General

Para favorecer la creación de empresas

Artículo de Francisco Bas en Cinco Días el 19/10/2011

Medidas para que la promoción de emprendedores innovadores catalice la recuperación económica en Europa:

– Reorganizar los recursos disponibles y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la creación de empresas tanto a nivel estatal como autonómico, eliminando duplicidades y consolidando canales únicos para la interlocución con los emprendedores.

– Impulsar el estatuto de la joven empresa innovadora, estableciendo incentivos fiscales y financieros que hagan atractiva la inversión en empresas de base tecnológica para los llamados business angels, que son los que invierten en la fase más temprana de la creación de empresas.

– Potenciar el aumento de tamaño de la pyme española facilitando las fusiones/adquisiciones entre pequeñas y medianas empresas innovadoras. Con la creación de fondos mixtos público-privados se puede facilitar la creación de grupos empresariales con capacidad financiera para innovar, internacionalizarse y competir globalmente.

– Potenciar la compra pública innovadora a través de un programa de demanda pública temprana de tecnología que incentive a las empresas a desarrollar soluciones tecnológicas para cubrir las necesidades futuras del sector público.

– Fomentar la carrera del investigador-emprendedor-empresario dentro de la carrera profesional de los investigadores públicos, facilitando la participación activa de profesionales externos dentro de la universidad.

– Fomentar las fusiones frías entre universidades, potenciando su participación directa en el capital de las empresas que surjan de la actividad de sus investigadores, como vía de financiación complementaria para las nuevas redes de universidades.

– Fomentar una cultura del riesgo en las nuevas generaciones incluyendo asignaturas de emprendimiento desde el colegio hasta los nuevos grados adaptados a Bolonia, así como prestigiar socialmente la figura de los emprendedores innovadores apoyando la producción y emisión de contenidos digitales con ejemplos reales que permitan al ciudadano aprender a emprender a través de la experiencia de otros.

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Público y privado

Las múltiples ideologías que en el mundo han sido se han extendido largamente sobre los bienes y servicios que debe proporcionar el Estado y los que debe proporcionar el mercado. La siguiente lista es un destilado de los conocimientos que he ido acumulando sobre el funcionamiento de los diversos sistemas que se han ido ensayando. 

Como principio general, el absolutamente necesario Estado (el mercado, dejado solo, se autodestruye, lo hemos visto repetidamente) debe actuar de árbitro entre los diversos actores de la sociedad, para que se llegue a unas reglas de juego equilibradas. También debe ocuparse de que esas reglas se cumplan y de castigar a los infractores. Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores.

Imagen de una caseta de la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Madrid en octubre de 2011.
Los libros serán de alrededor de 1970.

La justicia y la defensa deben ser públicas siempre. Los intentos de que empresas privadas proporcionen servicios bélicos se saldan en vergüenzas como el caso Blackwater.

La seguridad debe ser pública. Es injusto y contraproducente que los que puedan pagar seguridad privada contraten guardas jurados. Debe haber suficiente policía pública, en todas las labores, desde vigilancia de edificios y escolta de personas amenazadas hasta investigación de delitos, para proporcionar seguridad a los ciudadanos. De lo contrario, la clase alta se protege a sí misma con vigilantes privados y deja al resto de la sociedad desprotegida.

La educación debe ser pública. Los sistemas de educación privada dan como resultado que una gran parte de la población no puede pagarse los estudios superiores (caso de EE.UU.) o que las clases medias tienen que hipotecarse de por vida para dar estudios a sus hijos, o una segregación de las clases bajas en la enseñanza media, como sucede en España. Los países que mejor puntúan en el informe PISA, como Finlandia, lo hacen debido a sus buenos sistemas públicos de enseñanza. Esto no quiere decir que la educación privada se deba prohibir, en absoluto, pero el Estado no debe financiarla, ni total ni parcialmente, y los alumnos de la enseñanza privada, para lograr sus títulos (universitarios o de enseñanza media) deben ver sus conocimientos examinados en centros públicos por profesores de la enseñanza pública.

