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Para que España tenga un Gobierno

Los resultados de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 fueron los siguientes:

PP: 137 escaños
PSOE: 85
Unidos Podemos: 71
Ciudadanos: 32
ERC: 9
CDC: 8
PNV: 5
Bildu: 2
CC: 1

Para ser investido presidente, es necesario que el candidato obtenga mayoría absoluta (176 escaños) en una primera votación o mayoría simple en una segunda.

A mi entender, las elecciones del 26 de junio nunca se deberían haber celebrado, porque nos han metido en la dinámica antidemocrática de que, si a un partido con capacidad de bloqueo no le gusta el resultado electoral, se comporta de modo que se repitan las elecciones, y así hasta que salga lo que quiere.

Lo ideal habría sido que, tras forzar Podemos, en el pacto PSOE-Ciudadanos posterior a los comicios del 20 de diciembre de 2015, el mayor número posible de medidas sociales, Podemos se hubiera abstenido en la segunda votación. Esto no fue posible por los vetos mutuos entre Podemos y Ciudadanos.

También a mi entender, es imperativo modificar la Constitución en el sentido que propongo en esta entrada, y absolutamente imprescindible modificar la normativa para que los diputados y senadores electos no cobren un euro ni generen derechos pasivos (ahora, con dos legislaturas, duren lo que duren, aunque duren solo cuatro meses, ya tienen garantizada la pensión máxima) hasta que hayan elegido un Presidente del Gobierno.

Dicho esto, y con el objetivo de evitar al coste que sea unas terceras elecciones (que probablemente tampoco resolverían la cuestión, por lo que habría que ir a unas cuartas, unas quintas…), considero que son más probables las siguientes posibilidades.

1. Una investidura de Mariano Rajoy después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre de 2016, con el apoyo de Ciudadanos, el PNV y CDC, estos últimos para que el PP del País Vasco y Cataluña apoye a su vez al PNV y CDC, tras fracasar la cuestión de confianza en el Parlamento de Cataluña.

2. Una investidura de Mariano Rajoy con la abstención del PSOE en virtud de un pacto que incluyera la dimisión de Rajoy en dos años, una nueva sesión de investidura y la abstención del PP en ella. Esto no es política ficción: ya se hizo para la alcaldía de Rincón de la Victoria (Málaga) tras las elecciones municipales de 2007.

3. Una coalición Ciudadanos-PSOE-Podemos, tal y como han propuesto más de cuatrocientos intelectuales y artistas. Es perfectamente posible. No hay ningún obstáculo insalvable. Las promesas electorales de Podemos sobre referendos de secesión pueden sustituirse perfectamente con el compromiso de que que Podemos presente, por los cauces previstos en la constitución, una propuesta de reforma para que permita la secesión de autonomías. Luego se votará, y lo que salga, salió.

Otro centenar de intelectuales y políticos hicieron público el 21 de julio de 2016 otromanifiesto en que instaban a formar Gobierno cuanto antes, pero sin indicar qué partidos preferían que lo integraran.

Prevenir la violación de mujeres adultas

En la entrada La prevención de la delincuencia dije que dedicaría una a medidas contra este delito, y otra contra el abuso a menores.

La razón es que, mientras que para prevenir los otros delitos quienes principalmente deben tomar las medidas son las autoridades, y para prevenir los abusos a menores quienes deben tomarlas son los padres, para prevenir violaciones de mujeres adultas (digamos a partir de 15 años, aunque realmente no se pueda fijar un umbral), quienes deben adoptar la mayoría de las medidas de protección son las propias mujeres.

Esto no quiere decir en absoluto que, si una violación se produce, la mujer sea responsable por no haber adoptado estas u otras medidas; el responsable SIEMPRE será el violador.

Casi todos estos consejos están tomados de http://es.wikihow.com/prevenir-una-posible-violación, donde hay más, muchos de ellos ilustrados con dibujos.

1. No hacer autostop ni recoger en el coche a desconocidos. Las aplicaciones para compartir vehículo (como Blablacar) suponen una alternativa interesante si se tiene que ir a un sitio sin transporte público.

2. Por la noche, evitar las paradas solitarias de autobuses. Si el autobús no está muy concurrido, sentarse cerca del conductor. Al bajar, solicitar la parada con la antelación mínima, y vigilar quién se baja detrás.

3. Evitar zonas oscuras o solitarias. Si es imprescindible transitar por ellas, cambiar de itinerario diariamente.

4. No permanecer de noche en un vehículo estacionado en descampados, parques o extrarradios. Antes de entrar en el coche, comprobar que no hay nadie en los asientos traseros. Si está oscuro, emplear la luz del móvil.

5. Precaución al entrar y salir de casa, del portal, al tomar el ascensor y en el garaje. Fijarse si hay alguien en zonas oscuras. En el caso de existir estas zonas, solicitar al Ayuntamiento que instale iluminación, o la mejore.

6. La mujer que vive sola no debe poner su nombre de pila en el buzón, solamente la inicial y el apellido. Puede añadir la inicial y el apellido de un familiar, aunque no resida allí.

7. Solo entre un 9 y 33 % de los violadores eran personas que la víctima no conocía.Esto significa que la mujer debe estar alerta tanto cuando se encuentre sola como en compañía de un hombre al que conoce.

