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Jesús Salamanca M. Cabrera

No nos llamemos a engaño. No nos vamos a poner a la altura del País Vasco o Navarra en un sin fin de temas que afectan al propio sistema educativo. En estos momentos, las comunidades citadas sí son ‘bandera’ a seguir en el ámbito educativo, por sus planes de mejora, su investigación y desarrollo, iniciativa pública y privada, además de por su envidiable inversión.

No todo es tan sencillo en el ámbito educativo. También hay infinidad de complicaciones, ‘desamores’, engaños y zancadillas. De ahí que el ínclito consejero de educación de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, haya acusado al Ministerio de Educación y Ciencia de deslealtad con las comunidades. Tal deslealtad es mayor aún en las comunidades gobernadas por cuadros del partido Popular. Lo vemos en muchos temas de calado y es fruto de la inseguridad manifiesta del propio Ministerio de Educación y Ciencia y de su situación ante muchas comunidades autónomas y en muchos temas de calado. Esa situación es la de ser vagón de cola, con pocas perspectivas de ganar posiciones, cuando debería ser locomotora educativa para todas ellas, tanto las gobernadas por el PP como aquellas donde el PSOE ha logrado formar gobierno.

La actual ministra de educación, Mercedes Cabrera, “se ha pasado tres pueblos”. Y el consejero de educación de Castilla y León — sabe más el diablo por viejo que por diablo, dicho sea con todo el respeto — le ha dicho que es desleal con las comunidades autónomas y, a la vez, le ha llamado mentirosa, dado que el Gobierno ha remitido comunicado a la Junta acusándola de haber esperado a la víspera electoral para dar a conocer el desarrollo de los currículos de la Ley Orgánica de Educación.

La Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE) -– eliminada por el MEC socialista tan pronto como llegó al poder -– fue más lógica y minuciosa al planificar una clara temporalización, cosa que no ha hecho la Ley Orgánica de Educación (LOE). Así, la LOCE contemplaba hasta quince meses para que las comunidades presentaran los desarrollos curriculares, en tanto que la LOE plantea que se elaboren en cinco. Al parecer el MEC prefiere el trabajo atropellado al trabajo sensato y planificado.

El Ministerio de la señora Cabrera sigue diciendo verdades a medias, como asegura Álvarez Guisasola; ya que no cumple el calendario previsto. Después de haber analizado con minuciosidad sus declaraciones, comprobamos que es cierto cuanto asegura el consejero, puesto que los decretos que deberían haberse publicado antes de terminar el año 2006, según la ley, se han publicado en 2007. Otra cuestión es el decreto regulador del bachillerato, del que aún nada se sabe, excepto del borrador que ‘levantó en armas’ a la población, a las asociaciones y a la ciudadanía responsable. Asunto que también ha soliviantado al ínclito consejero, por lo que ha invitado a la ministra Cabrera a que “sea diligente y publique el decreto de bachillerato”, en vez de mentir constantemente y tergiversar la realidad.

Y como parece que lo de mentir va por barrios, si bien el presidente Rodríguez lleva a todos bastante ventaja, dejaremos para otro momento las medias verdades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en temas de educación de personas adultas, educación a distancia, formación del profesorado, atención a la diversidad, sustituciones al profesorado, incumplimiento de la orden sobre permisos durante las campañas electorales, manifiesta descoordinación entre provincias y de éstas con los servicios centrales,… Temas, entre otros, donde nos hemos quedado a mitad de camino respecto a otras comunidades autónomas, aunque se nos pinten las paredes de color de conveniencia.

Jesús Salamanca J. Mª Maravall

En el año 2000, la revisión de la LOGSE invitaba al optimismo. Habían transcurrido diez años y el inicial acercamiento de posturas parecía indicar el camino adecuado. La mediocridad a la que se había llegado con la LOGSE parecía estar tocando a su fin.

