Archivo 27 octubre, 2011
Por la transparencia
Extracto del artículo en El País de Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, que integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.
- Ley de transparencia y acceso público a la información.
- Creación de un portal nacional de transparencia pública que ponga a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español.
- Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción.
- Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos.
- Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses.
- Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa: mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.
- Obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales.
- Ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas o ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.
- Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas. Deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.
- Pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, refuerce las sanciones, asegure la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción, y coordine las actuaciones en la materia.
Además proponen:
1. Crear un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.
2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.
3. Implantar en todos los partidos políticos un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.
4. Para fomentar la transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se debería:
a) Analizar los procesos administrativos para simplificarlos tanto como sea posible, y publicar periódicamente los correspondientes indicadores y resultados.
b) Desarrollar la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos
c) Evaluar y publicar los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.
d) Establecer e impulsar un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).