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¿Cómo debe actuar el Ministerio de educación?

El Ministerio de educación debe adoptar medidas concretas, en vez de considerar que los ordenadores son la panacea en los centros. Las medidas a adoptar han de tender a la mejora del sistema educativo en todas y cada una de las comunidades autónomas, con la colaboración desinteresada y decidida de éstas.

¿Y qué es lo que debe hacer el Ministerio de Educación? Pues, entre otros muchos aspectos, debe apostar por reforzar las materias instrumentales básicas; adaptar a la realidad la educación de personas adultas; potenciar la educación a distancia y abrirla a la formación profesional; efectuar un diseño nuevo y moderno de la educación secundaria; ampliar la etapa de secundaria no obligatoria a tres años (bachillerato); prestigiar la formación profesional, tanto en los ciclos de grado medio como en los de grado superior; estudiar redes de formación que, en muchos casos, las comunidades autónomas han destruido, caso de Castilla y León; asentar el nuevo sistema educativo en las plataformas de la exigencia, el esfuerzo y en el abandono del falso igualitarismo.

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La FERE le ha dado al Ministerio de Educación una ‘bofetada’ en toda la jeta;  parte de la regulación de las  enseñanzas mínimas de bachillerato, reguladas por decreto, se le vuelven a atrancar al Ministerio de Educación.

El propio desarrollo de la normativa del bachillerato es contrario a la ley orgánica que regula el sistema educativo (LOE). Estamos ante una clara contradicción. Y el Tribunal no podía pasar por alto el atropello ministerial.

El problema de todo ese tratamiento es que genera un importante contratiempo a las comunidades autónomas que se ven obligadas a reaccionar deprisa y corriendo.  “Tal regulación reglamentaria carece de cobertura legal y altera por completo el régimen regulador de la LOE“, explica el Tribunal supremo.