«Mientras cerca de la mitad de las empresas europeas se quejan de no tener el personal cualificado que necesitan, solo 2 de cada 10 piensan incrementar este año su inversión en formación de la plantilla. Peor aún, el 72% de los responsables de las 500 compañías consultadas por Accenture considera necesario elevar el presupuesto para la formación de sus empleados para ganar competitividad, pero el 86% de los mismos ha hecho justamente lo contrario de lo que propugna, recortando esta partida debido a la crisis.»Volvemos otra vez a lo mismo: el Estado tiene muchísimo que ganar invirtiendo en formación de profesionales demandados por las empresas. Solamente con los impuestos que le cobra a un trabajador en un año ya recupera el coste de formarlo. Y si consideramos que puede que el Estado malgaste miles de euros en formar a esa persona para una profesión que no tiene demanda, todavía es más sangrante.

No alcanzo a comprender cómo después de cinco años en los que se han destruido más de tres millones de empleos, donde la tasa de desempleo es sin duda el problema más agudo y diferencial al que nuestro país se enfrenta, las políticas ACTIVAS de empleo no se han instalado como eje fundamental de las políticas de empleo. El subsidio de desempleo, como eje central de las políticas pasivas, debe servir para garantizar al trabajador una renta digna una vez que ha sido despedido de su empleo anterior. Pero esta renta debe ir necesariamente acompañada de un proceso de activación del trabajador desempleado para volver a encontrar un empleo adecuado a sus capacidades en el menor tiempo posible.Las políticas activas destinadas a los desempleados constan fundamentalmente de dos ejes de actuación: para los trabajadores cuyo capital humano está actualizado, las medidas deben ir destinadas a poner en contacto al trabajador con el máximo número de empresas con vacantes en los puestos de trabajo adecuados a la capacitación del trabajador. ¿Cómo en pleno siglo XXI, con las enormes posibilidades tecnológicas a nuestro alcance, los trabajadores desempleados no disponen de esta información en el momento en que se registran en el Servicio Público de Empleo?El segundo eje de actuación se centra en trabajadores parados cuyo capital humano debe ser actualizado para aumentar su empleabilidad. Para que este segundo eje sea eficaz es crucial que la formación de los desempleados sea adecuada a las necesidades de las empresas y sea evaluada y actualizada permanentemente. Necesitamos cambios estructurales en el diseño y funcionamiento de estos cursos de formación, pero el acometerlos se antoja fundamental para avanzar en la dirección correcta. Las políticas pasivas, como el subsidio de desempleo, si no van acompañadas de unas políticas activas eficaces, abocan al trabajador a un claro riesgo de marginalidad y exclusión social.¿En qué situación se encuentran las políticas activas en nuestro país? A pesar de la tasa de paro a la que nos enfrentamos, en 2012, la partida destinada a las políticas activas ha disminuido en un 21% con respecto a la del 2011 —y eso que España cuenta con más de 400.000 desempleados más que el año pasado—. El argumento dado por el Gobierno para tal descenso fue que estas políticas no eran eficaces. Pues bien, si no son eficaces, cambiémoslas, modernicemos el diseño y funcionamiento de las mismas, aprovechemos el desarrollo tecnológico, aprendamos de otros modelos de activación de parados, como los desarrollados en Suecia, Austria o Francia, pero por favor, no las dejemos de lado porque existen casi 5 millones de trabajadores que quieren trabajar y no pueden.Más de la mitad de los parados en nuestro país son de larga duración, lo que significa que nos enfrentamos a una situación compleja para su activación y reincorporación en el mercado laboral. Pero cuanto más se tarde en capacitar a estos trabajadores, más difícil será su empleabilidad. La activación de los parados debiera ser prioritaria para nuestro Gobierno, quien en un contexto de austeridad como el actual, podría utilizar fondos bien del Fondo Social Europeo o de otros fondos públicos provenientes, por ejemplo, del adelgazamiento de las Administraciones locales.