La sanidad debe ser pública. Prácticamente todos los países desarrollados la tienen pública. La única excepción es EE.UU. Los terribles resultados de esa elección pueden verse en la película Sicko (Malucho) de Michael Moore: personas obligadas a elegir qué dedo se amputan porque no pueden pagarse el tratamiento de los dos; personas que toda su vida han pagado un seguro médico privado y al final mueren sin cuidados porque no cubría el padecimiento que han tenido la mala suerte de contraer… Tampoco funcionan los sistemas de gestión privada de hospitales: se acaba pagando mucho más por cama que con un sistema público.

Las residencias de ancianos y las guarderías deben ser públicas. Es el mejor sistema para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros niños y mayores. Las concertadas, o acaban saliendo más caras, o reducen la calidad de la asistencia para obtener su beneficio.

La industria debe ser privada. Desde las fábricas de lápices hasta las de buques destructores. Se ha demostrado que funciona muchísimo mejor que si el Estado posee los medios de producción. Por supuesto, aunque privada, debe estar sometida a la legislación laboral, medioambiental, fiscal y el resto de la normativa, y debe poder ser inspeccionada por personal del Estado cuando se considere necesario. Estoy en desacuerdo con las subvenciones estatales de cualquier tipo a las industrias, incluidos privilegios normativos. Sólo veo admisible un mejor tratamiento fiscal para promocionar el empleo o la innovación. 

La banca debe ser privada. En el plano teórico, un banco público ofrece mucha mayor solvencia que un banco privado. Por tanto, no podrían competir en condiciones de igualdad, lo que llevaría a que todo el sistema bancario fuera público (dicho imperativo teórico, sin embargo, no se ha realizado en la práctica). En el plano práctico, si bien la banca privada ha funcionado DESASTROSAMENTE y es el núcleo de esta Gran Recesión que vivimos, la pública o semipública no puede ponerse como ejemplo (desgobierno absoluto en Cajasur, saqueo por parte de los directivos de la CAM o Nova Caixa Galicia, caída de las norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, situación de las cajas alemanas…). Mantengo el principio de que el Estado solo debe proporcionar un servicio si ha demostrado hacerlo claramente mejor que el mercado; en caso contrario, debe dejárselo al mercado, y limitarse a supervisar. La vigilancia de la banca ha de ser muy estricta: los gestores de banca privada que, agotado el plazo que se les dé, no sigan a la primera las instrucciones del regulador, deben ser destituidos, multados e inhabilitados por años. Las retribuciones deben ser transparentes, por persona (no por grupo, como ahora) y estar limitadas. Los sectores a los que un banco concede créditos deben diversificarse (constructoras, hipotecas a ciudadanos, créditos personales, distintos sectores empresariales, préstamos sindicados para grandes obras públicas, operaciones internacionales…) y el regulador debe impedir que se concentre demasiado riesgo en un solo sector.


Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento. En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables. No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina… Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado

La agricultura debe ser privada, pero el cultivo de los productos agrícolas más vulnerables a los vaivenes del mercado debe estar dirigido por el Estado a través de una política agrícola detallada. Pero esto será el tema de otra entrada.

El transporte aéreo debe ser privado: las compañías de bandera nacionales han ido cayendo una tras otra, desapareciendo o fusionándose con privadas. Actualmente el transporte aéreo es mucho más barato y tiene menor precio que a mediados del siglo veinte. Las compañías aéreas privadas logran mayor eficiencia que las públicas. Es un hecho.

El control del tráfico aéreo debe ser público. Es demasiado arriesgado dejar la seguridad en manos de una empresa cuya rentabilidad y supervivencia depende de gastarse más o menos en precauciones.

Los aeropuertos también deben ser públicos. Corresponde al Estado decidir su ubicación, su tráfico, sus horarios y sus frecuencias. Todo para equilibrar adecuadamente los intereses de las diferentes compañías, el medio ambiente y el sueño de los pobladores vecinos.