Cada vez eran menos los que se oponían a dicha revisión. Entre los docentes, la ley de educación socialista había perdido todo su prestigio. No es necesario recordar que la LOGSE se aprobó de espaldas al profesorado y, a los diez años de su aprobación, no se trataba de hacer una reforma de la reforma, sino una intervención de urgencia.

La ansiedad que sufría el profesorado era evidente. Los casos de indisciplina que empezaban a aflorar en algunos centros se unían a la pasividad de quienes empezaban a ser conocidos como “objetores escolares”. Hoy nadie duda de que el equilibrio entre orden y educación sea un binomio que se caracteriza por su precisión, su necesidad y su proporción directa. Aún recordamos los resultados de la encuesta realizada por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo. Según la misma, más de un 70 % de los escolares madrileños encuestados entendían el orden y la disciplina como “dos factores que contribuyen de manera decisiva a mejorar la calidad educativa”. Las denuncias del profesorado, y las llamadas de atención que divulgaron los medios de comunicación, se vieron refrendadas en la encuesta de referencia al declarar casi el 60% de los entrevistados que “conocían situaciones de agresividad física en sus centros, que no denunciaban por miedo, pero que deberían corregirse a través de medidas más severas que las (…) adoptadas”.

La preocupación era creciente desde el momento en que no se hablaba solo de indisciplina escolar, sino de violencia en los centros. Se requería una reflexión serena. Algo estaba fallando. Resultaba llamativo comprobar en los centros que la corrección de determinadas actitudes se interpretaba erróneamente como represión o agresión a la libertad de los jóvenes.

Casi todas las comunidades autónomas han elaborado normativa sobre la convivencia en los centros, pero hace varios años que muchos otros países han adoptado importantes medidas al respecto: Francia puso en marcha el Comité Antiviolencia Escolar, Italia planificó un proyecto parecido al francés, Canadá contaba con el sistema de regulación y gestión de conflictos y el gobierno alemán hace tiempo que aprobó normas tendentes a eliminar los problemas de convivencia en los centros.

Hemos de constatar que entre los años 1987 y 1990 se produjo un falso debate social sobre la que luego sería la LOGSE. En 1987 el ministro José Mª Maravall Herrero había puesto el “rodillo socialista” a punto para abanderar la aprobación de esa ley dos o tres años después; pero la inesperada aparición del “cojo manteca” hizo que el ministro saliera por la puerta trasera, siendo el ministro Solana el que la llevó al Boletín Oficial del Estado.

Cuando se empezó a debatir sobre lo que sería la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), muchos de los paladines de la LOGSE habían “guardado el estandarte” que hicieron ondear en Alcalá. Habían perdido la perspectiva y eran el estafermo de todos los sectores implicados en la educación. Con la LOCE se trataba, ante todo, de “abrir ventanas”, de dar urgente respuesta a los retos del siglo XXI, a la sociedad del conocimiento y al principio de educación a lo largo de toda la vida.

Derogada la LOGSE, tras tres lustros en funcionamiento, los docentes y demás sectores comprometidos con la educación nos enfrentamos a un panorama desolador. La sociedad no puede permanecer callada ante el atropello que supone la LOE en muchos aspectos. Desde todos los sectores de la educación se alzan voces críticas, conscientes de que “el hombre muere – en palabras del escritor Wole Soyinka – en quienes mantienen silencio ante la tiranía”.

Jesús Salamanca Alonso Jesús Eguiguren

     ¿Hay alguien a quien no preocupe la situación de la enseñanza secundaria en España? Estamos seguros que no, salvo que se trate de un optimista desinformado. En muchas ocasiones, un optimista es simplemente un pesimista con mala información. Pero se suele dar también el caso del pesimista, que lo es no por sistema, sino porque se trata de un optimista bien informado.

     Al margen de optimismos y pesimismos, los datos reales suelen ser buen aval para decantarse. Y en la enseñanza secundaria española comprobamos que las amenazas graves entre escolares, al igual que la agresión física, no han variado en los últimos siete años. Y eso sí es preocupante; lo es tanto para la ciudadanía en general, como para el Defensor del Pueblo y para UNICEF en el informe que han presentado hace unas semanas sobre violencia escolar, centrándolo en el período 1999-2006 y referido al ámbito de la ESO.

