Los servicios secretos
El reciente caso de espionaje generalizado a políticos catalanes, que viene a unirse a los seguimientos indebidos realizados en la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto la necesidad de imponer límites legales a estas vergonzosas actividades.
Es necesario modificar la Ley de Seguridad Privada para que, por un lado, las empresas de detectives tengan prohibido realizar sus actividades por encargo de instituciones públicas y partidos políticos, bajo pena de cárcel, y por otro lado, los políticos electos y resto de miembros de un partido político, no puedan contratar con dichas agencias, bajo la misma pena.
Asimismo, estará prohibido para dichas agencias investigar a partidos políticos, sus miembros o a instituciones públicas.
Los partidos, cargos electos, jueces, etc., que sospechen que están siendo objeto de escuchas, vigilancia o seguimiento, deberían poder recurrir al Centro Nacional de Inteligencia para que lo comprobara. En caso de que su sospecha se demostrara infundada, pagarían una tasa razonable por los gastos.
La organización de los servicios secretos varía según los países. En España solo existe el CNI, que por su ley reguladora puede actuar fuera y dentro del país, y además existen servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En EE.UU. hay hasta16 agencias dedicadas a la información secreta. En el Reino Unido tienen el MI5 para el contraespionaje dentro del país y el MI6 para la acción exterior.
Creo que el mejor modelo es un solo servicio secreto, con capacidad de actuar dentro y fuera del país. Tiene que estar perfectamente coordinado por arriba con Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa. Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por abajo, con la Policía, la Guardia Civil (aunque yo pienso que este instituto armado tiene poco sentido hoy día y que debería integrarse en la Policía Nacional), las policías autonómicas e incluso las locales.
Por supuesto, todo cuerpo policial debe disponer de información muy amplia para cumplir sus funciones de prevenir el delito y castigar a los delincuentes. Y esta información debe ser secreta. Pero la diferencia con unos servicios de inteligencia es que esta información la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones de persecución del delito. Es decir, la finalidad de la Policía no es obtener información, mientras que la del CNI (está en su propia denominación, «inteligencia»), sí. El departamento de información de la policía no tendrá personal dedicado a obtener esa información. Tendrá informáticos y documentalistas dedicados a compilarla, filtrarla, organizarla y ponerla a disposición de los agentes de policía y de los jueces.
Otro aspecto de los servicios de inteligencia que genera fricciones es su relación con la acción diplomática. Demasiado a menudo el embajador de un país en otra nación es el jefe local de los espías, lo cual da lugar a episodios vergonzosos de diplomáticos implicados en espionaje que son expulsados. A mi entender los diplomáticos deberían obedecer estrictamente las leyes del país huésped en lo que se refiere a obtención de información (lo que normalmente equivaldría a sacarla de fuentes públicas: periódicos, sitios virtuales de organismos, etc.). Otra cosa son las necesidades del servicio secreto. Por ejemplo, si un país sospecha que otro prepara una agresión, yo lo creo legitimado para mandar a sus espías, sobornar a cargos militares, instalar micrófonos ocultos, etc., pero el embajador no debería ser informado de estas actividades, y mucho menos dirigirlas. Eso sí, su Ministerio de Asuntos Exteriores sí debe estar informado de la actividad de los espías y dirigir la actividad del embajador de acuerdo con lo que se vaya sabiendo.
Vente a Gente
