Impuestos
Propuestas fiscales de Izquierda Unida para las elecciones del 20/11/2011
- Establecer dos nuevos tramos del IRPF: para los que cobren entre 60.000 y 120.000 euros de base liquidable al año, el tipo subiría del 43% al 45%, y para los que perciban rentas superiores a 120.000 euros, el impuesto pasaría del 44% o 45% al 50%
- Nuevo impuesto a las grandes fortunas.
- Aumentar el IVA sobre productos de lujo del 18% al 25%. Sin embargo, como tal subida debe visarla la Unión Europea, se daría vida transitoriamente a un impuesto especial sobre bienes y servicios suntuarios.
- Limitar los salarios máximos en la empresa privada: que los sueldos superiores a 90.000 euros no sean gastos deducibles fiscalmente. También que se grave con un impuesto del 50% los bonus y primas que cobran los altos directivos hasta que el nivel de paro vuelva a los niveles previos a la crisis, en torno al 8%.
- SICAV: que su tributación salte del 1% al 5% y que cada accionista pueda poseer como máximo un 2% del capital.
- Plan de lucha contra el dinero negro, que saque a flote, en cuatro años, 40.000 millones y otros 16.000 millones en cotizaciones. La medida se completaría con el combate a la evasión al fisco y el aumento de medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria.
- Impuesto especial sobre los movimientos de capitales desde o hacia paraísos fiscales, obligar a las empresas a informar a Hacienda de las operaciones de sus filiales en estos territorios y agravar las penas para los que cometan fraude utilizando empresas domiciliadas en países opacos.
- Subir del 30% al 35% el gravamen en Impuesto de Sociedades a las grandes empresas con beneficios por encima de 30 millones y revisar las bonificaciones y exenciones fiscales –las desgravaciones que una firma logra por financiar “la Copa del América o la Jornada Mundial de la Juventud”, por ejemplo. Asimismo, se propone limitar a los tres primeros años de actividad de las pymes su sistema de declaración por módulos.
- La semana pasada, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lanzó la propuesta de creación de un impuesto a las transacciones entre bancos a partir de 2014. La tasa para las operaciones más especulativas sería del 0,01%. IU quiere el gravamen en vigor en 2013 y que sea del 0,05%.
- También exige la supresión de los billetes de 500 euros y reducir de 3.000 a 1.000 euros la cantidad que se puede pagar en efectivo sin comunicárselo a Hacienda.
Para que funcione el impuesto sobre el patrimonio
Una dificultad que se plantea aquí reside en las empresas cuyos partícipes son sociedades extranjeras radicadas en países que no informan de las personas físicas que puedan estar detrás. Los bienes españoles de estas empresas deberían gravarse con un tipo que triplicaría el de las personas físicas. Las trapacerías hay que penalizarlas.
Autofijación de sueldos bajos: la legislación establece que la cuota a pagar por IRPF y Patrimonio nunca podrá superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, quienes reciben un sueldo de las empresas que poseen se lo fijan bajo para no pagar apenas Patrimonio. Bastaría con eliminar este límite.
El patrimonio histórico, exento de pago: los bienes calificados como patrimonio histórico no se computan a efectos de la suma de patrimonio por la que se pagará el impuesto. Por eso las grandes fortunas tienen un fuerte incentivo para invertir en ese tipo de bienes. Si tienen dos millones en el banco, pagarán Patrimonio por ellos, pero si se los gastan en un cuadro de Goya, no, y encima se revalorizará más. Dado que el valor del patrimonio histórico es, muchas veces, incalculable, y que de esta forma se protege, es la única exención que encuentro justificada y que yo creo que debería mantenerse.
Propuestas fiscales
Propuestas de ICV el 13 de junio de 2011, que suscribo completamente:
- Actuar contra las 699 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar.
- Gravamen especial para los movimientos de fondos con paraísos fiscales
- Negativa a reconocer la personalidad jurídica de las empresas radicadas en esos territorios.
- Recuperar el impuesto sobre el patrimonio.
- Fijar un tipo del 35% en el impuesto de sociedades para empresas que ganen más de cien millones de euros.
Cómo atajar el fraude fiscal
Transcribo párrafos del ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN LA AGENCIA TRIBUTARIA del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Hasta 10 diferentes estudios y evaluaciones de instituciones nacionales e
internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al
23% del PIB [el último estudio nacional, de FUNCAS, la cifra en el 23,7% del PIB], pese a que el Ministerio de Hacienda y la AEAT aún no disponen de una evaluación oficial propia.