     Tanto las amenazas como los insultos forman parte de un concepto más amplio como es el maltrato. De la misma forma que existen otras variantes de ese: ser ignorado, impedir la participación, apodar, hablar mal de alguien, ser robado, pegar, amenazar, acosar sexualmente,… y es precisamente en conceptos como los aludidos donde se han basado UNICEF y el Defensor del Pueblo para completar parte del informe arriba reseñado. El dato positivo es que las conductas menos graves sí que han descendido en el período estudiado, sobre todo entre estudiantes. Los centros donde hay profesores que han sido amenazados por alumnos son muchos; es más, los datos son para llevarse las manos a la cabeza.

     Para la mayoría de los medios de comunicación, la educación no está de moda y pasan bastante de la convivencia escolar y de la problemática educativa. Suele interesarles más el maldito morbo que puede suscitar el hecho de que un alumno o alumna atice o navajee al profesor o profesora, sin llegar a entender que — en la mayoría de las ocasiones – los medios de comunicación pueden actuar de prevención, por el mero hecho de denunciar, comentar o referir una situación.

     En los niveles educativos que nos movemos muchos docentes, trabajando con mayores de dieciocho años, no es común encontrar comportamientos de maltrato. Es más, cuando surge algún conato de indisciplina es el propio alumnado quien resuelve un sin fin de situaciones, indicando la puerta al ‘presunto’ violador de las normas de convivencia en este tipo de centros. Casi siempre sobra la administración educativa. Sin duda es una suerte y una satisfacción comprobar que existen numerosos caminos para evitar situaciones indeseadas; máxime cuando se es consciente de que la administración educativa carece hoy de instancias capaces de poner autoridad, salvo por el recurso al miedo o a la amenaza. Que nadie lo dude, lo que no consiga el profesorado será un problema latente. No existe ni una sola instancia administrativa que sea capaz de reemplazar al profesorado en el trato, solución y prevención de problemas de convivencia. ¿La inspección educativa? Pregunte, pregunte al profesorado antes de decir barbaridades.

     Lo cierto es que, a veces, el alumnado no recibe buenos ejemplos de sus mayores. Y no nos referimos al ámbito familiar, sino al ámbito social. Fijémonos en un ejemplo: el presidente del Gobierno elige a un maltratador de género para negociar con ETA. Nos referimos a Jesús Eguiguren, condenado por malos tratos a su mujer. Resulta ser el correveidile del Gobierno socialista con ETA. Dimitió del Parlamento Vasco y de la Comisión de Derechos Humanos de esa misma Cámara tras ser condenado, aunque aún pertenece en la ejecutiva del PSE. Pero no es el único caso.

     Estos maltratadores se encomiendan a Dios en público, pero martillean al prójimo siempre que pueden. Es la traducción de: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Para evitar la vulgaridad del maltrato existe la información. Y si alguien desea o precisa información puntual tiene varias páginas en la red para formarse e informarse. Pero sobre todas hay una: “La Mirada de Jokin”. Ni nos vamos a extender hablando d ela misma, ni vamos a analizarla. Ahí está, al alcance de todos. Huelga decir que quien esto escribe es un enamorado de la misma y siempre ha estado presente en mi blog. La leo siempre que me es posible. Y suele ser a diario. La recomiendo siempre que puedo y, me consta, que muchos profesores y profesoras la utilizan como ejemplo entre su alumnado. No hay ninguna duda: Lo bueno hay que apreciarlo y, quien no sabe hacerlo, jamás sabrá lo que pierde.

