Cómo atajar el fraude fiscal
Transcribo párrafos del ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN LA AGENCIA TRIBUTARIA del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Hasta 10 diferentes estudios y evaluaciones de instituciones nacionales e
internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al
23% del PIB [el último estudio nacional, de FUNCAS, la cifra en el 23,7% del PIB], pese a que el Ministerio de Hacienda y la AEAT aún no disponen de una evaluación oficial propia.
Esto supone que más de 240.000 millones de € escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones de € por año. Una reducción parcial en 10 puntos del fraude, del 23% al 13% del PIB, nivel medio que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.000 millones de € (más de 6 billones de las antiguas pesetas), 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo ingresado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude.
El dinero que escapa al fisco proviene, por un lado, de actividades legales que se infradeclaran (talleres, autónomos, agricultores) y por otro de actividades directamente ilegales (narcotráfico, prostitución, facturas falsas, tramas de IVA y paraísos fiscales).
El aumento de la recaudación tributaria se ha apoyado en la recaudación en vía voluntaria de los ciudadanos y empresas, no en el aumento de las actuaciones de comprobación e investigación.
Los empresarios en estimación objetiva (módulos) declaran casi los mismos rendimientos por sus actividades económicas en 2007 que en 1992, cuando comenzaron a tributar por este régimen. Algunos sectores (transportistas, taxis) incluso declaran menos. La situación todavía es más deprimente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues las cuotas a ingresar por estos empresarios se ha reducido desde la aparición del régimen simplificado de IVA en cerca de un 30%. ¿Por qué no se actualizan las cuantías de los módulos, por lo menos en función del IPC?
Además, este tipo de empresas en régimen de módulos son el ámbito idóneo para
generar facturas falsas para otros empresarios que tributen en estimación directa de
IRPF o régimen general de IVA, para el empresario emisor de la factura no supone
más ingreso, mientras que para el receptor supone un gasto en IRPF o una cuota
deducible en IVA. Asimismo, muchos de los proveedores de los empresarios en
módulos que tributan en recargo de equivalencia venden sin factura porque a estos
últimos les resulta indiferente al no poder deducirse sus compras como gastos.
El control de 40.571 grandes empresas que facturan más de 6,01 millones de €,
está encomendado a tan sólo 95 funcionarios. Esta es una de las conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas, de 17 de Julio de 2008, que fiscaliza la actuación de
las unidades de gestión de grandes empresas de la AEAT para los años 2004 y 2005.
El informe revela errores pendientes de resolver en la «gran mayoría» de las
declaraciones informativas de las grandes empresas, sin que se hayan establecido
«medidas correctoras» adecuadas para prevenirlos. En el 37% de declaraciones
erróneas de 2004 y en el 42% de 2005, no se remitió ningún aviso a las empresas.
Asimismo, en el análisis de las declaraciones periódicas del IVA y de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF se observa un «porcentaje significativo» de declaraciones
sin actuaciones de comprobación durante un plazo superior a 6 meses, encontrándose
caducados en un «número reducido de casos» los procedimientos iniciados.
Como consecuencia de la falta de un número suficiente de funcionarios
habilitados para la práctica de inspecciones, otras 57.700 empresas, con una cifra de
negocios entre 1,8 millones de euros y 6 millones de euros, no pueden ser
comprobadas ni investigadas.
Existen en España 17 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos. Ante esta situación surge un claro interrogante ¿Cómo puede hacerse un control adecuado de todo ello con tan sólo 1.600 inspectores (de los cuales casi un 50% son cargos directivos y no hacen gestión directa) y permitirse
tener un 90% de los más de 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos sin funciones
legalmente definidas?
Por otra parte, ante la escasez de medios personales y su deficiente organización,
la comprobación de impuestos se ha orientado hacia el control preferente del 20% de
mayores empresas del país, que ingresan el 70% de la recaudación total. Esta
mentalidad Paretiana en la lucha contra el fraude implica abandonar, en la práctica,
el control sobre cientos de miles de contribuyentes, y empresas a quienes se envía un
mensaje de laxitud y falta de vigilancia.
La AEAT presenta unos ratios de personal muy bajos para afrontar la lucha contra
el fraude fiscal, 1 funcionario por cada 1.680 contribuyentes contra 1 por cada 200 en
los países avanzados de la UE.
