Los políticos son necesarios. Alguien tiene que mandar. Y, salvo que aceptemos un sistema en que el mando recae por azar en cualquier ciudadano (que no lo aceptaríamos, no hay más que ver la resistencia de mucha gente a ser jurado, ni creo que llegara a funcionar bien), es necesario que la persona que tiene que mandar recabe votos, reciba apoyos y consiga ser elegido.

Pero el sistema para alcanzar el poder en España adolece de fallos. Una vez que llegan a sus cargos, los políticos están más preocupados de mantenerlos que de cumplir las promesas por las que fueron elegidos. Y después de perder el poder ya tienen la vida resuelta como diputados europeos o consejeros de empresas públicas municipales o de cajas de ahorros. Y no hablemos de la corrupción.

Para luchar contra la mayor lacra que amenaza nuestro sistema político, es necesario que en las listas de candidatos el votante de un partido pueda tachar un número de nombres (por ejemplo, hasta un tercio) sin invalidar el voto. Se computarían los nombres tachados y se restarían esos votos a ese candidato, de modo que a los candidatos sobre los que existen sospechas de corrupción les resultaría más difícil salir elegidos.

También es necesario evitar que la política se convierta en una profesión, porque eso aleja demasiado a los representantes de los representados y da la impresión de que han pedido nuestro voto para solucionarse la vida. Por eso, ninguna persona podría ser reelegida más de una vez para ningún cargo público: ningún alcalde, concejal, diputado nacional, autonómico o europeo, senador, ministro o presidente del Gobierno podría por tanto estar en su cargo más de ocho años. Y ninguna persona debería sumar más de doce años en más de un cargo. Se acabaría por tanto con la costumbre de mandar a Europa a los políticos amortizados. Los órganos de representación no deben ser un aparcamiento de fieles, sino foros donde se elabore la normativa más adecuada para los ciudadanos a los que representan. De la misma manera se procedería con los consejos de administración de empresas públicas (especialmente las municipales) y de cajas de ahorros, donde gente cuya única prueba de valía es que alguna vez estuvo en una lista al Congreso o al Senado vegeta en sinecuras con unos sueldazos vergonzosos, que encima pagamos todos.

Con esa limitación de tiempo veo yo más probable que la gente con auténtico deseo de hacer cosas se pusiera a hacerlas de verdad.