Esto supone que más de 240.000 millones de € escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones de € por año. Una reducción parcial en 10 puntos del fraude, del 23% al 13% del PIB, nivel medio que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.000 millones de € (más de 6 billones de las antiguas pesetas), 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo ingresado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude.
El dinero que escapa al fisco proviene, por un lado, de actividades legales que se infradeclaran (talleres, autónomos, agricultores) y por otro de actividades directamente ilegales (narcotráfico, prostitución, facturas falsas, tramas de IVA y paraísos fiscales).
El aumento de la recaudación tributaria se ha apoyado en la recaudación en vía voluntaria de los ciudadanos y empresas, no en el aumento de las actuaciones de comprobación e investigación.
Los empresarios en estimación objetiva (módulos) declaran casi los mismos rendimientos por sus actividades económicas en 2007 que en 1992, cuando comenzaron a tributar por este régimen. Algunos sectores (transportistas, taxis) incluso declaran menos. La situación todavía es más deprimente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues las cuotas a ingresar por estos empresarios se ha reducido desde la aparición del régimen simplificado de IVA en cerca de un 30%. ¿Por qué no se actualizan las cuantías de los módulos, por lo menos en función del IPC?
Además, este tipo de empresas en régimen de módulos son el ámbito idóneo para
generar facturas falsas para otros empresarios que tributen en estimación directa de
IRPF o régimen general de IVA, para el empresario emisor de la factura no supone
más ingreso, mientras que para el receptor supone un gasto en IRPF o una cuota
deducible en IVA. Asimismo, muchos de los proveedores de los empresarios en
módulos que tributan en recargo de equivalencia venden sin factura porque a estos
últimos les resulta indiferente al no poder deducirse sus compras como gastos.
El control de 40.571 grandes empresas que facturan más de 6,01 millones de €,
está encomendado a tan sólo 95 funcionarios. Esta es una de las conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas, de 17 de Julio de 2008, que fiscaliza la actuación de
las unidades de gestión de grandes empresas de la AEAT para los años 2004 y 2005.
El informe revela errores pendientes de resolver en la «gran mayoría» de las
declaraciones informativas de las grandes empresas, sin que se hayan establecido
«medidas correctoras» adecuadas para prevenirlos. En el 37% de declaraciones
erróneas de 2004 y en el 42% de 2005, no se remitió ningún aviso a las empresas.
Asimismo, en el análisis de las declaraciones periódicas del IVA y de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF se observa un «porcentaje significativo» de declaraciones
sin actuaciones de comprobación durante un plazo superior a 6 meses, encontrándose
caducados en un «número reducido de casos» los procedimientos iniciados.
Como consecuencia de la falta de un número suficiente de funcionarios
habilitados para la práctica de inspecciones, otras 57.700 empresas, con una cifra de
negocios entre 1,8 millones de euros y 6 millones de euros, no pueden ser
comprobadas ni investigadas.
Existen en España 17 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos. Ante esta situación surge un claro interrogante ¿Cómo puede hacerse un control adecuado de todo ello con tan sólo 1.600 inspectores (de los cuales casi un 50% son cargos directivos y no hacen gestión directa) y permitirse
tener un 90% de los más de 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos sin funciones
legalmente definidas?
Por otra parte, ante la escasez de medios personales y su deficiente organización,
la comprobación de impuestos se ha orientado hacia el control preferente del 20% de
mayores empresas del país, que ingresan el 70% de la recaudación total. Esta
mentalidad Paretiana en la lucha contra el fraude implica abandonar, en la práctica,
el control sobre cientos de miles de contribuyentes, y empresas a quienes se envía un
mensaje de laxitud y falta de vigilancia.
La AEAT presenta unos ratios de personal muy bajos para afrontar la lucha contra
el fraude fiscal, 1 funcionario por cada 1.680 contribuyentes contra 1 por cada 200 en
los países avanzados de la UE.
La plantilla de la AEAT apenas ha crecido desde 1992 un exiguo 3%, entretanto el PIB ha crecido
un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado en un 123%, con un
espectacular incremento del número de asalariados, empresas, profesionales y sus
cifras de negocio, lo que hace imposible un adecuado control del fraude.
Un análisis del gasto público en los países de la OCDE, The disappearing state?, editado por Francis G. Castles muestra como el Estado español es el que menos gasta (0,06 PIB) en recoger los impuestos, 5 veces menos que Suecia (0,32 PIB).
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