8. Las fiestas multitudinarias con abundancia de alcohol son oportunidades para los abusos sexuales. La mujer no debería beber más de una copa cada hora, pedírsela al camarero (no dejar que alguien se la traiga) y tenerla siempre en la mano. De otro modo un agresor puede echar en la bebida drogas que anulen la voluntad de la víctima.

9. Es mejor ir a esas fiestas con grupos de amigos, acordar previamente que todos van a cuidar de todos, y permanecer atentos.

10. Ojo con los sitios muy ruidosos, como discotecas: en ellas no se pueden escuchar los gritos. Ir al baño siempre acompañada de amigas.

11. Actuar con asertividad. Si alguien brinda una atención no deseada, pedirle con decisión que se vaya.

12. No publicar en Internet información personal o que permita localizarte.

13. Cuidado con las citas concertadas a través de Internet. Siempre deben hacerse en un lugar público. Comunicar a alguien de confianza dónde se va a estar, y a qué hora se espera terminar. Mandarle un mensaje al llegar a casa.

14. No vivir con miedo. Estar alerta no es lo mismo que estar tensa. La diferencia es que, con miedo (siempre contraproducente), se siente opresión en el pecho. En ese caso, respirar hondo y tratar de calmarse. Nunca aparentar miedo ni indecisión; mostrar siempre aspecto y actitud de saber a dónde se va.

15. Cuando se salga de casa, el móvil debe tener la batería al máximo.

16. No parecer demasiado abstraída. Correr con cascos de música puede impedir prestar atención al entorno. Caminar concentrada en el móvil, lo mismo.

17. El estilo de ropa y cabello no influyen, pero los zapatos, sí: deben permitir andar con decisión, correr y dar una buena patada. Si se va transitar por la calle al ir a una fiesta (o al volver) donde se quiere calzar tacones, llevar zapatos suplementarios, para cambiarse al entrar y al salir.

18. Si caminas por una acera de la calle y crees que alguien te está siguiendo, cruza la calle tan pronto como sea seguro y comienza a andar por la otra acera en dirección contraria.

19. Si alguien te sujeta, grita «¡POLICÍA!» tan fuerte como puedas, preferiblemente cerca de su oído, para aturdirlo, y trata de zafarte, por más que te diga que no lo hagas. Si te tapa la boca con la mano, muerde con fuerza.

20. En esa situación yo creo que un silbato, una alarma o un arma (ilegal en España, incluso un simple espray de pimienta) resultan bastante inútiles (aunque si algún experto en seguridad que conozca casos reales opina lo contrario, por favor, que deje su comentario), porque el bolso donde se llevan se puede caer al suelo, o no tener posibilidad de abrirlo, o ser arrebatado por el agresor.

21. Más bien araña, pega, pincha con todo lo que tengas a mano: un bolígrafo, el bolso, las llaves. Luego corre, sin dejar de gritar, hacia las zonas iluminadas o concurridas.

22. Apuntarse a un curso de defensa personal puede ser una buena idea.

23. En el caso de que se haya sido víctima de una violación o intento, acudir inmediatamente a la policía, dar el máximo de detalles y someterse a las pruebas que indiquen. Si el agresor es detenido, se evitará que ataque a otras mujeres. Incluso si no lo capturan, las investigaciones que se hagan y la alerta que se produzca contribuirán a evitar otras violaciones. Callar solo las favorece.

24. Las penas por violación deben ser duras (entre diez y quince años de cárcel efectiva por CADA delito, no por un conjunto de ellos) y recordarse públicamente antes de que empiecen eventos multitudinarios (como los sanfermines) donde se hayan cometido en años anteriores.

25. A violadores condenados se les deben ofrecer en la prisión cursos que los ayuden a controlar sus impulsos. Se han demostrado eficaces para prevenir la reincidencia.

26. La reincidencia debe aumentar significativamente (al menos en un 50 %) el número de años de condena.

Nota: también se producen violaciones de hombres adultos (por otros hombres), especialmente en cárceles, pero este delito resulta tan minoritario, en relación a las de mujeres adultas por hombres, que no dispongo de recomendaciones.

Reformar la Constitución española

La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Ha estado vigente casi cuarenta años, con dos mínimas reformas:

– Una en 1992, que consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, para adaptar la Constitución al Tratado de Maastrich.

– Y otra en 2011, que modificó totalmente el artículo 135.

Antes era:

Artículo 135.
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Y después de la reforma quedó:

Artículo 135.
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Desde entonces se han sugerido numerosas reformas. Este artículo de 2014 resume las propuestas de PSOE, IU, UPyD y Podemos. Ciudadanos, posteriormente, planteó estas cinco:

1. Eliminar los aforamientos.
2. Modificar la ley para tramitar iniciativas legislativas populares a partir de 250.000 firmas.
3. Despolitización de la justicia.
4. Suprimir las diputaciones.
5. Fijar un mandato máximo para el Presidente de dos legislaturas (ocho años).

El PP no ha formulado una propuesta propia de reforma constitucional, pero se ha mostrado dispuesto a debatir las que no incluyan la posibilidad de secesión de territorios.

