Por una política agrícola común más justa
La PAC tiene cinco objetivos:
- Aumentar la productividad
- Asegurar un nivel de vida justo a los agricultores
- Estabilizar los mercados
- Asegurar el suministro de alimentos
- Proporcionar a los consumidores precios razonables
Para ello dispone de las siguientes herramientas:
La PAC actual tiende a sustituir las ayudas a la producción por el pago único a la explotación. Cada país puede decidir si este pago se establece por explotación o por región. Las explotaciones beneficiarias de este pago único pueden decidir con libertad qué producen, excepto fruta, verdura y patatas destinadas a consumo humano. En cuanto a los precios de intervención, sólo se interviene en el trigo, mantequilla y leche desnatada en polvo. Las cuotas lecheras se irán incrementando gradualmente hasta desaparecer en 2015.
En 2010 la PAC supuso el 42% del presupuesto de la UE: 31% en ayudas directas a productores y 11% para desarrollo rural. Estas políticas de desarrollo giran en torno a tres ejes:
La reforma que se pretende llevar adelante, tras un largo proceso de discusión pública, se basa en pagos directos. Estarán condicionados al cumplimiento de pautas ambientales, rotación de cosechas y bienestar animal. Pretende reducir significativamente las diferencias entre granjeros, regiones y Estados miembros. Los granjeros jóvenes que comiencen su actividad recibirán un pago extra del 25% durante sus primeros cinco años.
A mi entender, el objetivo de aumentar la productividad ha quedado obsoleto y debería eliminarse. El propósito de la política agrícola debería ser conjunto: asegurar un nivel de vida justo a los agricultores a la vez que se promueve la eficiencia en la producción de alimentos.
Para esto, lamentablemente, el mercado no sirve, porque la naturaleza inestable del clima propicia buenas y malas cosechas, que a su vez causan rachas de bajos y altos precios. Es necesaria una planificación cuidadosa. Se debe intentar, para cada cultivo, el autoabastecimiento dentro de cada país siempre que en ese país, por sus condiciones climáticas y de suelo, ese cultivo consiga un rendimiento mínimo (por ejemplo: no tiene sentido subvencionar el cultivo de olivos en Suecia, pero sí granjas lecheras).
Las autoridades públicas deben conocer las características de cada explotación agrícola (extensión, tipo de suelo, climatología, irrigación…) y recomendar cultivos adecuados para ella. Si el agricultor decide plantar alguno de esos cultivos, cuando los venda en el mercado (y solo si los vende) tendrá garantizado un precio que le permitirá cubrir los costes de producción y obtener un beneficio. Si vende el producto a un precio superior al de los costes de producción y el beneficio, no recibirá subvención. Todos los gastos de un agricultor en insumos agrícolas (semillas, abonos, maquinaria…), y todos los ingresos por ventas de esos productos a intermediarios registrados se harían mediante una tarjeta, lo que permitiría almacenar, controlar y computar la actividad y, si lo necesita, subvencionarla.
Cuando el rendimiento de un cultivo en un país sea inferior al mínimo, pero ese país consuma ese producto, se incrementarán las posibilidades de producción protegida en otros países. Por esos es tan importante una política común, porque se necesita casar millones de datos de producción y consumo, en constante evolución y sujetos a rápidas oscilaciones climáticas o cambios de hábitos de consumo, más lentos.
Creo que los esquemas de desarrollo rural debe mantenerse. El núcleo de mi propuesta es: se subvenciona la producción de lo necesario, y solo si es necesaria la subvención. La sobreproducción debe evitarse. Es mejor, incluso, una pequeña infraproducción (por ejemplo, si la UE consume anualmente 10 millones de toneladas de leche, asegurar la producción de 9,8 millones y dejar que el resto se cubra mediante importaciones. Sobre todo deben evitarse las subvenciones a la exportación, que hunden los mercados de los países en desarrollo (y por supuesto, aparte de eliminarlas en el UE, promover su eliminación en otros países, particularmente EE.UU.).
Aprovecho para comentar que este esquema se debería extender a todo el mundo, porque las disfunciones del sistema de producción de alimentos causan gravísimos problemas: hambres, ruinas y disparo de los precios. La FAO debería desarrollarse para constituir un órgano mundial de planificación agrícola y recomendaciones para un cultivo equilibrado.
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Vente a Gente
La propuesta europea que se discute estos días veta la concesión de los llamados pagos directos a aquellos perceptores que no alcancen a ingresar por esta vía ni un 5% de su renta total. Se entiende que así quedarán excluidos los que se dedican mayoritariamente a otras actividades que nada tienen que ver con la agricultura o la ganadería. Este límite no se aplicaría a aquellos que hayan percibido menos de 5.000 euros anuales porque pueden estar complementando su actividad habitual con alguna pequeña explotación agraria.Pero la propuesta no convence a todos. El Tribunal de Cuentas Europeo considera que ese tope dirigido a excluir a “aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas” de los que perciben estas ayudas, “no impedirá que aquellas personas que no ejercen, o solo marginalmente, una actividad agraria se beneficien de los pagos directos”.La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también matizaría este nuevo criterio. Cree que el tope debería establecerse de otra manera, con la vista puesta en la producción: “No deberían recibir ayudas aquellos que ingresen con la venta de sus productos agrícolas menos del 25% de su renta total”. Considera que de esa manera los agricultores de verdad quedarían distinguidos del resto. La organización agroganadera Asaja tampoco está de acuerdo con ese límite del 5% de ingresos que propone Europa, pero por otros motivos. “Puede dejar fuera a algunos agricultores por el hecho de percibir rentas mayoritarias de otros sectores productivos”, dice Ignacio López, director Internacional de Asaja.López explica que “no debería importar la persona que lo percibe, sino quién genera empleo en este sector, produce y cuida el medio ambiente”. La UPA comparte solo una porción de este razonamiento y pide que en la reforma haya “un filtro para las ayudas a las hectáreas no productivas”.