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Jesús Salamanca Alonso

Recientemente el Defensor del Pueblo presentó los datos del “Informe sobre Violencia Escolar 2006”. En él se aprecia que ciertas conductas, como el insulto, han descendido; pero el maltrato entre iguales sigue estando ahí. Si bien es positivo el descenso en la práctica totalidad de comportamientos estudiados, no lo es el hecho de que sigan dándose esos mismos comportamientos, aunque aparezcan atenuados. Es el caso de ignorar o menospreciar al igual, insultos, apodos ofensivos, falsos testimonios, amenazas y acoso sexual.

En el caso de las amenazas apenas se aprecia descenso, bien es verdad que el porcentaje de las mismas es muy inferior a otro tipo de maltratos como el insulto, los motes ofensivos o el desprecio.

Lo que más llama la atención, precisamente por ser un dato exagerado, es el porcentaje de centros en los que el jefe de estudios confirma el maltrato del alumnado hacia el profesorado. Mientras que la agresión física directa se da en un catorce por ciento de casos, los robos, destrozos de pertenencias e intimidación alcanzan cifras escalofriantes y dignas de preocupación, superando el cincuenta por ciento de los centros encuestados, en los cuales se han producido destrozos de pertenencias al profesorado. Ni que decir tiene que, cuando se habla de otro tipo de actitudes negativas, como rumores dañinos, el porcentaje de centros sobrepasa con creces el sesenta por ciento de los mismos, estando muy próximo al setenta y cinco por ciento el conjunto de centros donde el alumnado profiere insultos al profesorado.

Los datos aludidos explican las múltiples quejas del profesorado ante el malestar existente en muchos centros educativos, la falta de estímulos, así como las bajas habituales y de larga duración, en ocasiones. Es evidente, pues, que el maltrato no se ciñe a los iguales, sino que tales actitudes abundan de discentes a docentes. Sorprende este tipo de hechos en los centros docentes, sobre todo al tratarse de instituciones donde la actividad es la educación y formación de jóvenes adolescentes.

Hay un hecho patente. Y es que existe clara conciencia sobre los comportamientos aludidos, tanto por parte del profesorado, como del alumnado. Los datos ponen de manifiesto una realidad, reflejo de la sociedad. Nadie puede llamarse a engaño pensando que sociedad y escuela viven cada una su vida, con independencia y armonía. Sería absurdo abordar tal independencia, sabiendo que el error sería inicial y de bulto. La escuela no es ajena a su entorno, como no lo es el niño a su entorno escolar y familiar.

Lo triste y penoso de los problemas de convivencia escolar, llámese maltrato o insultos — por citar dos de los muchos extremos que podemos imaginar — es que la ayuda inmediata no siempre es posible para muchos de los agredidos. En numerosas ocasiones faltan apoyos por falta de información. Además, muchas veces, existe también cierto miedo a contarlo, como consecuencia de las amenazas.

La normativa que han elaborado casi todas las comunidades autónomas establece mecanismos claros y precisos para abordar los problemas de convivencia, aunque hemos podido comprobar que se trabaja excesivamente pensando en la galería y en la competencia con otras comunidades; hecho que a poco conduce, excepto a seguir jugando con el alumnado, el profesorado y con las propias situaciones. No es de extrañar que, dadas las actitudes un tanto sospechosas, el sindicalismo responsable haya creado figuras como el Defensor del Profesor, encaminadas al asesoramiento y al establecimiento de pautas de conducta al profesorado, ante situaciones no deseadas que suelen acabar degradando la labor educativa y, por añadidura, la convivencia en los propios centros.

Consciente de cómo el ambiente se ha ido degradando en muchos centros, el sindicato de profesores ANPE viene exigiendo a las autoridades educativas programas serios y rigurosos para poner en marcha medidas realistas y eficaces que contribuyan a solucionar la problemática. Una problemática que en algunas comunidades tiene unos cauces de actuación que parten de la Carta de Medidas para facilitar la convivencia en los centros docentes. Una Carta que destierra decisiones sin planificación o impulsos aislados y voluntaristas.