Estas propuestas no tienen en cuenta la situación de bloqueo que estamos viviendo en 2016, derivada de este artículo:

Artículo 99.
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, procurando el máximo consenso y el mínimo cambio necesario (es decir, no introducir en la Constitución algo que debe tener nivel de Ley) creo firmemente que deben llevarse a cabo las siguientes reformas en la Constitución Española:

A. El artículo 15, que ahora dice:

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Debería eliminar las excepciones y quedarse en:

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.

B. El artículo 16.3, que ahora dice:

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Debería dejarse simplemente en:

Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

C. El artículo 57.1, que ahora dice:

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Debería cambiarse a:

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos.

D. El Senado debería suprimirse directamente, sin intentar asignarle nuevas funciones. Para lo único que sirve es para colocar a políticos que han concluido su ciclo como diputados, alcaldes o similares. A este respecto ver Suprimir el Senado.

E. También deberían suprimirse las diputaciones. En las autonomías uniprovinciales (por ejemplo, Murcia) se han eliminado sin problemas. Una administración autonómica moderna y eficaz, adecuadamente informatizada, es perfectamente capaz de proporcionar todos los servicios que las diputaciones (fruto de una época en la que se administraba con papel y pluma de ave) prestan ahora a los ayuntamientos, y a un coste menor.

F. Mantenimiento de la inviolabilidad jurídica del Rey (o la Reina), y del aforamiento del Presidente del Gobierno y los ministros, pero supresión absoluta de todos los demás aforamientos: diputados, senadores, jueces y familia del Rey (o la Reina).

G. El artículo 99, que se recoge más arriba, debería cambiarse a:

Artículo 99.
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y antes de que transcurran quince días naturales desde que se constituya la cámara, cada uno de los grupos políticos, excluido el grupo mixto, propondrá al Presidente del Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno. Si algún grupo no lo hiciera en ese plazo, el Presidente del Congreso designará como candidato a la Presidencia del Gobierno por ese grupo a la persona que encabece la lista provincial donde ese grupo haya obtenido, además de representación en el Congreso, el mayor número de votos.
2. Antes de que transcurran otros siete días naturales desde el plazo de quince días anterior, se producirá la votación de investidura, cuya fecha exacta deberá fijar el Presidente del Congreso.
3. En esta votación cada diputado podrá votar por uno cualquiera de los candidatos a Presidente del Gobierno. El que haya obtenido mayor número de votos será propuesto por el Presidente del Congreso al Rey para que este lo nombre Presidente del Gobierno. Si dos o más cantidatos obtuvieran exactamente el mismo número de votos, el Presidente del Congreso propondrá al Rey el de más edad.

H. El artículo 122.3, que ahora dice:

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
 
Se debería suprimir totalmente (es el que ha dado pie a la odiosa politización de la justicia que padecemos), y dejar la composición del Consejo General del Poder Judicial a la Ley orgánica que establece su estatuto. Esta Ley debería dejarlo en 15 miembros, y que fueran sorteados entre los magistrados y catedráticos de Derecho que se presentaran voluntarios. Para que fueran aceptados en el sorteo deberían haber ejercido como magistrados o catedráticos (no valdría como jueces o profesores) diez de los últimos quince años, y no haber sido condenados en toda su vida a más de un año de prisión, ni sancionados por falta grave, ni encontrarse inmersos en procesos judiciales ni disciplinarios.

A este respecto recomiendo la entrada Los órganos colegiados.
I. Por la misma razón, el artículo 159.1 y 2, que ahora dice:

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Se debería cambiar por:

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, que serán nombrados por el Rey tras salir agraciados en un sorteo al que se hayan presentado voluntarios.
2. Para que fueran aceptados en el sorteo deberían haber ejercido en España como catedráticos de Derecho Constitucional o Derecho Administrativo, o bien como magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, durante al menos diez de los quince años naturales anteriores al sorteo. Además no podrán haber sido condenados en toda su vida a más de un año de prisión, ni inhabilitados por plazo superior a un año, ni sancionados por falta grave, ni encontrarse inmersos en procesos judiciales ni disciplinarios.

El castigo a la delincuencia

Lo mejor es prevenir el delito, que no se produzca (ver la entrada sobre prevención), pero si ocurre, debe castigarse eficaz y progresivamente: multas, confiscaciones de patrimonio, trabajos comunitarios, exclusión temporal de lugares de ocio, restricción electrónica de movimientos y, por último, prisiones.

La prisión debe ser la última medida represiva del Estado contra el delincuente, y aplicarse solo cuando otros métodos de castigo hayan fallado, o el reo revista especial peligrosidad. No solo porque atenta contra el más preciado de los bienes humanos, la libertad, sino porque es más cara, más ineficaz y más propiciadora de corrupción, violencia y enfermedad.

En un estudio hecho en Argentina en 2013 se halló que la probabilidad de reincidencia de los delincuentes castigados mediante brazalete electrónico es entre el 11 y el 16 % menor que la de los castigados con prisión.

Se debe evitar el hacinamiento. Posiblemente sea beneficioso para algunos presos (y empleo el masculino, porque más del 90 % serán varones) compartir su celda con otro. En otros casos será mejor la celda individual. Pero creo contraproducente, salvo que estudios solventes demuestren lo contrario, meter a más de dos presos en la misma celda. Lo que, curiosamente, sí demuestran los estudios, es que encerrar juntos a delincuentes de idéntico tipo favorece la reincidencia futura. Por ejemplo, si se encierra a un ladrón joven con uno mayor, cuando el joven salga, la probabilidad de que vuelva a robar será mayor. En cambio, si se lo encierra con un conductor ebrio, esta probabilidad será menor.

