El texto de la ley es malo de solemnidad y se ha empeorado en el falso debate parlamentario porque se ha mercadeado con la educación.
Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno socialcomunista de España.
Por Jesús Salamanca Alonso / En el falso debate de la que puede ser la nueva ley de educación, el objetivo del Gobierno es más que evidente: derribar la educación concertada. La “Ley Celaá”, haciendo ‘honor’ al apellido de la todavía ministra de educación, es también una bomba a corto plazo que pretende acabar reventando cualquier modelo educativo que no sea el público. Ello lleva aparejado el destrozo del derecho de los padres a elegir el centro educativo de sus retoños, además del tipo de enseñanza que desean para ellos. No permitir hacer esa elección en libertad es atentar contra la libertad, contra uno de los derechos humanos, contra la propia Constitución y contra la dignidad de la comunidad educativa.
La libertad de enseñanza es un pilar importante en nuestra sociedad democrática. El derribo de ese pilar no puede consentirse así, sin más, y sin dar batalla en cuantos frentes sea necesario. Es el momento de plantar cara al descentrado Gobierno socialcomunista cuya gestión, también en educación, alcanza unos límites tan nefastos como los que alcanzó durante la crisis sanitaria, llegando a cometer numerosos actos de negligencia, incluso con resultado de muerte. Pero ese es otro tema que seguiremos abordando en otro momento. Sigue leyendo
