‘Soria Educa en Libertad’ pide a Herrera coherencia con la postura oficial del PP
El apoyo del XVI Congreso del PP a los objetores muestra la incoherencia que supone la negativa del ejecutivo castellano-leonés a reconocer la objeción, anunciada el pasado día 17 por Juan José Mateos. Las plataformas objetoras han pedido entrevistarse con el presidente Herrera.
REDACCIÓN HO.- Como publicó HO el pasado día 19, el Consejero de Educación, Juan José Mateos, anunció el 17 de junio que la Junta de Castilla y León no reconocerá el derecho a objetar en conciencia a EpC. Así se lo aseguró al presidente del Foro de la Familia de Castilla y León, Antón Peña, y al presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, con quienes el consejero se entrevistó en esa fecha.
En esa reunión, Mateos anunció que su departamento se limitará a asegurar la debida atención educativa de los alumnos objetores y negó la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia. La principal razón esgrimida por Mateos para justificar la decisión de la Junta que anticipaba fue que el currículo de Castilla y León de Educación para la Ciudadanía (recurrido por el gobierno de España ante los tribunales) «ha recortado» los Reales Decretos estatales de contenidos mínimos obligatorios. Por eso, según él, la asignatura «ya no puede hacer daño moral». El consejero afirmó que en Castilla y León, por ejemplo, no podrá enseñarse la doctrina sobre el género y vigilarán para que esto se cumpla.
La plataforma Soria Educa en Libertad ha denunciado hoy, a través de un comunicado remitido a HO, que «la supuesta vigilancia de la Consejería de Educación para evitar este tipo de contenidos no se está llevando a cabo o no está siendo en absoluto eficaz, puesto que los libros de texto que ya están llegando a los centros de la Comunidad son los mismos que se están utilizando en las regiones donde ya se ha impartido durante el curso que ahora acaba y sus contenidos se ajustan a los marcados por el Ministerio de Educación, y no al currículo modificado, al menos en su redacción, por la Junta de Castilla y León».
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