Han de construirse las cárceles suficientes, teniendo en cuenta la población reclusa existente y su estimación a futuro (basándose racionalmente en la evolución pasada).

Las prisiones deben estar orientadas a la reinserción. La gran mayoría de los recusos cumple condenas cortas (menos de diez años) por hurtos y robos. En la prisión deben aprender y practicar un oficio demandado, y facilitárseles a la salida su inserción laboral.

Resulta contraproducente encerrar a jóvenes que han cometido su primer delito con criminales endurecidos. Habría que disponer prisiones solo para jóvenes, cuando eso sea posible.

Asimismo, las condenas de cárcel impuestas a menores de 18 años aumentan la probabilidad de reincidencia durante la adultez. Por ello el confinamiento solo debería usarse para castigar delitos graves (homicidio, agresiones con armas, violaciones), y emplear para otros delitos (robo, tráfico de drogas…) castigos alternativos (arresto domiciliario los fines de semana controlado por medios electrónicos, trabajos comunitarios, prohibición de entrada en centros de ocio…).

Los violadores requieren programas específicos de reinserción, que se han mostrado bastante eficaces. Por supuesto, deben ser voluntarios, pero seguirlos con aprovechamiento, tras la primera condena, debe reflejarse en una reducción de los años de cárcel, aunque en un tercio como máximo, pues no hay que olvidar el derecho de la víctima a que su agresor reciba un castigo proporcionado.

Combatir eficazmente el yihadismo

Prosiguen los asesinatos terroristas por parte de fanáticos musulmanes: 137 personas muertas en los atentados de París de noviembre de 2015, 14 en el atentado de San Bernardino en diciembre, 35 en los atentados de Bruselas de marzo de 2016, 50 en la masacre de Orlando en junio de 2016… Sin contar los miles de fallecidos que han producido en otros países. Al mismo tiempo que el Estado Islámico (Daesh) está perdiendo la batalla militar sobre el terreno.

Muy probablemente ambas tendencias estén relacionadas: como el Daesh no dispone de soldados ni material suficiente para el campo de batalla, ordena atentados en los países coligados contra él. O bien los partidarios del Daesh, al conocer las derrotas, atacan lugares públicos de esos países.

El mayor peligro que suponen estos atentados es que se empleen como excusa para convertir democracias en regímenes autoritarios. La masacre de Orlando favorecerá las aspiraciones presidenciales de Donald Trump, que promete prohibir la entrada en EE.UU. a todos los musulmanes. Aunque en este caso no habría funcionado, porque el asesino era norteamericano.

Urge, por tanto, no digo reforzar, sino mejorar las medidas que se han tomado hasta ahora. Para luchar eficazmente contra el yihadismo no hay que examinar hasta el último calcetín de los viajeros aeroportuarios. Pero sí se deben tomar otras medidas:

  1. Bloquear el acceso a los sitios web yihadistas.
  2. Dificultar su funcionamiento con ataques de denegación de servicio o infección con virus.
  3. Hacer que no aparezcan en buscadores.
  4. Convertir en delito que una persona acceda a ellos, salvo si es policía.
  5. Impedir que los terroristas se financien con el sistema islámico de transferenciashawala, o infiltrar soplones en las redes para que informen de operaciones sospechosas, o recompensar generosamente a los denunciantes anónimos que aporten información.
  6. Impedir que, en las cárceles, los radicales radicalicen a pequeños delincuentes desideologizados (por ejemplo, cambiándolos de prisión, procurando que no coincidan en el patio, etc.).
  7. Crear centros de desradicalización de jóvenes y procurando su buen funcionamiento.
  8. Prohibir la financiación de confesiones religiosas por parte de Gobiernos extranjeros y, a la vez, facilitar que los fieles nacionales financien el culto (con desgravaciones fiscales generosas, por ejemplo).
  9. Procurar la colaboración de las asociaciones musulmanas moderadas (que son mayoritarias y las primeras perjudicadas por el yihadismo), tanto para denunciar a las personas que se puedan estar radicalizando, y «desprogramarlas», como para facilitar a sus jóvenes la igualdad de oportunidades, a la que tienen derecho como el resto de los ciudadanos.
  10. Reforzar (aquí sí) la lucha contra los paraísos fiscales.
  11. Controlar las armas. En los países donde la población general tiene prohibido llevarlas (que es, con mucho, lo mejor), asegurarse de que se cumple. No puede ser que en Francia sea más fácil conseguir un kaláshnikov que un caramelo. En EE.UU., donde siguen con su Segunda Enmienda así los maten (literalmente), impedir al menos que las personas sospechosas de vínculos con grupos terroristas o con expectativas de comportamiento violento (por violencia doméstica, amenazas públicas, etc.) accedan a ellas y registrar, con orden judicial, sus domicilios y vehículos de vez en cuando.

La baja inflación

Países fundamentales en la economía mundial (Japón, Estados Unidos, la Unión Europea) están experimentando un prolongado período de baja inflación, provocado por la drástica caída de los precios del petróleo.

No hay que confundir la baja inflación con la deflación, un período de lento y continuado descenso de los precios, muy dañino para la economía, y distinto a lo que estamos viviendo.

