitución, facturas falsas, tramas de IVA y paraísos fiscales).

El aumento de la recaudación tributaria se ha apoyado en la recaudación en vía voluntaria de los ciudadanos y empresas, no en el aumento de las actuaciones de comprobación e investigación.

Los empresarios en estimación objetiva (módulos) declaran casi los mismos rendimientos por sus actividades económicas en 2007 que en 1992, cuando comenzaron a tributar por este régimen. Algunos sectores (transportistas, taxis) incluso declaran menos. La situación todavía es más deprimente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues las cuotas a ingresar por estos empresarios se ha reducido desde la aparición del régimen simplificado de IVA en cerca de un 30%. ¿Por qué no se actualizan las cuantías de los módulos, por lo menos en función del IPC?

Además, este tipo de empresas en régimen de módulos son el ámbito idóneo para
generar facturas falsas para otros empresarios que tributen en estimación directa de
IRPF o régimen general de IVA, para el empresario emisor de la factura no supone
más ingreso, mientras que para el receptor supone un gasto en IRPF o una cuota
deducible en IVA. Asimismo, muchos de los proveedores de los empresarios en
módulos que tributan en recargo de equivalencia venden sin factura porque a estos
últimos les resulta indiferente al no poder deducirse sus compras como gastos.

El control de 40.571 grandes empresas que facturan más de 6,01 millones de €,
está encomendado a tan sólo 95 funcionarios. Esta es una de las conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas, de 17 de Julio de 2008, que fiscaliza la actuación de
las unidades de gestión de grandes empresas de la AEAT para los años 2004 y 2005.
El informe revela errores pendientes de resolver en la «gran mayoría» de las
declaraciones informativas de las grandes empresas, sin que se hayan establecido
«medidas correctoras» adecuadas para prevenirlos. En el 37% de declaraciones
erróneas de 2004 y en el 42% de 2005, no se remitió ningún aviso a las empresas.
Asimismo, en el análisis de las declaraciones periódicas del IVA y de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF se observa un «porcentaje significativo» de declaraciones
sin actuaciones de comprobación durante un plazo superior a 6 meses, encontrándose
caducados en un «número reducido de casos» los procedimientos iniciados.

Como consecuencia de la falta de un número suficiente de funcionarios
habilitados para la práctica de inspecciones, otras 57.700 empresas, con una cifra de
negocios entre 1,8 millones de euros y 6 millones de euros, no pueden ser
comprobadas ni investigadas.

Existen en España 17 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos. Ante esta situación surge un claro interrogante ¿Cómo puede hacerse un control adecuado de todo ello con tan sólo 1.600 inspectores (de los cuales casi un 50% son cargos directivos y no hacen gestión directa) y permitirse
tener un 90% de los más de 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos sin funciones
legalmente definidas?

Por otra parte, ante la escasez de medios personales y su deficiente organización,
la comprobación de impuestos se ha orientado hacia el control preferente del 20% de
mayores empresas del país, que ingresan el 70% de la recaudación total. Esta
mentalidad Paretiana en la lucha contra el fraude implica abandonar, en la práctica,
el control sobre cientos de miles de contribuyentes, y empresas a quienes se envía un
mensaje de laxitud y falta de vigilancia.

La AEAT presenta unos ratios de personal muy bajos para afrontar la lucha contra
el fraude fiscal, 1 funcionario por cada 1.680 contribuyentes contra 1 por cada 200 en
los países avanzados de la UE.

La plantilla de la AEAT apenas ha crecido desde 1992 un exiguo 3%, entretanto el PIB ha crecido
un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado en un 123%, con un
espectacular incremento del número de asalariados, empresas, profesionales y sus
cifras de negocio, lo que hace imposible un adecuado control del fraude.


Un análisis del gasto público en los países de la OCDE,
The disappearing state?, editado por Francis G. Castles muestra como el Estado español es el que menos gasta (0,06 PIB) en recoger los impuestos, 5 veces menos que Suecia (0,32 PIB).

Por si todo esto fuera poco, que la AEAT detecte un fraude no quiere decir que lo cobre: el porcentaje de dinero realmente ingresado frente al que se debería haber pagado no supera el 20%, y la deuda pendiente va aumentando año tras año. Parte de ella prescribe, es recurrida o es negada por los tribunales debido a defectos de tramitación.
Antes de documentarme para esta entrada yo pensaba proponer un sencillo sistema de detección del fraude: el consumo eléctrico: se obtienen de las compañías eléctricas los consumos anuales de cada contribuyente (recordemos: para que te den servicio eléctrico hay que proporcionarles un CIF o NIF). Hacienda compara la electricidad consumida por cada uno con los ingresos o beneficios declarados. A aquéllos cuyo consumo y cuya relación consumo/declaración sea muy alta, se les inspecciona.
Pero eso no resolvería en absoluto el problema. Desde luego es necesario al menos doblar la plantilla de la AEAT, aunque eso no bastaría: es necesario que empresas y autónomos estén sometidos, para sus pagos y cobros, a un sistema de toma absoluta de datos, como lo están los asalariados. Me explico: ahora mismo una empresa paga una nómina a un trabajador. Hacienda sabe cuánto le paga y en qué condiciones. A comienzos del año ya conoce si a ese trabajador hay que devolverle o debe pagar en la declaración del IRPF del año anterior.
Pues bien, es necesario que todos los pagos y cobros de una empresa se hagan a través de un sistema parecido, y cualquier otro pago o cobro sea ilegal y esté penado. Esto se deduce, por ejemplo, en que el director de una empresa tiene una mañana, en la pantalla de su ordenador (para los más pequeños empresarios o agricultores, su smartphone), tres peticiones de pago de otras empresas por servicios que le han prestado (materiales, consumo de gas, limpieza…). En su ordenador, con su clave, acepta estas peticiones y el dinero se transfiere de su empresa a las otras, tomando nota Hacienda. De la misma forma hallará que otras dos firmas le han transferido sumas por los servicios que su empresa ha prestado. Todo automático. Nada de facturas en papel. Nada de módulos. Nada de estimaciones objetivas. Y todos los programas informáticos gratuitos, proporcionados por Hacienda, flexibles y adaptables a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de situación. Esto no es una utopía. Se puede hacer. Ni siquiera resulta especialmente difícil. Ahora bien ¿se quiere hacer?
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Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
diciembre 2019
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