Archivo 14 junio, 2011
Los órganos colegiados
Otra vez sumidos en el bochorno: tres magistrados del Constitucional han dimitido (sin que se les haya aceptado su dimisión) para exigir su renovación. Llevan meses con el mandato caducado porque los partidos no se ponen de acuerdo. Pero si la falta de acuerdo nos sume en la vergüenza, los acuerdos a los que se llegan luego despiertan indignación, pues ponen en los más altos órganos del Estado, los que deben decidir de manera incontestable sobre asuntos extremadamente espinosos, a peones de los partidos, personas sin criterio propio que solo intentan satisfacer las instrucciones de quien los ha puesto allí. Otros magistrados decentes se niegan a entrar en el juego de rendir sumisión a los partidos, de modo que al final quienes son elevados a los altos órganos son los trepas y serviles.
La democracia consiste en el gobierno del pueblo, en que el pueblo elige a sus representantes. Pero permitir que esos representantes extiendan su poder (mejor dicho, su afán de mangoneo) a todos los resortes del funcionamiento de la sociedad no es democracia; es partitocracia. El lugar adecuado para los representantes electos es el Parlamento, elaborando leyes; el Gobierno y los Ministerios, ejecutando esas leyes y gestionando; y los Ayuntamientos, dirigiendo las ciudades. Pero en órganos colegiados donde se deciden cuestiones de otros ámbitos, si queremos una auténtica separación de poderes, no deberían estar presentes. Los miembros de estos órganos (el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Radio Televisión Española, el Consejo Económico y Social, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etc.) no deberían ser elegidos, sino sorteados entre personas con al menos veinte años de experiencia en su ámbito, que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones, y que, por supuesto, hubieran entrado voluntariamente en el sorteo.
De esta forma un magistrado honorable, que los hay, y son mayoría, podría postularse para órganos superiores sin pagar ningún peaje ni rendir pleitesía a los partidos. Los afortunados desempeñarían el cargo cinco años, sin posibilidad de volver a entrar en el sorteo, y sólo podrían ser apartados de él por mayoría de cuatro quintos de sus propios compañeros en caso de delitos o dejación grave de sus funciones.
3Cómo conseguir unas agencias de calificación beneficiosas
En su funcionamiento actual las agencias de calificación son dañinas para los mercados, la economía y los ciudadanos. Tienen buena parte de responsabilidad en la Gran Recesión al haber calificado favorablemente los paquetes de hipotecas basura que contaminaron como una plaga todo el sistema financiero y lo habrían hundido de no ser por la intervención de los gobiernos (la otra parte la tienen quienes crearon ese sofisticado veneno). Lo hicieron así porque cobraban de los creadores de estos instrumentos maléficos para darles una calificación favorable. Como pagar al profesor para que te apruebe, vamos. Ahora estas agencias son poseídas, accionarialmente, por grupos que hacen negocio gracias a sus calificaciones, especialmente en el caso de deuda soberana.
Hay que acabar con esto, y ya. Se propone que una agencia europea de calificación sustituya al actual tripolio (Standard & Poors, Mooody’s y Fitch), al menos en el viejo continente. Yo no estoy de acuerdo. Esta agencia estaría demasiado sometida a presiones políticas y sus calificaciones serían poco fiables. Creo preferible que una agencia de calificación tenga que ser, obligatoriamente, una cooperativa de personas con al menos diez años de experiencia en el sector financiero (auditores, banqueros, contables…) que nunca hayan sido condenados por delito penal o fiscal, propiedad de sus cooperativistas (socios) y de nadie más.
Deben tener todas la misma tarifa (fijada por el regulador nacional) para examinar y calificar un producto financiero. Y la entidad que lanza ese producto no puede elegir agencia, sino solamente solicitar su calificación. De resultas de esa solicitud se le asigna al azar una agencia, y ésta lo califica de acuerdo a unos procedimientos y parámetros establecidos, públicos y transparentes. Los socios se vuelven financieramente responsables de sus calificaciones, en caso de soborno o mala práctica, con hasta la mitad de su patrimonio personal, riesgo contra el que no pueden asegurarse de ninguna manera (así tendrán más cuidado).
Y por supuesto, ese patrimonio personal solo puede estar constituido por cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo: ni acciones de empresas cotizadas, ni títulos de deuda pública, ni ninguno de los productos financieros que la agencia podría en algún momento tener que calificar.
Esto puede parecer radical, y lo es, pero para nada utópico. Invito a quien crea tener una solución mejor a que comente esta entrada.
4Propuestas para meter a los especuladores en cintura
Transcribo y suscribo las propuestas de Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella, coautores del libro El crack del año ocho, que recoge el artículo del diario Público Las manos muertas aparecido el 14 de junio de 2011:
- No permitir que en un mismo día se realicen varias operaciones sobre títulos que representan el capital de una empresa, o sus deudas a medio y largo plazo, o se vendan y se recompren varias veces en el mismo día títulos de deuda pública con vencimiento aplazado.
- Gravar fiscalmente los beneficios de los bancos en sus actividades no crediticias de modo que se desincentiven.
- Limitar los bienes con los que pueden operar los fondos de inversión, dejando fuera las materias primas agrícolas cuyos productores podrían verse afectados por un excesivo vaivén de los precios.
- Establecer de una vez la tasa Tobin para las operaciones financieras internacionales.
Propuestas fiscales
Propuestas de ICV el 13 de junio de 2011, que suscribo completamente:
- Actuar contra las 699 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar.
- Gravamen especial para los movimientos de fondos con paraísos fiscales
- Negativa a reconocer la personalidad jurídica de las empresas radicadas en esos territorios.
- Recuperar el impuesto sobre el patrimonio.
- Fijar un tipo del 35% en el impuesto de sociedades para empresas que ganen más de cien millones de euros.
Vente a Gente