Las infraestructuras en general (carreteras, puentes, redes eléctricas, ferrocarriles redes de telecomunicaciones, redes de gasoductos, redes de agua…) deben ser públicas o, en el caso de las redes, pertenecer a empresas controladas por el Estado donde tengan participaciones equitativas todos los usuarios y que tengan como finalidad, primero la eficiencia, y después, una rentabilidad solo vez y media superior al precio legal del dinero (para evitar que cobren a los usuarios tarifas abusivas), con salarios tasados para sus directivos.

El transporte por carretera de viajeros y mercancías debe ser privado. Así funciona muy bien y no hay necesidad de que el Estado se meta.

El transporte de viajeros por ferrocarril debe ser público. Las experiencias de privatización han causado un deterioro espectacular de la calidad del servicio. El transporte de mercancías por ferrocarril también debe ser público, y de rentabilidad mínima, para promocionarlo respecto al transporte por carretera, mucho peor ecológicamente.

La prestación de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas..) a través de las redes públicas debe ser privada y a precio libre, pero las retribuciones de los directivos de las compañías que se sirvan de tales redes, sus dividendos y su contabilidad deben ser estrictamente controlados y, caso de producirse precios abusivos (más de un 10% superiores a la media de los países de la UE), los responsables de fijar tales precios deben ir a la cárcel.

Los medios de comunicación deben ser privados. El Estado no debe poseer ni la más mínima participación en periódicos, radios o televisiones. Existe una peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. Por supuesto, hay que poner límites a la posesión por una sola persona de demasiados medios de comunicación, para evitar situaciones indeseables tipo Berlusconi y otras, pero ése será el tema de otra entrada.

Las bibliotecas deben ser públicas y gratuitas, y debe existir una buena red, que preste no solamente libros, películas o discos (cuyos autores deben ser justamente retribuidos cuando sus obras se presten), sino que tenga salas que puedan utilizar grupos locales de músicos o actores aficionados.

Todo monumento o museo o paraje natural que los ciudadanos y los técnicos consideren de interés excepcional debe ser público, en mejor salvaguarda de ese interés, y debe permitir visitantes en un número que no lo deteriore, cobrando una entrada que permita al menos sufragar una cuarta parte de los gastos de mantenimiento.

El resto de manifestaciones culturales (música, pintura, danza, ópera, novela, poesía, teatro, cine…) deben ser dejadas a la iniciativa privada y el Estado no debe intervenir, ni siquiera para premiar a los mejores en cada campo.

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Los costes del horario español

Reproduzco y suscribo enteramente el artículo de Fiona Maharg-Bravo en El País Negocios del 25/09/2011.

España está asolada por una tasa de desempleo del 21%, pero también necesita soluciones creativas para incrementar la productividad de los que trabajan. Queda pendiente una reforma laboral más profunda, y habría que reducir las cargas sociales para incentivar el empleo. Pero una forma modesta de incrementar la productividad sin coste alguno, que puede parecer absurda o ilógica a primera vista, sería acortar los almuerzos.

Los españoles tienen una de las jornadas laborales más largas de Europa, según la OCDE. Otros estudios muestran que duermen menos que la media europea. Una de las razones fundamentales es un almuerzo maratoniano, que empieza tarde (a las 14.00) y dura al menos dos horas. La jornada laboral se alarga a menudo más allá de las 20.00 para mucha gente. Las horas de máxima audiencia televisiva se prolongan hasta después de medianoche.

Esto no siempre ha sido así. La pausa larga para comer se desarrolló en la España de la posguerra, cuando muchos ciudadanos tenían que tener dos trabajos para llegar a fin de mes y necesitaban el mayor descanso posible entre los dos.

Una salida de la oficina a las 17.00 o las 18.00 podría ahorrarles dinero a las empresas reduciendo las facturas de la calefacción y de la luz. También permitiría que los padres que trabajan gastaran menos en largas horas de guardería. Y finalmente, unos días laborables más racionales podrían hacer que la gente se fuera a dormir más temprano. Esto mejoraría la concentración en el lugar de trabajo y en el colegio, y daría lugar a un menor número de accidentes de tráfico y de trabajo.