La baja inflación no es dañina en sí, pero un período tan largo y en la actual situación de tipos de interés cercanos a cero en esos países puede ocasionar graves consecuencias.

El problema viene porque bancos y compañías de seguros obtienen buena parte de la rentabilidad de su capital a través de los tipos de interés. Si esos tipos se acercan a cero, bancos y compañías de seguros ganan menos, bajan en bolsa y su situación se debilita, por lo que entran en terreno peligroso.

Este párrafo del editorial de El Economista del 19 de febrero de 2016 resulta alarmante:

«Los dueños de bonos contingentes convertibles [pueden convertirse en acciones, sin consentimiento del titular, si los recursos propios del banco emisor descienden de un mínimo] temen que la conversión esté cerca […] Estamos ante un ejemplo claro de profecía autocumplida cuyos efectos pueden ser muy profundos en la medida en que la cantidad en circulación de este activo asciende a 160.000 millones y la situación de la banca no tiene visos de mejorar, en un contexto de tipos de interés en negativo y escaso negocio.»

Los bancos centrales japonés, norteamericano y europeo han llevado a cabo políticas de liquidez (relajación cuantitativa) que han aliviado en el pasado las tensiones de los mercados, pero no han conseguido crear inflación.

Con estas políticas se han quedado sin un volante fundamental para guiar la economía: los tipos de interés. Teóricamente la economía se enfría cuando suben y se reanima cuando bajan. En la práctica se han bajado tanto que ya no sirven a su función. Es como el freno cuando lo aprietas demasiado: las ruedas se bloquean, el coche patina y queda sin control. 

Que la economía quede sin control es nefasto para ella. También asusta la sola posibilidad de que pueda quedar sin control, porque la economía de mercado es inherentemente inestable y, si se pierde el control sobre ella, inevitablemente descarrila (también descarrila, como en Venezuela, si se ejercen  acciones de control inadecuadas, pero ese es otro tema).

Y ese susto se traduce en retirada de los inversores, paro y pobreza.

Es hora de ensayar otras políticas. Hay una muy sencilla: en prácticamente todos los países del mundo (y desde luego los afectados por la baja inflación) los carburantes llevan unos impuestos, denominados «especiales».

Pues bien, se trata de que esos países afectados se pongan de acuerdo (y lo anuncien, claro, que así se multiplica el efecto) para elevar, gradual y temporalmente esos impuestos, hasta que la inflación se sitúe entre el 1 y el 2 %. La recaudación suplmementaria se dedicaría, obligatoriamente, a reducir la deuda. 

No se trata de ninguna novedad: Francia tiene una normativa que hace esos impuestos modulables, aunque se usa para amortiguar en los automovilistas el impacto de una subida del petróleo. 

El efecto en los bolsillos de los consumidores sería mínimo, pero se enviaría un mensaje de confianza (muchas investigaciones sostienen que la inflación depende, en buena medida, de la confianza de los agentes en que el banco central cumpla sus objetivos de inflación) y se alejarían los nubarrones que ahora penden sobre las finanzas del planeta. Además se paliaría otro efecto adverso del petróleo barato, su mayor consumo y por tanto la mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que empeora el efecto invernadero.

La prevención de la delincuencia

España tiene una tasa de criminalidad muy baja respecto a la Unión Europea, que a su vez la tiene muy reducida respecto al resto del mundo. Pero hay países donde supone un gravísimo problema. En esta entrada hablaré solamente de soluciones que se han mostrado eficaces para paliar la delincuencia convencional, cometida por delincuentes habituales o por organizaciones criminales. No hablaré de la ciberdelincuencia ni de delitos cometidos por empresas legales (fraude fiscal, acuerdos de precios, manipulación del Líbor, trampas en las emisiones contaminantes, etc.).

Los estudios sobre su impacto socioeconómico son altamente divergentes, pero coinciden en que la carga es altísima y ronda los miles de millones de dólares estadounidenses (Muggah y Krause, 2008, pp. 17-18). En uno de los estudios más robustos sobre el tema se estima que sólo los homicidios cometidos con armas de fuego en Venezuela durante el año 2010 costaron 4.000 millones de dólares, excluyendo costes indirectos e intangibles (Geneva Declaration Secretariat, 2015, p. 173-174).

Me centraré específicamente en los asesinatos, los robos con violencia (atracos, sustracciones de coches tras romperles las cerraduras, robo en domicilios tras romper puertas o ventanas) y los secuestros. 

No hablaré de los hurtos (robos al descuido, sin violencia), la venta ilegal, los delitos de tráfico (conducir bebido o a velocidad excesiva) el acoso escolar (bullying), el terrorismo, el tráfico de drogas, el proxenetismo, la trata de mujeres, las redes de extorsión («protección»), las violaciones de mujeres adultas y de menores (que serán el tema de otra entrada) ni de la violencia doméstica (que ya traté en Parar los asesinatos de mujeres). No porque no sean importantes, sino porque considero que tienen causas diferentes y se deben abordar de otras maneras. 

En otra entrada hablaré del castigo a la delincuencia (multas, confiscaciones de patrimonio, trabajos comunitarios y prisiones).

En el Reporte de Economía y Desarrollo 2013, del Banco de Desarrollo de América Latina, en el que se basa buena parte de esta entrada, se observa que el importante crecimiento del delito y de la violencia en muchos países  no solo ha implicado altos costos económicos y sociales, sino que ha socavado la confianza de los ciudadanos entre sí y en las autoridades. 

