Los cursos de formación
Los cursos de formación a desempleados, y de reciclaje profesional, son en España, desgraciadamente, pasto de ladrones. Tres de cada cuatro cursos que revisó el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2014 presentaban irregularidades: como botón de muestra, hubo un alumno superaplicado que se apuntó A CIENTO UN CURSOS.
En Andalucía el escándalo de los ERE se mezcla con el de cursos de formación . Este último podría ascender a 950 millones de euros (el importe de las subvenciones entre 2008 y 2011 no justificadas debido al sistema de exoneraciones). Hay abiertas investigaciones en siete de las ocho provincias de la comunidad.
En Madrid, el caso Aneri asciende a diecisiete millones de euros malversados.
Jordi Évole dedicó un programa entero a esta plaga, y además de los habituales alumnos inexistentes y firmas falsas, denunció que empresas de formación secuestran a la fuerza parte del sueldo de los profesores, acompañándolos al banco a cobrar el cheque, y quedándose con una cantidad. Si no lo aceptan, no los vuelven a contratar. Esto es chantaje mafioso en estado puro. Absolutamente intolerable.
El Gobierno de Susana Díaz va a cambiar el sistema de adjudicación para que absolutamente todas las convocatorias se hagan por concurso público, y sin exoneraciones. Se fijará también el tope de dinero que una misma entidad puede recibir para que se repartan los cursos entre más adjudicatarios.
En todo el caso, tan malo es que se robe el dinero y no se imparta el curso como que se imparta un curso que no le sirva al desempleado para encontrar trabajo. Un problema menor sería que se imparta a diez parados un curso que efectivamente les facilite salir de esa situación, pero que se cobre al Estado como si se hubiera impartido a quince, por ejemplo falsificando firmas de asistentes.
Hay que acabar con este saqueo de una santa vez. Todo robo del dinero público es inadmisible, pero cuando contribuye a agravar el principal problema del país, lo es doblemente. Para ello es necesario tomar medidas que, primordialmente, aseguren que el curso le va a servir realmente al desempleado (o va a servir efectivamente para el reciclaje profesional del trabajador). Secundariamente, medidas que garanticen que el curso se imparte y se cobra al Estado por el número auténtico de alumnos que lo han recibido. Y en un tercer escalón, medidas para impedir que los profesores sean extorsionados.
Grupo 1
– Solo se podrán impartir cursos que hayan pedido efectivamente los posibles alumnos, o en los que las empresas que podrían contratar trabajadores estén interesadas. Es decir, las Administraciones no podrán tener un catálogo de cursos inútiles, como corte y confección o mecanografía, ofrecerlos, y decir que gastan en formación. Basta de paripés. Serán los alumnos los que, a través de una página específica de Internet, y verificando su identidad, podrán pedir periódicamente un curso en el que estén interesados. Por ejemplo, una secretaria en paro pide un curso de programación de aplicaciones para smartphone. Un tornero que está trabajando solicita un curso de CNC (Computer Numerical Control). Un desempleado tendría derecho a solicitar un curso cada, digamos, dos meses, y un empleado, cada seis. El catálogo de la página sería totalmente abierto, es decir, estaría organizado por temas generales (informática, mecánica, electricidad, albañilería…) pero dentro de cada rama específica, si el curso que interesa al alumno no existe, la página le permite añadirlo al catálogo, y además, que otros que vengan después de él también lo pidan. Para las empresas, igual, solo que en lugar de DNI electrónico se identificarían con el certificado electrónico de la empresa. Obviamente, los alumnos podrían ver cuáles son los cursos más solicitados por las empresas. Las empresas que ejercieran actividades de formación no podrían solicitar cursos (para evitar que solicitaran aquellos que ya imparten, que son muy cucas).
– Cuando se alcance un determinado número de solicitudes para un curso, la Administración estará obligada a impartirlo, especialmente si el número de empresas solicitantes es elevado y hay un número suficiente de alumnos que lo han pedido. No podrá alegar que no hay profesores, material o locales. Que los busque.
– Si un posible alumno solicitó un curso que se va a celebrar, pero en otra localidad, tiene derecho a beca. Se le adelanta primero la mitad del dinero. Cuando termine el curso, debe pasar un examen sobre los conocimientos impartidos. Si lo aprueba, se le da la otra mitad. Si lo suspende, debe devolver lo que se le adelantó.
Grupo 2
– Todos los cursos serán presenciales. Es absolutamente lamentable que la trapacería hispánica obligue a ir contra los tiempos. ¡Con lo baratos y eficientes que serían cursos telemáticos! Pero conociéndonos, no queda otra. Informáticamente es demasiado fácil falsificar asistencias y seguimiento de cursos telemáticos.
– Los cursos solamente los impartirán empresas contratadas por la Administración (los organismos estatales o autonómicos de empleo) a través de concursos públicos y transparentes. No los podrán impartir, ni contratar, sindicatos ni asociaciones empresariales. Dejarán de recibir fondos para este fin. Demasiadas veces han hecho mal uso del dinero público. La Administración se corromperá, por supuesto, pero si todos están en la pomada, será mucho más difícil que se denuncie y combata la corrupción . Ejemplos: las tarjetas de Cajamadrid y el asesinato en el Orient Express: como todos eran cómplices, nadie decía palabra.
– Antes de empezar cada jornada del curso, el profesor pasa lista de un modo muy riguroso: los alumnos, de pie junto a él, van diciendo su nombre. El profesor comprueba que está en la lista, y en ese caso, el alumno le entrega su DNI. El profesor comprueba que es auténtico y corresponde al nombre. Entonces el alumno firma en su cuadro de la lista, bajo la mirada del profesor, y el profesor introduce el DNI por la ranura de una caja cerrada con llave, que solo él tiene y de la que es responsable. Solo lo entregará cuando termine la jornada del curso (en ningún otro caso, ni para desayunar, ni para almorzar, ni aunque el alumno tenga que irse urgentemente al hospital).
– Habrá inspectores de formación. Cada día inspeccionarán al menos cuatro cursos, seleccionados al azar por un programa informático entre los que se estén impartiendo ese día en la localidad (o en la provincia). Avisar a la empresa que imparte los cursos de que se la va a inspeccionar será delito grave de revelación de secretos. El inspector llevará una cámara de vídeo portátil que, al entrar en la empresa, pondrá a grabar, y solo parará cuando salga. El profesor entrará en el local donde se imparta el curso, pedirá al profesor que abra la caja y comprobará los carnés con los alumnos que estén efectivamente presentes. Cualquier irregularidad que advierta será causa de la suspensión automática y definitiva del curso, que no se pague a la empresa y las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Cuando el inspector vuelva a las oficinas de la Administración, volcará las grabaciones en el sistema informático. Sus superiores tendrán la obligación de revisar al menos una de ellas cada dos días.
– No se podrán presentar a concursos empresas en las que los inspectores hayan detectado irregularidades, ni tampoco empresas que tengan administradores, consejeros o apoderados que lo fueron anteriormente de empresas tramposas.
Grupo 3
– La empresa adjudicataria de los cursos pagará siempre a los profesores mediante ingreso en la cuenta del profesor (no en efectivo ni por cheque).
– La empresa comunicará a la Administración los datos de los profesores que haya seleccionado para impartir el curso.
– La Administración advertirá expresamente a los profesores por carta que, si la empresa les exige parte de su salario para contratarlos, deben comunicar a la Administración esa práctica. En ese caso la Administración denunciará a la empresa ante los tribunales por chantaje y delito contra los derechos de los trabajadores, suspenderá inmediatamente el curso y su pago, y excluirá a la empresa de posteriores concursos.
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