Por otra parte, no faltan instituciones preocupadas por la violencia escolar, en particular, y la violencia juvenil en general. Ahí está el ejemplo de la Audiencia de Alicante explicando a los jóvenes el Protocolo contra la Violencia Juvenil. Un ejemplo digno de imitar en todas y por todas instancias comprometidas con la educación y formación de niños y jóvenes.

Es admirable, sobre todo por su compromiso e iniciativa, el ejemplo del presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, que reunido con un centenar de jóvenes les hizo ver la importancia y trascendencia de la ley. Y es que gamberradas como robar un móvil o dinero a un amigo o compañero son delitos que acaban juzgados por un Tribunal de Menores; pero eso mismo, con dieciocho y más años, es un delito que lleva acarreada la privación de libertad.

Tal protocolo recoge como más novedoso la creación de un foro permanente y estable de reflexión y trabajo sobre la violencia juvenil, además de la creación de un programa de reeducación para menores condenados a medidas de libertad vigilada por delitos, “como complemento a las medidas que Bienestar Social ya aplica en la actualidad”.

Dicho foro estable para la reflexión viene a ser el equivalente al Observatorio de Educación creado en algunas comunidades autónomas y en el propio Ministerio de Educación y Ciencia. Parte de una base lógica en su composición, como son las asociaciones de padres de centros educativos, sindicatos y profesionales de la docencia. Y el objetivo es detectar los posibles problemas que surjan en el ámbito de la convivencia escolar para trasladarlos a las administraciones y buscar las “soluciones más adecuadas”.

Otro ejemplo a imitar y digno de resaltar, dada la ayuda que aporta a los profesionales de la docencia es la página Web – existen algunas más – denominada “La Mirada de Jokin” para informar, analizar y tratar el acoso escolar. Cabe destacar la amplia información sobre las medidas que se adoptan en las diversas comunidades autónomas y en instituciones preocupadas por la educación. Surgió tras la muerte de Jokin Ceberio Laboa, estudiante de secundaria en el instituto Talaia de Hondarribia, como consecuencia del acoso del que fue objeto en su centro y cuya sentencia del caso es de fecha 15 de julio de 2005.

Jesús Salamanca Alonso

Se acabó el cero patatero o ‘cero zapatero’, como se dice ahora. ¿Es una forma de aminorar el fracaso escolar que existe en cierto sector estudiantil? Pues, no. Se suele decir que no suspende quien no se examina. Todos hemos suspendido alguna vez; aunque el cero era algo serio para quienes estamos en la década de los cuarenta. “Aquí yace el que nunca sufrió, porque jamás se examinó”, rezaba el epitafio.

El hecho de que las calificaciones abarquen una escala numérica del uno al diez, no sorprende a nadie. Buena parte del profesorado hace años que aplican ese criterio, por lo que el borrador del MEC no da un paso adelante, sino que se pone a la altura del profesorado. Al ser la nota mínima el uno, se pierden los chistes del rosco, la rueda y el cero patatero. También se pierde la flexibilidad de hacer un seis, un ocho o un nueve tomando como base el cero. Se acaban los engaños en aquellos boletines no informatizados ¡Qué puñetero este Zapatero! ¡Qué hortera Merche Cabrera!, decían los estudiantes.

Con la LOGSE se rebajaron considerablemente los contenidos y las exigencias. Graduado escolar para todos o, por lo menos, para la mayoría; aunque fuera practicando bailes regionales. Muchos saben que no hablo en sentido figurado, en esta ocasión. También la LOGSE fue proclive al uso de términos absurdos, como segmento de ocio para denominar al recreo, progresa adecuadamente, necesita mejorar, línea funcional docente,… Y a ello hay que unir toda la parafernalia de PCC, PCA, PEC, PEA, PCT, PTT,…; es decir la ‘familia’ de los denominados proyectos para todo, que sirvió para incrementar la presunción de los ‘logsianos’, pero que nadie leía, pocos entendían y muchos plagiaban.