Hay que combatir eficazmente la delincuencia, no solo porque produce una importante merma del bienestar y el crecimiento, sino porque es lo que la población demanda, y si esta demanda se ve insatisfecha por los actuales gobernantes, elegirá a otros que le prometan resolver el problema, con el peligro para todos que suponen las soluciones extremistas.

  • En primer lugar se debe fomentar que la gente denuncie los delitos. Debe ser posible hacerlo por teléfono, sin necesidad de presentarse en comisaría. En los momentos de saturación, si un operador telefónico no puede atender a la víctima de un delito, debe poderse grabar la denuncia. Luego será examinada por un operador, y en caso de faltar algún dato que impida su persecución, sería el operador el que llamaría a la víctima para preguntárselo. Deben elaborarse y difundirse periódicamente estadísticas de llamadas a la policia y tiempo medio que necesitó el ciudadano para completar su comunicación por este canal.
  • Se deben elaborar y publicar estadísticas muy cuidadosas sobre los delitos denunciados y resueltos, de acuerdo con estándares internacionales. Asimismo resulta eficaz difundir cifras reales, y presentadas de manera objetiva, sobre la eficacia en la persecución del delito. No se trata en ningún caso de amedrentar, sino de inculcar en quien se está planteando delinquir, que existe una alta probabilidad de que sea detenido y castigado si lo hace.
  • Se debe actuar en numerosos ámbitos para prevenir el delito (que no surja) y combatirlo cuando ha surgido:la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, la infraestructura urbana, las regulaciones económicas, la policía, la justicia y las cárceles.
  • Los estudios muestran que las inversiones en fortalecer la nutrición y estimulación temprana de los niños y la promoción de ambientes familiares proactivos y no conflictivos disminuyen la propensión al delito de los jóvenes. Por el contrario no funcionan los programas que tratan de asustarlos (llevándolos a visitar cárceles o a hablar con criminales).
  • Son igualmente beneficiosas las mejoras en los espacios públicos (algo tan simple como iluminar bien una zona oscura reduce el delito un 21 % de media), eliminar los recodos donde puedan esconderse asaltantes, prohibir la venta de alcohol a partir de horas avanzadas de la tarde, las estrategias de control policial focalizado en un tipo de delito o en las zonas urbanas donde se cometen muchos.
  • Son eficaces los programas de vigilancia vecinal: consiguen de media una reducción del 26 % de los delitos.
  • La experiencia demuestra que, cuando se mejora una zona conflictiva, la delincuencia no se traslada a otras, sino al revés: la zona mejorada ejerce una influencia beneficiosa sobre las aledañas.
  • Debe evitarse la degradación de las zonas urbanas. Mantener una buena limpieza es esencial para que calles y parques sean utilizados por un alto número de ciudadanos, y así disuadir a los delincuentes. Las pintadas (marcas de territorio de bandas) deben ser borradas rápidamente, y dificultadas (paredes cubiertas de vegetación, superficies plástificadas donde la pintura se fija mal, restricción de la venta de pinturas en aerosol…). Los edificios deshabitados sin valor histórico o artístico deben derribarse. Los que sí tengan este valor deben rehabilitarse como viviendas, hoteles o edificios públicos.
  • Hay que enseñar a los niños a controlar sus impulsos, especialmente los violentos, a resolver conflictos sin violencia, mediante negociación, y a expresar respetuosamente lo que sienten (asertividad). Debe promoverse el juego en equipo (respeto por las reglas, premio al esfuerzo) y actividades comunitarias como orquestas o coros.
  • Hay que procurar la empleabilidad de los jóvenes y que conozcan muy bien los riesgos de las drogas y del sexo sin protección.
  • Los drogadictos, incluidos los que no han cometido delitos, deben tener acceso gratuito a tratamientos de desintoxicación y a medicamentos que los ayuden a sobrellevar el síndrome de abstinencia (entre ellos, la metadona). A los que, por causa de la droga, han cometido delitos, debe ofrecérseles una reducción apetecible de condena si entran en un programa de reinserción, que incluya controles mensuales de consumo.
  • Hay que promover las discotecas sin alcohol para menores de 18 años, y centros de ocio y deporte (cine, videojuegos, teatro) abiertos hasta horas avanzadas de la noche (las que dicten sus asistentes). Por ejemplo, los impuestos para una discoteca sin alcohol podrían ser cero, o mínimos. Las entradas a estos lugares para los jóvenes deberían ser asequibles, y de acuerdo con los ingresos de sus familias. Siempre saldrá más barato que reprimir las pandillas en que se integrarían los jóvenes ociosos sin posibilidades. Además, como castigo por mala conducta, se podría prohibir la entrada durante varias semanas o meses.
  • La justicia debe ser rápida, sin que los acusados pierdan garantías. Debe transcurrir menos de un año entre la denuncia y la resolución judicial en primera instancia. Pueden admitirse acuerdos entre fiscal y abogado, para evitar juicio, siempre que se demuestre que funcionan. Todo el procedimiento debe ser electrónico, con, si el acusado queda en libertad a la espera de juicio, notificaciones a su teléfono móvil, que estará obligado a llevar encima con el geolocalizador activado y que, si deja de llevar, motivará su inmediata entrada en prisión.