¿Pero cómo se consigue que la gente cambie sus hábitos? Las empresas podrían empezar por tener unos horarios de trabajo más flexibles. Podrían fomentar una hora del almuerzo más corta y empezar a programar reuniones a las 15.00. Esto ya sucede en algunos sectores, o durante el verano, pero dista mucho de ser algo generalizado. Los jefes podrían dar ejemplo marchándose de la oficina no más tarde de las 18.00 la mayoría de los días. Todo el mundo seguiría su ejemplo.

Algunos pueden quejarse de que las ciudades como Madrid perderían su energía, sobre todo nocturna. Pero se podría disfrutar más el fin de semana. Los trabajadores a menudo se quejan de sus largas jornadas laborables y la difícil conciliación. El hacer cambios en la forma en que España trabaja, cambiando la forma en que España almuerza, tiene sentido.

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Salario máximo: la regla del 10

Está muy clara la razón por la que la desigualdad lleva al crash: la mayoría de los ciudadanos reduce sus ingresos, y por tanto debe disminuir su consumo o endeudarse para mantenerlo, mientras que una escasa minoría aumenta desproporcionadamente su renta, pero con ella no incrementa su consumo, sino que la invierte en activos especulativos. Únase a esto el crecimiento de la deuda en los más desfavorecidos, los más vulnerables ante una eventual disminución del empleo, y el crash está servido.

¿Cómo se crea esta desigualdad? La dirección de las empresas multinacionales congela en la práctica los salarios en los países donde tienen sus sedes o, directamente, cierra allí plantas, que reabre en otros países donde los sueldos son menores. Después reparte entre los miembros de esa dirección ese aumento de las ganancias propiciado por la reducción de los costes salariales.

 

Ante los efectos devastadores de esta práctica, se hace necesario ponerle coto. Como ningún eminente economista ha propuesto medidas (y ya sería hora), me permito, desde mi condición de humilde ciudadano, sugerir la regla del 10: en una empresa, ninguna retribución bruta anual, por todos los conceptos, puede ser más de 10 veces superior a la retribución del trabajador a tiempo completo que menos gana.

Esto no es ninguna utopía. Por ejemplo, en la Administración española funciona grosso modo: el Presidente Zapatero tiene en el año 2011 un sueldo de alrededor de 76.000 euros anuales. Según la regla, lo mínimo anual que podría cobrar el empleado público más humilde serían 7.600 y, según mis datos, el sueldo mínimo realmente es superior.

Sería cuestión de apoyar esta medida para que, en un primer momento, la fueran adoptando ONG, y luego se fuera extendiendo.

Existe además otra razón para limitar estos salarios desproporcionados: según Teoría de la Justicia, de John Rawls,  la única razón por la que se puede permitir una desigualdad es porque supone un beneficio para la colectividad.


Pensemos, por ejemplo, en una población campesina que vive relativamente bien de los frutos de la tierra. Necesita médicos, pero si el salario del médico fuera igual al del bracero, nadie querría ser médico. Está justificado, por tanto, que los médicos cobren más, porque con su actividad benefician a la comunidad mucho más que el leve perjuicio que esa desigualdad supone.


Pero es que los altos salarios de banqueros y ejecutivos no los han hecho en absoluto más capaces de capear esta crisis que estamos viviendo; todo lo contrario: LA HAN PROVOCADO. Por eso, cuando al decir que, si se limitan los salarios en algunos países, las mentes empresariales más brillantes emigrarán a otros, habría que responder: «¡Que se vayan! ¡Menudo desastre han causado esas mentes supuestamente brillantes!»

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Para no recortar

Núcleo del artículo de Vicenç Navarro en el diario Público del 29/09/2011:

En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.

O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

Además, de mi cosecha menciono las desgravaciones a los planes de pensiones privados que, según Ignacio Escolar, costaron 1.443 millones de euros en 2010 y que, opino, deberían suprimirse. En Propongo lo he puesto a votación, y por el momento hay unanimidad en estar de acuerdo conmigo.

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Para evitar el colapso general

Una carta reciente de Albert Gimpera me mueve a escribir una entrada cuyas líneas generales tenía pensadas hace tiempo.