Pero volvamos al cero patatero. Dice el MEC que el cero no tiene cabida porque “es imposible que el alumnado no haya aprendido nada”. Tan absurda es esta afirmación, como pensar que quien obtiene un diez es porque conoce y domina todo el programa. De poco sirve aprender algo si, durante el desarrollo de la evaluación continua, no se demuestra. Sin duda es una medida ‘giliprogre’ y, como tantas otras, no nos lleva a parte alguna, excepto a la broma y al chiste.

No faltan los que dicen que el gran error fue no adaptar a los tiempos la Ley General de Educación. Ni siquiera llegó a desarrollarse la segunda etapa de lo que era la EGB. El BUP se quedó a mitad de camino entre lo previsto y la realidad. Y el Curso de Orientación Universitaria (COU) se desorientó desde su implantación. De pena y de castigo, como el falso igualitarismo que propugnaba la LOGSE: igualaba a todos por abajo. Ahí es nada, todos pobres, mediocres, desinformados y desincentivados. Nunca será un logro todo lo que suponga reducir al absurdo.

Nos hemos ido del cero al infinito. Debe ser que se agolpan situaciones dantescas vividas en el ámbito de la docencia. Vamos a ver: un alumno no acude a clase, no hace los controles periódicos, ni se somete a la observación del profesorado para comprobar su progreso, el profesor o profesora no puede controlar su evolución. Y el día que se celebra un examen, no acude a clase. Calificación: uno. ¿Justo? No, sencillamente ridículo y absurdo. Si al cero le sumo cero, obtengo como resultado: uno.

Esa última suma me recuerda a aquel chiste donde intervenía un secretario de Ayuntamiento de pueblo en los tiempos de ‘Maricastaño’. En su razonamiento sumaba de forma interesada: dos y dos, cuatro. Cuatro y tres, siete. Siete y cinco, doce. Y de doce me llevo,… ¡Lo que pueda!

Jesús Salamanca Alonso

Resulta que Esperanza Aguirre no lo decía en broma. Hay promesas electorales que no se suelen tomar en serio, porque se hacen para no cumplirlas, como decía el profesor Tierno Galván. Pero parece que algo empieza a cambiar.

Esperanza Aguirre se ha comprometido a implantar la desgravación fiscal por educación. Llevo muchos años diciendo que la educación no está de moda, frente a la economía, la tecnología, la política, la innovación o los grandes núcleos de poder y decisión. Ahora llega doña Esperanza y me deja en mal lugar, de lo cual me alegro. Siempre es buena noticia que la educación esté en primer plano.

La presidenta popular, sin comillas ni gaitas marineras, ha empezado a razonar sobre el Cheque Escolar y ha dejado sin argumentos a la oposición. Otra vez la formación socialista madrileña acabó contra las ‘tablas’, pues doña Esperanza trae y lleva a los socialistas de la capital a mal traer y peor llevar. Las ‘huestes’ de Rafa Simancas recorren una y otra vez el camino de la amargura y no sabe como abandonarlo. Y es que la presidenta ha dejado bien claro que no es ético, y mucho menos justo, que los padres que llevan a sus retoños a la enseñanza privada paguen dos veces; es decir, la factura mensual del cole y en el momento de pagar impuestos.

A nadie se le oculta que esos padres cuentan con otras vías, como la escuela pública y la concertada. Pero, si se les impide optar por la enseñanza privada ¿dónde queda el derecho de elección de centro e ideario? Ahí es nada, derechos enfrentados: credo frente a proselitismo, opción frente a imposición, posibilidad frente a demagogia, ética frente a izquierda inmovilista y decimonónica.

Frente a la subvención al centro educativo, se empieza a reclamar el tan cacareado Cheque Escolar. El pago a los padres para afrontar la escolaridad de los hijos frente a la hipocresía de la izquierda, la paranoia del socialismo y la inadaptación del nacionalismo reivindicativo e insaciable. No siempre la conciliación de modelos es fácil, como no lo es la solidaridad inter-territorial.