El nuevo progresismo

Escribo esta entrada en respuesta al artículo de Antón Costas Cinco retos para un nuevo progresismo, que para él son los siguientes:

  • Primero. Crear instituciones que favorezcan la estabilidad macroeconómica y la preservación de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, pensiones). 
  • Segundo. Fortalecer la política contra los monopolios, los cárteles y los privilegios concesionales y corporativos. Estas actividades, que elevan precios y márgenes, son como sanguijuelas que sangran la renta y el bienestar de los consumidores. 
  •  Tercero. Dar un giro radical a las políticas empresariales. Virar el rumbo desde la rentabilidad hacia la productividad. 
  • Cuarto. Un Estado menos intervencionista y más innovador y emprendedor. La rivalidad entre Estado y mercado es un tópico interesado de la «Belle Époque». 
  •  Quinto. Un nuevo Estado social volcado en la igualdad de oportunidades. Las políticas actuales del Estado del bienestar y el sistema fiscal protegen bien el bienestar de las generaciones mayores y de las clases acomodados, pero dejan desprotegidas a las generaciones más jóvenes.

Yo opino, en cambio, que el progresismo consiste en mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de los habitantes de un país. Cada país tiene necesidades muy diferentes. En España los partidos progresistas deberían  orientarse hacia la consecución del pleno empleo. En Alemania o Reino Unido, donde ya está conseguido, hacia mejorar los salarios y condiciones (conseguir, por ejemplo, jornadas completas para quienes, a su pesar, las tienen parciales, o reducírselas a quienes las tienen abusivas). En naciones como Marruecos, hacia proporcionar vías de comunicación, agua, saneamiento, vivienda y energía a todos sus habitantes, y una vez conseguidas esas metas, hacia crear sistemas eficientes de sanidad, educación, justicia y pensiones.

No hay que confundir el progresismo con el liberalismo ni con el intervencionismo. El progresismo quiere sinceramente que todos mejoren. El liberalismo finge creer lo mismo y aboga tramposamente por más libertades económicas, que solo conducen al medro de los que ya están más avanzados. El intervencionismo se lanza a estorbar la actividad económica con medidas destiladas de ideologías caducas en vez de la experiencia.

Supongamos una carrera de diez atletas, uno muy bueno, seis normales y tres malos. El liberalismo dejarán que corran tal cual, sabiendo quién ganará, y gustándole, porque es hijo del supuesto liberal. El intervencionismo atará pesos en las piernas del mejor y quizá ponga muelles en los pies de los peores. El progresismo dejará que corran, pero aplicará al ganador un impuesto razonable sobre sus ganancias y con los ingresos ayudará a los más rezagados.

Lo que el progresismo debe tomar por bandera en todos los países es un combate sin cuartel contra el fraude fiscal. No solo en los países desarrollados, eliminando los pagos en efectivo, como ya ha hecho Dinamarca, sino para todo el mundo, acabando con los paraísos fiscales que drenan los recursos de los pobres. Eso sí, estableciendo límites para evitar el expolio fiscal. Como referencia, los impuestos directos anuales no deberían superar, ni siquiera para los más ricos, el 49 % de la renta ni el 1 % del patrimonio. Y los indirectos no deberían sobrepasar el 25 %.

Estos ingresos deben emplearse para mantener sistemas eficientes de sanidad, educación, pensiones y dependencia (redes suficientes de guarderías para niños de corta edad y de residencias atendidas para mayores y discapacitados psíquicos) que, bien administrados, SON PERFECTAMENTE SOSTENIBLES e incluso muy positivos para una economía desarrollada (generan mucho empleo, de calidad, no deslocalizable, y permiten a las mujeres incorporarse masivamente al mercado laboral). QUIEN DIGA QUE SON INSOSTENIBLES MIENTE INTERESADAMENTE. 

Eso sí, hay que poner el énfasis en la buena administración. Un sistema sanitario moderno y eficiente debe tomar la prevención de enfermedades (diabetes, hipertensión, obesidad, corazón, cáncer) como su primer objetivo, y enseñar a los enfermos crónicos a controlar ellos mismos su padecimiento. 

Tampoco se debe aceptar que un buen sistema educativo es necesariamente caro: los países que mejores resultados obtienen en el informe PISA no son los que más gastan por alumno. Se ha visto que dotar a cada alumno con el último dispositivo tecnológico (cuando redacto esta entrada, tableta táctil) incrementa muchísimo el gasto y empeora los resultados. Es sustancialmente más importante que a los chicos les interese realmente aprender (y a sus padres, que aprendan), que les guste leer, que estudien y que tengan buenos profesores.

Igualmente, no es necesario internar en residencias a todos los mayores. Buena parte de ellos pueden seguir viviendo en sus casas, que además es lo que quieren, con, en algunos casos, ayuda domiciliaria (compra, cocina, limpieza, acompañamiento al médico…). Ni jubilar a personas que pueden y desean continuar trabajando. 

