Libertad y responsabilidad de precios
Debe haber libertad para que las empresas privadas fijen todos los precios de los productos y servicios que se ha decidido que suministren (sobre qué productos y servicios es preferible dejar a la iniciativa privada y cuáles deben ser asumidos por el Estado, ver Público y privado). Que el Estado fije precios conduce a situaciones de escasez (Venezuela, por ejemplo), desabastecimiento (las famosas tiendas de estantes vacíos de la antigua Unión Soviética), beneficios excesivos (suministro de gas en España) o consumo irresponsable (precios de los carburantes en China).
El precio es un indicador fundamental de lo que la sociedad necesita ese producto o servicio y de lo que está dispuesta a pagar por él: no debe ser alterado en ningún caso por decisiones directas del Estado sobre ese precio, ya que se destruye así un valioso visor sobre la realidad y se anula el estímulo empresarial para invertir en sectores en auge.
La única excepción son los medicamentos de valor terapéutico y con patente en vigor. En este caso el sistema sanitario del país debe negociar con la compañía farmacéutica un precio razonable acorde con lo que aporta la nueva medicina y sus costes de investigación.
El que un sistema de precios libres ponga productos de primera necesidad fuera del alcance de amplias capas de la población no debe ser obstáculo para implantarlos. Los precios subvencionados llevan a un exceso de consumo y un sobrecoste para el Estado. Creo mucho mejor un sistema de devolución inmediata (por ejemplo, mediante tarjeta electrónica) a las personas pobres de la parte del importe que se considere oportuna, y siempre que el consumo de esa persona pobre no supere unos límites razonables.
Esto, por supuesto, no quiere decir que un Gobierno no deba tomar decisiones que afecten indirectamente a los precios. Por ejemplo, si se percibe que se está hinchando una burbuja inmobiliaria, es perfectamente adecuado que el Gobierno suba los impuestos por tenencia de inmuebles, que baje el límite de años a los que puede concederse una hipoteca, o el porcentaje sobre el valor de tasación, etc. Si observa que la electricidad está muy cara respecto a otros países de condiciones similares, debe revisar si las interconexiones con otros países están funcionando correctamente y tienen la capacidad adecuada, si no se están produciendo acuerdos ilegales entre productores y distribuidores, etc. Pero precisamente es un precio sin intervenir el que permite darse cuenta de esos fenómenos y ver si las medidas que se toman son efectivas (consiguen bajar el precio). Lo que no debe hacerse es fijar un precio del suelo o de la electricidad.
Eso sí, los precios de los servicios que tienden al monopolio natural (electricidad, gas, carburantes, telefonía y acceso a Internet) tienen que estar sujetos a responsabilidad: en cada compañía suministradora una persona física, empleada de esa compañía y residente en el país, tiene que firmar los precios de la compañía cada vez que ésta decida un cambio. Nada de comités de precios donde la responsabilidad queda diluida. Y si los precios sin impuestos firmados por esa persona exceden en más de un 15% a la media de los países con una situación económica comparable (para España, por ejemplo, serían Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), se consideran predatorios, la compañía es multada con el doble del exceso, que se devuelve a sus clientes, y esa persona va a la cárcel al menos durante dos años.
Para poder realizar esta labor con garantías, obviamente el Estado no puede confiar en los precios que le suministren las propias compañías; en cambio, el Estado debe tener acceso a la base de datos de facturación de esas compañías para saber, digamos, que en el pasado semestre se ha facturado a 352.270 clientes un precio de 47,26 euros, IVA incluido, por su conexión ADSL. Debe calcular los promedios, que han de ser públicos (actualmente lo son, véase EUROSTAT) y tomar las medidas punitivas adecuadas si detecta abusos.
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Vente a Gente
El Gobierno quiere poner un recargo a los «beneficios derivados de los márgenes excesivos» de las empresas petroleras.Según fuentes de Hacienda, no se trata de aumentar la carga de los impuestos que ahora gravitan sobre los precios finales de la gasolina o el gasóleo y que paga el consumidor final. Lo que se pretende es establecer un recargo, tipo tasa, que gravaría los márgenes excesivos que incluyen las compañías en la confección de sus precios iniciales.Ese recargo será posiblemente un porcentaje sobre esos márgenes excesivos que superen la media de los establecidos en la UE. De esta forma, el Ejecutivo pretende reducir ese precio final que actualmente empobrece más al consumidor y a las empresas. Fuentes del sector, por su parte, apuntaban a un «recargo de un céntimo por litro contra el margen, impidiendo luego que éste sea repercutido al precio final bajo amenaza de multa».
La determinación del precio de la electricidad por mecanismos de mercado con los recargos apropiados para cubrir otros costes del sistema es compatible conla existencia de tarifas sociales para los consumidores más desfavorecidos. Sin embargo, la aplicación de dichas tarifas debe limitarse a casos excepcionales y tasados. La política energética no debería utilizarse como mecanismode redistribución de los recursos a los sectores poblacionales más desfavorecidos por dos motivos: 1) existen herramientas políticas más eficientes, y 2)la distorsión por injerencia regulatoria acarrea graves problemas en cuanto a la toma de decisiones de los agentes económicos.