El declive del capitalismo


Veinte años después del hundimiento del comunismo soviético, parece que empiezan a aparecer grietas en un sistema que desde hace tiempo da muestras de un agotamiento y decadencia acentuados por la actual crisis sistémica: el capitalismo liberal.

El sistema del capitalismo global actualmente vigente no solo es un sistema profundamente injusto en cuanto a la redistribución de la riqueza y muy poco racional en cuanto a la destrucción ecológica y el derroche de recursos: es básicamente insostenible por la sencilla razón de que la pretensión de crecer indefinidamente, inherente a la lógica a la que empuja el propio capitalismo, no es factible en un mundo que es finito y con unos recursos limitados. La crisis ecológica, la destrucción y agotamiento de recursos naturales no renovables o la actual crisis sistémica no serían más que manifestaciones de un mismo problema. Este sistema, pues, no solo no es sostenible a largo plazo, y del mismo modo que tuvo un principio en un momento determinado, algún día también tendrá un fin determinado por el agotamiento de su ciclo histórico.

El comentario del libro La quiebra del capitalismo global va en el mismo sentido:

La obra pretende prepararnos para el comienzo del colapso de la Civilización Industrial. Un colapso que va a llegar como consecuencia de la crisis global y multidimensional que vivimos, caracterizada por el caos sistémico, la ruina ecológica y las guerras por los recursos. El inicio del fin de la energía fósil está en el corazón de esta crisis, que acarreará una ruptura histórica total. La quiebra del capitalismo global en el periodo 2000-2030 es el primer paso del largo colapso de la Civilización Industrial, que seguramente durará dos o tres siglos. La historia del capitalismo es la del consumo creciente y añadido de distintas fuentes energéticas. Pero esto llega a su fin, ya que estamos atravesando el momento de máxima extracción del petróleo, al que seguirá el del gas y, como tarde en 2030, el del carbón. Esto disparará los precios y quebrará el business as usual. Sin fuentes energéticas baratas y abundantes el comercio mundializado y el capitalismo global son imposibles. Es más, el crecimiento económico continuado tampoco es factible y, sin crecimiento, es inviable el mantenimiento de la sobredimensión financiera actual.

(dibujo de Miguel Brieva publicado en El País del 20/08/2011. 
Intenté contactar con él para pedirle permiso para publicar su dibujo en este blog, 
pero no encontré su correo electrónico)

Es muy simple: si nos comemos todo lo que hay en la despensa, llegará un día en que no quedará más y nos moriremos de hambre. Nuestra despensa es el planeta y estamos consumiendo sus recursos a dos veces y media la velocidad con que los regenera. Lo cual ya sería malo, pero es que además estamos envenenando su mares con mercurio (recordemos: no es aconsejable que las personas coman más de una vez al mes grandes peces como salmón o atún por el mercurio que acumulan) y plástico. También estamos introduciendo en la atmósfera gases que propician el calentamiento, el cambio climático, un aumento de las sequías y las inundaciones y el deshielo de los polos.

Está claro que debemos empezar a reducir el consumo de recursos hasta llegar al ritmo en que la Tierra los va generando, y adoptar los principios de la economía estacionaria:

  1. Mantener la salud de los ecosistemas.
  2. Extraer los recursos renovables, como madera y pesca, a un ritmo no superior al que se regeneran.
  3. Consumir recursos no renovables, como combustibles fósiles y minerales, a un ritmo no superior al descubrimiento de nuevos yacimientos.
  4. Verter los residuos al entorno a un ritmo no mayor que el de su asimilación natural e inocua.

Pienso, incluso, que se debería ir más allá. Creo necesario que debe fijarse como objetivo que ningún país tenga más población que la sostenible por las calorías de agricultura, ganadería o pesca que ese país pueda producir de modo permanente sin arrasar sus ecosistemas. Esto debe entenderse en conjunto. Por ejemplo, en Islandia la agricultura es muy difícil, pero la pesca da grandes rendimientos. No se trata de que cada país se autoabastezca e impedir el comercio, sino de fijar un primer criterio de sostenibilidad.