La plantilla de la AEAT apenas ha crecido desde 1992 un exiguo 3%, entretanto el PIB ha crecido
un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado en un 123%, con un
espectacular incremento del número de asalariados, empresas, profesionales y sus
cifras de negocio, lo que hace imposible un adecuado control del fraude.
Un análisis del gasto público en los países de la OCDE, The disappearing state?, editado por Francis G. Castles muestra como el Estado español es el que menos gasta (0,06 PIB) en recoger los impuestos, 5 veces menos que Suecia (0,32 PIB).
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Vente a Gente
Carta de Pedro Morante Gutiérrez al diario PúblicoEl problema del IVA y la economía sumergidaDe cara al verano he tenido que arreglar el coche y la casa de la playa. He utilizado un taller de coches, un albañil, un tapicero, un fumigador, un antenista, un pintor, he comprado un decodificador y he pagado la celebración de la comunión de un nieto. Todo esto lo he hecho con un presupuesto previo todo incluido y, como el precio era un poco más caro que en años anteriores, pero muy similar en todas las ofertas, pensé que el IVA estaba incluido en todos. Mi sorpresa vino al comprobar que todas las facturas que me dieron al acabar el trabajo (sin membrete, por supuesto) coincidían con el presupuesto, pero no aparecía IVA ninguno, lo cual me hace pensar que yo he pagado el impuesto pero mis proveedores no. ¿Cómo puede funcionar así un país? ¿Por qué Hacienda no busca una fórmula que permita al consumidor desgravarse parte del IVA que paga para así ser más exigente con sus proveedores y exigirles factura con IVA?
La propuesta es: exijo factura con IVA (pongamos que del 18%) y Hacienda me devuelve la mitad (el 9%) o, al menos, el 5%.(De hecho esto ya existe: con el nuevo plan de ayudas a las reformas en viviendas, Hacienda devuelve el 10% de los importes gastados en obras de mejora)Pero no seamos ingenuos: si el operario puede ofrecer un precio «sin IVA» y otro «con IVA», el importe de la «rebaja» (en realidad, del fraude) será muy parecido al de la posible deducción, con lo que el ciudadano tendrá que elegir otra vez entre ser un cerdo (aceptar el fraude) o ser un imbécil (negarse al fraude y pagar más). Se trata de montar el sistema para que, simplemente, el operario no pueda ofrecer dos precios: si la transferencia del ciudadano al operario ha de pasar obligatoriamente por Hacienda, el fraude es imposible.
Luchemos contra el fraude fiscalLos técnicos de gestión de Hacienda, que algo deben saber sobre este asunto, calculan que el montante total del fraude fiscal en España asciende a 88.000 millones de euros anuales, un 72% del cual correspondería a las grandes empresas y fortunas del país. Para poner en su justo valor esta cifra, podríamos decir que supone, aproximadamente, un 7% del PIB, más o menos la previsión del Gobierno de déficit público para este año, lo cual nos situaría entre los pocos países de Europa (y del mundo mundial) que lograría el tan deseado equilibrio presupuestario.Mientras tanto, los candidatos a la presidencia del Gobierno nos van desgranando sus recetas fiscales para hacer frente a la crisis económica: uno nos anuncia subidas de los impuestos al alcohol y al tabaco; otro, rebajas en cotizaciones sociales y «ajustes» y «austeridad» en el gasto, y otro, más subida en los tramos altos del IRPF. Y yo me pregunto: ¿por qué será que ninguno de los partidos que concurre a las próximas elecciones generales incluye en su programa la lucha eficaz y decidida del fraude fiscal, una lacra que no solo supone una merma considerable en los ingresos públicos, sino que, en sus supuestos más graves, es considerado por las leyes como delito penal?
Según un informe que Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, ha enviado a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, titulado «Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis» (http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2011/reducir-el-fraude-fiscal-y-la-economia-sumergida.pdf), la economía sumergida de España en el año 2010 fue del 23,3% del PIB, porcentaje que supone la evaporación de 88.000 millones de euros de impuestos.Pues bien, si solamente se redujese en 10 puntos (hasta el 13,3%), un porcentaje similar a Francia, Holanda, Austria y Suiza, se podrían ingresar 38.500 millones de euros más al año. Bastante más de los 16.500 millones que Rajoy pretende reducir en 2012 según lo anunció en su discurso de investidura, e infinitamente más que lo que supone la congelación del salario mínimo.
