Archivo 8 mayo, 2011

Lo que se debe hacer con los políticos

Los políticos son necesarios. Alguien tiene que mandar. Y, salvo que aceptemos un sistema en que el mando recae por azar en cualquier ciudadano (que no lo aceptaríamos, no hay más que ver la resistencia de mucha gente a ser jurado, ni creo que llegara a funcionar bien), es necesario que la persona que tiene que mandar recabe votos, reciba apoyos y consiga ser elegido.
Pero el sistema para alcanzar el poder en España adolece de fallos. Una vez que llegan a sus cargos, los políticos están más preocupados de mantenerlos que de cumplir las promesas por las que fueron elegidos. Y después de perder el poder ya tienen la vida resuelta como diputados europeos o consejeros de empresas públicas municipales o de cajas de ahorros. Y no hablemos de la corrupción.
Para luchar contra la mayor lacra que amenaza nuestro sistema político, es necesario que en las listas de candidatos el votante de un partido pueda tachar un número de nombres (por ejemplo, hasta un tercio) sin invalidar el voto. Se computarían los nombres tachados y se restarían esos votos a ese candidato, de modo que a los candidatos sobre los que existen sospechas de corrupción les resultaría más difícil salir elegidos.
También es necesario evitar que la política se convierta en una profesión, porque eso aleja demasiado a los representantes de los representados y da la impresión de que han pedido nuestro voto para solucionarse la vida. Por eso, ninguna persona podría ser reelegida más de una vez para ningún cargo público: ningún alcalde, concejal, diputado nacional, autonómico o europeo, senador, ministro o presidente del Gobierno podría por tanto estar en su cargo más de ocho años. Y ninguna persona debería sumar más de doce años en más de un cargo. Se acabaría por tanto con la costumbre de mandar a Europa a los políticos amortizados. Los órganos de representación no deben ser un aparcamiento de fieles, sino foros donde se elabore la normativa más adecuada para los ciudadanos a los que representan. De la misma manera se procedería con los consejos de administración de empresas públicas (especialmente las municipales) y de cajas de ahorros, donde gente cuya única prueba de valía es que alguna vez estuvo en una lista al Congreso o al Senado vegeta en sinecuras con unos sueldazos vergonzosos, que encima pagamos todos.
Con esa limitación de tiempo veo yo más probable que la gente con auténtico deseo de hacer cosas se pusiera a hacerlas de verdad.
2

Coincido con el exsecretario general de energía

Reproduzco a continuación algunos párrafos del artículo del exsecretario general de energía publicado en El País Negocios del 24/04/2011 que están plenamente de acuerdo con con mi anterior entrada Racionalidad energética, pero dan más detalles, algunos muy interesantes. Las negritas son mías.

«Construir nuevos reactores no ha sido seriamente considerado por casi ninguna empresa privada occidental desde hace más de 20 años, al poder producir electricidad con centrales de gas, con menor riesgo financiero y coste más reducido.»

«Muy diferente es la economía de las centrales nucleares en funcionamiento, especialmente en el caso de las españolas, que comenzaron a operar hace más de 20 años y que han llegado a esta etapa dorada a través de un proceso continuado de apoyo público sufragado por los consumidores. Este se tuvo que iniciar en los años ochenta para evitar la quiebra de las empresas privadas promotoras, al aflorar con su puesta en marcha los excesivos intereses intercalarios que habían acumulado durante los 10 años de construcción.

El parón nuclear, tildado de ideológico, fue producto de una mera imposición de buenas prácticas contables y financieras, arropada con la recuperación de las inversiones en los reactores parados a través de un complemento a la tarifa. La situación de algunas de las empresas estaba tan deteriorada que, para que salieran adelante, hubo, además, que forzar intercambios de activos para que las eléctricas públicas asumieran, con el correspondiente soporte tarifario, parte de la carga nuclear.

La chispa desencadenante de la bonanza económica actual de las nucleares vino 10 años después con la liberalización eléctrica de 1997, al reconocerse a toda la producción eléctrica (con hidráulicas, nuclear, carbón o gas) un precio marcado por el coste de la central más cara que funcionara en cada momento. Además, se acordaron unos complementos adicionales de hasta 8.663 millones de euros, denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC) para garantizarles un precio mínimo que asegurara la recuperación de las inversiones efectuadas antes de la liberalización en todas las centrales. La realidad es que, por ese concepto, las eléctricas acabaron ingresando más de 10.000 millones. Además, al cancelar anticipadamente en 2006 los CTC, evitaron tener que devolver esa suma, al percibir luego hasta 2010, fecha inicialmente contemplada, unos precios de mercado mucho más elevados.

De estos hechos se deducen dos consecuencias muy importantes que conviene les sean explicadas muy claramente a los ciudadanos. La primera es que tanto si se aumenta la vida de las nucleares como si se cierra alguna de ellas, las eléctricas tendrán mayores o menores beneficios, pero los consumidores domésticos o industriales, según la regulación vigente, seguirán pagando grosso modo el mismo precio, puesto que este seguirá siendo marcado por el coste de otra central más cara de gas.

Parece, por ello, cuando menos sorprendente que el presidente de la CEOE proclame, en beneficio de solo cuatro de sus empresas y en perjuicio de todas las demás consumidoras, que  «la energía nuclear es fiable, buena, bonita y barata, y da seguridad al sistema con un precio asequible, que es lo que necesita la industria española para competir.

La segunda consideración es que la venta de la energía nuclear-eléctrica a un precio que triplica su coste es una de las causas que impiden reducir el déficit tarifario, ya que la recaudación, al destinarse en primer lugar a pagar la energía generada a ese precio, hace que las eléctricas se tengan que endeudar (con el aval del Estado) para abonar el resto de costes. El déficit no se crea, pues, porque no se cubran los costes reales, sino porque hay un exceso de percepciones reconocidas en la regulación, lo que ha dado lugar a que las tarifas hayan aumentado desde 2004 en más de un 50%, además de haberse generado un déficit adicional de 18.000 millones de euros que los consumidores tendrán que pagar aplazadamente en los próximos 15 años.»

1
Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
mayo 2011
L M X J V S D
    Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031