Además, opino que los anteriores puntos 3 y 4 deben ser aún más restrictivos:

  1. Consumir energía solo de fuentes renovables y desarrollar el reciclado al máximo de modo que el consumo de recursos no renovables (minerales) sea el mínimo imprescindible. Por ejemplo, un teléfono móvil es reciclable al 90%. Todo lo que consumimos, desde una bombilla hasta un avión, puede diseñarse para superar esa cifra.
  2. Depurar estrictamente todas las aguas residuales y convertir la materia fecal en metano. Fermentar los residuos sólidos urbanos con el mismo propósito y utilizar el gas para quemar lo restante, filtrando los gases de combustión. Desarrollar productos y métodos de fabricación que permitan el reaprovechamiento total.
EL FUTURO SERÁ VERDE O NO SERÁ
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Cómo evitar la recaída

La economía mundial ha vuelto a dar señales de debilidad. La inflación en China ha superado el 6%, por encima del objetivo del 4%, lo que hace pensar que el Gobierno chino restringirá aún más el crédito. El paro en EE.UU. en julio se ha reducido en menos de 130.000 personas y The Economist cifra en un 50% las probabilidades de que su PIB decrezca en los próximos 6 meses. Los crecimientos de Italia y España han sido anémicos y las han puesto en el punto de mira de los especuladores. Las exportaciones alemanas se han frenado…

Desde luego hay que denunciar que, en un mundo finito y de recursos limitados, la economía solo pueda funcionar si crece de forma infinita. Pero ése será el tema de otra entrada. El de ésta es qué hacer para evitar que la economía mundial vuelva a caer en la recesión y se agrave todavía más el desempleo y el empobrecimiento que los países desarrollados vienen sufriendo desde 2008.

¿Por qué está pasando esto? El economista Nouriel Roubini lo explica en un artículo de El País del 08/08/2011: «Las autoridades, tanto políticas como monetarias, se han quedado sin munición para combatir la crisis. Los tipos de interés están en niveles históricamente bajos (cerca del 0% en EE UU y en el 1,5% en la zona euro). Los Gobiernos, enormemente endeudados y bajo tremenda presión de los mercados, recortan gastos y aplazan inversiones que serían de gran ayuda para reanimar la actividad. Los bancos no prestan dinero porque ellos mismos no tienen nada fácil acceso al crédito. Muy castigadas por la falta de préstamos y la debilidad de las ventas, las empresas recortan plantillas y rebajan sus expectativas de beneficios. Y los ciudadanos, agobiados por las hipotecas y alertas ante la posibilidad de perder su empleo -si no lo han perdido ya-, limitan el consumo a lo imprescindible.»

Paul Krugman, premio Nobel de Economía, propone para salir de la crisis aumentar la inversión pública con el fin de crear empleo, aprovechando que los tipos de interés siguen siendo históricamente bajos. Gastar hoy para recoger mañana, pese a que ello aumente el déficit público.Roubini, por su parte, cree que el BCE debería haber bajado los tipos de interés para ayudar a España e Italia.

Efectivamente, hay que crear empleo gastando dinero público. Pero eso no tiene necesariamente que aumentar el déficit. Lo primero que tendrían que hacer los países más poderosos del mundo, todos en dificultades, es ponerse de acuerdo para eliminar totalmente los paraísos fiscales. Paralelamente deberían eliminar las deducciones fiscales a las multinacionales, que les permiten, cumpliendo la legislación, sustraer una parte importantísima de sus beneficios a las haciendas nacionales. Solo en España, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda cifra en 42.711 millones de euros los impuestos directamente defraudados por las grandes empresas en 2010. Es de suponer que los impuestos eludidos al menos dupliquen esta cifra.

Además habría que imponer una tasa sobre las operaciones financieras especulativas: por ejemplo: quien venda cualquier producto financiero que ha comprado hace menos de un mes deberá pagar el 1% de su valor. Esto permitiría recaudar miles de millones y frenaría la especulación, que es uno de los factores tras la debilidad económica.