Y por supuesto, el progresismo no debe aspirar solamente las vidas de los habitantes del país donde gobierne, sino también las del resto del mundo. Resulta perfectamente inútil esforzarse en dar a los ciudadanos una existencia casi perfecta (ver el notable artículo sobre Australia de John Carlin) si el agujero de ozono les impide salir a la calle de día (esto estuvo cerca de pasar precisamente en Australia, pero la cooperación internacional eliminó los gases que producían este agujero). De nada sirve que los contribuyentes de un país hayan desperdiciado billones de dólares en excelentes carreteras, escuelas y hospitales si los azotan sequías, incendios y huracanes provocados por las emisiones de gases de efecto invernadero en otros países (esto pasa ahora mismo en Estados Unidos).

Los cazadrones

No, no quiero decir «cazadores». Me refiero a dispositivos capaces de abatir, inutilizar o impedir el paso a drones, es decir, aparatos voladores teledirigidos de cualquier tamaño.

Al principio de la Primera Guerra Mundial, la fuerza aérea constaba de globos, que, con un observador, se elevaban para comprobar la precisión de la artillería. Poco después vinieron los aparatos de hélice, biplanos y triplanos. No iban armados y solo ejercían funciones de observación. Cuando se encontraban en el aire dos pilotos enemigos, se saludaban con la mano. Pero un día a uno se le ocurrió llevar un arma, y comenzó una desenfrenada carrera tecnológica. En poco tiempo los aviones empezaron a llevar ametralladoras, a sincronizarlas con la hélice, incluso a disparar por el eje de la hélice…

Con los drones pasará lo mismo: en los países desarrollados empezaron a usarse como meros juguetes. Nada que ver con los drones de guerra tipo Predator, que portan misiles de gran alcance y potencia. Estados Unidos los emplea para matar, yihadistas dice.

Pero ya hemos tenido episodios inquietantes: drones desconocidos han sobrevolado París, la residencia del Rey en Madrid y la Casa Blanca. En los dos primeros casos no se ha conseguido identificar quién estaba detrás. Estos drones pueden recoger información sensible (con mayor dificultad, transmitirla por radio, pues en la mayor parte de los casos se tratará de imágenes de alta resolución, y se preferirá almacenarlas en el dron para descargarlas cuando vuelva con su dueño) e incluso ser empleados para atentar contra personas e instalaciones o para sabotajes.

Urge por tanto disponer un sistema de defensa contra estos aparatos. Los misiles antiaéreos convencionales no sirven: están diseñados contra aviones, mucho más rápidos, que desprenden mucho más calor y que son grandes masas metálicas. Es posible que sirvieran francotiradores humanos, con munición especial,  tipo perdigones, como la que se usa para cazar pájaros, pero habría que hacer ensayos y, si resulta eficaz, entrenar personal. Los francotiradores están adiestrados para disparar a blancos fijos en el suelo. No es lo mismo un blanco móvil en el aire.

También podrían emplearse aves de cetrería, por ejemplo halcones, pero vuelve a surgir la duda sobre si serían efectivos: quizá se asustaran del ruido, quizá no tuvieran la suficiente fuerza, tal vez sirvieran para un tipo de drones, pero no para otros… Hay que hacer pruebas.

Asimismo se podrían emplear drones de caza, más rápidos que los normales y con menor autonomía, equipados con un sistema que permitiera derribar (mejor que destruir; si se hace caer a tierra el dron enemigo, se puede determinar la información que estaba robando) al aparato contrario: ¿un carrete de hilo fino y resistente uno de cuyos extremos se pegara a él, mientras que se desenrolla, y acaba tocando tierra? ¿Una red que se despliegue automáticamente en el aire y le atasque las hélices? ¿Drones-lapa, con dispositivos tipo gancho, para aferrarse al enemigo, y parar entonces sus hélices, haciendo caer la pareja por su propio peso? 

Como mecanismo de defensa pasiva, se podría «cubrir» edificios sensibles con grandes redes de malla muy abierta (un metro, por ejemplo). Visualmente, apenas se distinguiría, pero en el aire constituirían un obstáculo insalvable para un aparato teledirigido.

Hay tal cantidad de posibilidades… Poner a punto las más eficaces llevará muchos experimentos y mucho tiempo. No digamos desplegarlas. Cuanto antes se empiece, mejor.

Cómo deben ser las ciudades

Las ciudades bien planificadas, donde desde el hogar se puede ir a pie al trabajo o al ocio, son las mejores. Lo ideal es que la gente trabaje y se divierta sin salir del barrio donde vive. 

Integración modal: intentar que todos los ciudadanos tengan a su alcance al menos un modo de transporte público (metro, autobús, tren, tranvía…). Y a ser posible, que no se solapen (por ejemplo, no tiene sentido que una línea de autobuses repita el trazado de una línea de metro). Son recomendables los pactos sociales por la movilidad (qué líneas de transporte público se hacen, qué aparcamientos disuasorios se construyen, qué carreteras se amplían…) respaldados directamente por los ciudadanos.

Si la trama urbana es poco densa (porque hay muchas viviendas unifamiliares o muchas áreas vacías) resulta difícil encontrar soluciones de transporte urbano eficaces y sostenibles. Los nuevos barrios deben planificarse en alta densidad (modelo Benidorm). Las zonas de residencia, trabajo y ocio no deben colocarse en extremos diametralmente opuestos de la ciudad, sino que deben entremezclarse tanto como sea posible, y planificarse nuevas centralidades (es decir, en lugar de un solo centro al que los ciudadanos acudan, debe haber más de uno).

Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
diciembre 2019
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