Lucha contra el fraude fiscalLa prevención y lucha contra el fraude fiscal permitió recaudar 10.043 millones de euros en 2010, según los resultados presentados el 9 de febrero de 2011 por el secretario de Estado de Hacienda. Las previsiones para 2011, avanzadas por la propia ministra hace casi un mes, hablan de 10.400 millones, el 3,6% más que el año anterior. La vicepresidenta ya ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un plan de control tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012. La noticia añade que el Gobierno considera que se trata de una cantidad muy importante para garantizar la equidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No lo entiendo. Nos presentan como un avance en la lucha contra el fraude fiscal una reducción superior al 20% en el importe de la recaudación. Si esto es un indicio de los avances que vamos a obtener con este Gobierno en la reducción del déficit, aviados estamos.
Hay otras muchas actuaciones que se podrían incluir. Empezando por un cambio de estrategia: los impuestos están para recaudar y no para inducir comportamientos económicos.Subvención, no deducciónSi se quiere incentivar algo, es preferible una subvención que una deducción, porque las primeras son más fáciles de controlar, mientras que las deducciones pueden acabar convirtiéndose en un coladero fiscal. No es lo mismo tener que presentar los papeles para demostrar el derecho a recibir una subvención que aplicar directamente una deducción fiscal que puede que no se revise. Es cierto que es mucho más ágil y fácil de gestionar la vía de las deducciones que la de las subvenciones, pero, en estos momentos en que hay que obtener ingresos como sea, la mejor manera es no desperdiciando los pocos que se tienen.Otro elemento con amplio margen para cerrar agujeros de fraude es el Impuesto sobre el Valor Añadido, y no sólo por el manido “con IVA o sin IVA”, sino porque las tramas mafiosas se están forrando al cobrar devoluciones por un IVA que no ingresan. Lo que es mucho más sangrante, puesto que ya no es que no paguen el IVA, sino que se llevan recursos públicos en una auténtica estafa al Estado.Los inspectores que persiguen estas tramas llegan a decir que el IVA es un impuesto pensado casi para defraudar. Las tramas carrusel, el fraude en el gasóleo, la utilización de sociedades pantalla son, desde hace años, objetivo prioritario en las actuaciones de inspección. Pero lo que se ha demostrado es que es más efectivo cambiar la ley o imponer controles previos que ir después a intentar que una empresa que ya no existe devuelva lo que defraudó.Cuando el sistema permite hacer autofactura, repercutir el impuesto y luego deducirlo, cobrar esa deducción y nunca ingresar el impuesto, algo falla en el procedimiento. Igual que falla que no se hayan adoptado más medidas efectivas contra los paraísos fiscales y el secreto bancario. O que se haya subido el IRPF a las rentas medias sin que se imponga un impuesto a las grandes fortunas. O que varias autonomías sigan sin recuperar el Impuesto sobre Patrimonio mientras recortan el Estado del bienestar.
Los rendimientos del trabajo, que han retrocedido algo en el PIB desde 2007, representan el 85% de lo que el Estado ingresa por IRFP, 13 puntos porcentuales más que hace cuatro años. En ese periodo, las rentas del capital (beneficios empresariales, ahorro, ingresos de autónomos…) han pasado a suponer el 44,9% del PIB, tres puntos más que en 2007.Cuanto mayor es la distancia entre el tipo máximo del IRPF (ahora 45%) y el de sociedades (25% para pymes, 30% para el resto), más se acentúa la tendencia a camuflar como rentas empresariales lo que no son sino ingresos de personas físicas y que, con una aplicación estricta de la ley, deberían tributar en el IRPF. Para esta organización, que aglutina a la gran mayoría de inspectores, habría que conseguir que esos ingresos aportaran más al fisco tributando en renta.Como recetas, los inspectores proponen reformar el régimen de módulos, destinar más medios a la lucha contra el fraude, controlar más a las empresas y reformar la tributación del capital para que favorezca el ahorro a largo plazo, entre otras medidas.