Los Gobiernos deberían dedicar el dinero suplementario así recaudado a inversiones que crearan empleo. Por ejemplo, en España, a subvencionar la formación de personas para cubrir puestos demandados por la industria, pero que no se cubren; a personal de guardería y a residencias de ancianos. Todo de forma gradual, equilibrada, paulatina, sin crear burbujas ni provocar desestabilizadores desplazamientos de población.

En EE.UU. el tipo de gasto necesario sería muy diferente. Krugman ha clamado repetidamente en el desierto sobre el calamitoso estado de su infraestructura: carreteras, puentes, aeropuertos, autopistas, líneas eléctricas… se encuentran prácticamente abandonados desde hace lustros. Debería lanzarse un plan gigantesco (pero, repito, bien hecho, gradual, equilibrado, paulatino…) para actualizarlas. Tantísimas empresas de tantos países, no solo norteamericanas, serían necesarias, que representaría un fortísimo y duradero impulso para toda la economía mundial.

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Las pseudosoluciones

Para la actual crisis económica se postulan con entusiasmo las recetas de austeridad, reducción del gasto público y flexibilización del mercado de trabajo. Da igual que la causa de la crisis no haya sido el desplifarro, que el gasto público haya aumentado precisamente para salvar a los bancos que causaron la crisis, y que uno de los países con el mercado laboral más flexible, EE.UU., aumentara primero, hasta finales de 2010, su desempleo sustancialmente, y ahora, en 2011, no consiga reducirlo significativamente, mientras que Alemania, con un mercado laboral mucho más rígido, registra pleno empleo.

¿Por qué entonces se predican soluciones que no solo no van a resolver la crisis, sino que la agravan? ¿Por qué ese empeño en recetar penicilina para la malaria (recordemos: se cura solamente con quinina, cloroquina o artemisina, según los casos)? Hay varias razones. La primera es el deseo de seguridad. Las personas necesitan creer que pueden hacer algo para controlar lo que les pasa. Por eso son tan vulnerables a la demagogia.

La segunda es el pensamiento por analogía. Cuando una persona tiene problemas económicos, suele ser porque gasta demasiado, o porque se queda en paro y no le alcanzan los ingresos. En ese caso, reducir sus gastos puede ser una buena manera de salir a flote. No es fácil ver que no se puede aplicar el mismo modelo a todo un país. Una economía nacional funciona de modo muy distinto a una economía doméstica. Si todos los actores de una economía nacional con falta de demanda reducen su consumo, empeoran la situación. Lo que debe hacer el Estado es endeudarse con mesura y estimular el consumo inteligentemente, de modo que la economía vuelva a crecer y sea posible pagar las deudas. Esto lo dijo Keynes hace casi ochenta años y lo está repitiendo Krugman en cada artículo, pero sigue sin calar.

Y la tercera razón de estos embaucadores de la opinión pública es sacarse el muerto de encima. No pagar por sus delitos. Recordemos cómo empezó todo: unos delincuentes vendieron como buenos productos financieros deleznables que envenenaron masivamente a los bancos. La falta de confianza, y el endeudamiento inmenso de los estados para salvar a los bancos restringieron el crédito, y numerosas economías se desplomaron, arrojando al desempleo a millones de personas. Cuando en España unos desaprensivos vendieron en 1981 aceite de colza para uso industrial como si fuera buen aceite de oliva, envenenando a miles de personas, fueron llevados ante la justicia. Los causantes del desastre en EE.UU. siguen impunes. A este respecto recomiendo el magnífico artículo de Krugman La imprudencia de las élites. Predicando que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» o «deben sanearse las finanzas públicas», echan la culpa a otros factores y evitan su castigo.

Las agencias de calificación, los bancos y las aseguradoras tienen fuertes intereses en los medios de comunicación y numerosos economistas a su servicio. No es extraño que hayan conseguido imponer sus pseudosoluciones, que hayan descafeinado las reformas del sistema financiero propuestas en un primer momento y que los paraísos fiscales sigan campando por sus respetos. Pero los defensores de auténticas soluciones vamos a seguir insistiendo.

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Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
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