Mientras la izquierda malgasta los derechos sociales, aduciendo que los padres deben elegir entre modelos, los padres eligen y, cuando optan por la privada, reclaman urgente justicia, que no es otra cosa que desterrar la ilegalidad de pagar dos veces por lo mismo: la educación. Bien es verdad que estamos en un caso semejante cuando optamos por una carretera o una autovía, la sanidad pública o privada, residencia pública o familia, asistencia jurídica,… Todo en la vida es elección, excepto la enfermedad y la muerte.

Actualmente el Cheque Escolar no saldría tan caro como algunos piensan. Debe implantarse hasta el bachillerato, sin más dilación. Ah, que nadie venga con la ‘mandanga’ de que perjudica a la enseñanza pública, porque ese es un cántico muy viejo y desfasado. Se pueden mermar muchas otras partidas no tan necesarias socialmente; aunque a los políticos no es conveniente darles ideas, porque acaban apropiándose de ellas. A veces son cleptómanos del pensamiento ajeno. Nadie puede poner en duda que el Cheque Escolar es una medida atractiva y posible, basada en el pensamiento moderno, mientras que la oposición al mismo es hortera, retro, malsonante, inmovilista y de izquierdas.

Jesús Salamanca Alonso

La educación de personas adultas hace tiempo que superó la vertiente exclusivamente compensatoria. Es preciso proporcionar a la ciudadanía adulta las ‘herramientas’ que permitan estructurar la información que reciben. No hay duda respecto a que existe una clara interrelación entre la información y conocimiento.

El futuro es un desafío. Hay que ser conscientes de que la sociedad de la información también acarrea peligros, por cuanto puede acrecentar las desigualdades. Aquí es donde la educación de personas adultas tiene un amplio campo de actuación para evitar ese riesgo. En este sentido viene pronunciándose desde hace tiempo Federico Mayor Zaragoza: “puede llegar un momento en el que poseamos mucha información, pero carezcamos de formación”.

Una polivalente formación de base es la mejor formación profesional de cara al futuro. No podemos desdeñar lo que viene denominándose como construcción social del futuro, donde la integración de culturas, la no discriminación, la atención a la diversidad, la educación permanente y el cultivo de valores deben constituirse en los elementos clave de atención. Tal consideración nos lleva a plantear unos procedimientos concretos que han de estar presentes en la educación de personas adultas y que son básicos para abordar las estrategias de intervención en los dispares modelos existentes en las comunidades autónomas.

Cada comunidad debe buscar los cauces que permitan la coordina­ción interinsti­tucional, así como la implantación de ofertas formativas tendentes a satisfacer las necesidades de formación de las personas adultas. Deberán fomentar y planificar esta variante del sistema educativo con las exigencias realistas que requiera cada comunidad. La planificación debe llevarse a cabo dando participación activa y efectiva a las Administraciones y entidades implicadas en programas y actividades que desarrollen el marco de la educación de las personas adultas de cada autonomía, pero sin olvidar la iniciativa social que surge como consecuencia de valores solidarios, humanitarios, participativos y, en muchos casos, globalizadores.

La ordenación de esta variante educativa debe tender a que los centros específicos dispongan de la autonomía de gestión suficiente, organicen el currículo de sus enseñanzas y cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios. En casi todas comunidades del Estado se ha intentado que los centros específicos de educación de personas adultas se equiparen a los centros ordinarios, con lo que se vienen aplicando los Reglamentos Orgánicos de Centros de primaria y secundaria, como herencia de las instrucciones del MEC. Ello es fruto de la comodidad de las comunidades autónomas y del desconocimiento, en muchos casos, de los departamentos competentes. Tan solo una comunidad ha sido capaz de elaborar un Reglamento Orgánico Específico para EPA, pero lo ha hecho cuatro años después de lo previsto y, por otra parte, se lo ha encontrado elaborado desde fuera de la propia Consejería de Educación.

Alumnado