Según los datos publicados el 23 de abril de 2012 por la oficina estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), referidos a 2011, el porcentaje que representaba el gasto público sobre el PIB era por término medio de un 49,1%.Alemania, por ejemplo, presentaba un 45,6, Italia un 49,9, Francia un 55,9 y España un 43,6.Veamos ahora el otro componente: los ingresos. En 2011 el porcentaje que representaban los ingresos públicos respecto al PIB era, por término medio, en la Unión Europea del 44,6% mientras que en España, y sin que ello signifique en absoluto que nuestros tipos impositivos y cotizaciones sociales sean más bajos, se reducía al 35,1%. Es decir, que tenemos un gasto público solo dos puntos inferior al medio, pero unos ingresos casi diez puntos inferiores. Si España consiguiera alcanzar un nivel de ingresos públicos simplemente parecido al de los países de nuestro entorno se dispondría cada año de unos recursos adicionales superiores a 90.000 millones de euros. Estas cifras se aproximan además, curiosamente, a las que se desprenden del análisis realizado recientemente sobre el fraude fiscal en España por la consultora i2 Integrity, según la cual éste ascendería a 70.000 millones de euros al año, de los cuales, a su vez, y según un informe del sindicato de los Técnicos de Hacienda, el 71% correspondería a grandes fortunas y grandes empresas.El fraude fiscal no está en el código genético de los españoles como suponen algunos, que pretenden justificar el fraude con la genética. Hay unos cuantos ejemplos en España que desmienten lo de la genética. Durante muchos años, los responsables de tráfico se manifestaban impotentes a la hora de disminuir las cifras de muertos por accidentes de circulación. También, entonces, se acudía a la genética para eludir responsabilidades y para no adoptar medidas que taponaran esa herida que cada año sangraba más. Bastó con que se adoptaran medidas sancionadoras de cierta dureza para que nuestros genes cambiaran como por arte de magia cuando supimos que podíamos quedarnos sin permiso de conducir o ir a parar con nuestros huesos a la cárcel por hacer lo que hacíamos antes al volante. Cuando fueron modificadas las leyes y la autoridad competente decidió cortar por lo sano, se acabó el cuento y disminuyeron los accidentes y los muertos en los mismos. ¿Por qué no seguir ese mismo ejemplo a la hora de acabar con la genética defraudadora?
Si se reemplazara casi todo el efectivo por transacciones electrónicas, aflorarían unos 70.000 millones de euros en España correspondientes a economía sumergida. Los países con más uso de medios de pago electrónico padecen menos esa lacra.
Cada año, España deja escapar por los sumideros del fraude fiscal 59.515 millones de euros. Es la cifra que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcularon para 2009. Aunque la bola ha ido engordando con rapidez. Los expertos de la red inglesa Tax Justice Network estimaban en noviembre de 2011 que esa elusión alcanzaba los 107.350 millones de dólares (80.900 millones al cambio actual).Una reflexión sencilla revela que si esos 80.900 millones estuvieran en las arcas públicas, España tendría cubierto este año los gastos de sanidad (3.852 millones), desempleo (26.993), educación (1.944), cultura (721), el pago de los intereses de la deuda (38.589) e incluso sobrarían casi 10.000 millones.De fondo, hay nada menos que 50.000 millones de euros (el 41% de lo que este año se llevan las pensiones) de deuda tributaria pendiente de cobro. “Unos 25.000 millones”, revela Pérez Boga, “proceden de empresas que presentaron la autoliquidación, pero no ingresaron el dinero”. Una treta para ganar tiempo y sepultar, gracias a despachos ultraespecializados en fiscalidad, a Hacienda en una montaña de recursos. La nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal aprobada en octubre pasado quiere poner fin a esas argucias.El dinero, los recursos y las manecillas del reloj se conjuran contra los inspectores de Hacienda. Tanto el presupuesto como la plantilla de la Agencia Tributaria caen. De 1.357 millones de euros en 2012 a 1.328 millones este año. Y de 26.668 personas a 23.361. Menos recursos (España dedica el 0,13% de su PIB a la lucha contra el fraude, frente al 0,5% de los Países Bajos) y menos personal para perseguir delitos cada vez más complejos. Y, por si fuera poco, el tiempo es una amenaza. Solo tienen, de forma general, un año para cerrar cualquier investigación fiscal.