La medida, anunciada hoy, atenta de nuevo contra los derechos de los funcionarios públicos, pone de manifiesto el desprecio hacia los mecanismos de representación establecidos en democracia y demuestra la incapacidad del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, puesto que un programa de Gobierno que se presenta a los electores es un contrato con ellos, y en él nada se decía sobre las medidas de presión contra los funcionarios públicos. Una vez más el Gobierno de España toma decisiones de máxima gravedad sin planificación previa, sin proyectos ni objetivos de futuro y sin negociación con los agentes sociales. En opinión de ANPE, una medida de tanta trascendencia como la posible desaparición del régimen general de clases pasivas no puede tomarse sin que el Pacto de Toledo se haya pronunciado claramente sobre las condiciones de jubilación del funcionariado y sin que se haya establecido un consenso de todos los grupos políticos. En nuestro país, la pensión de jubilación de los funcionarios está vinculada a toda la vida laboral y no solamente a los últimos años, como sucede en el régimen general de la Seguridad Social. Por tanto, la integración en este régimen general supondría para los profesores de la enseñanza pública un cambio drástico de la base de cálculo de la pensión. Recordamos a la opinión pública que el profesorado español no tiene una norma marco que contemple las particularidades específicas desde el acceso a la jubilación cuando las características concretas de su trabajo deben fundamentarse en un Estatuto propio, que fue también, por cierto, promesa electoral de este Gobierno.
Las constantes decisiones del Gobierno en contra de los agentes de la función pública están generando inseguridad jurídica en un enorme número de ciudadanos. Los funcionarios públicos estamos siendo tratados como los culpables del déficit de las arcas del Estado, del paro y de la deuda externa, cuando nuestro trabajo consiste exclusivamente en garantizar, en nombre del Estado, la educación, la justicia, la seguridad y la salud entre otras muchas actividades.
ANPE apela a la responsabilidad de los políticos para que dejen de perjudicar los intereses de los funcionarios públicos y para que tomen las decisiones que modifican condiciones laborales y derechos adquiridos de un inmenso número de personas en consenso con todos los grupos políticos y en diálogo con los legítimos representantes de los trabajadores, en las mesas de negociación, tal como exigen las reglas de juego de la democracia.
ANPE, Secretaría de Comunicación,
1 de diciembre de 2010
