La verdadera intención del Gobierno es tenerla aprobada a finales del año actual, salvo contratiempo de última hora o dimisión del Gobierno ‘mariano’ por acorralamiento de corrupción.
El Gobierno de Mariano Rajoy está agobiado por los sobres de Bárcenas, el temor a que otros tiren de la manta, el aumento de la corrupción y, además, como partido está dividido internamente por la reforma de la Administración local. En este momento es urgente para el Gobierno y para el Partido Popular encontrar un tema que haga olvidar los muchos problemas que acompañan al deprimido Gobierno de la nación. Y como casi siempre, se van a agarrar a la educación y al mucho juego que da ésta, sin darse cuenta del daño que hacen y del destrozo que están planificando.
Ya llevan la misma marcha que cuando aprobaron la LOCE. Lo hicieron mal y la prueba de ello es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero la envió a la papelera tan pronto como tocó poder. Hoy sigue habiendo esa misma intención en las filas socialistas, tan pronto como pase de la oposición al Gobierno.
Actualmente, el Ministerio de Educación es un pollo sin cabeza: da más tumbos que un beodo en una noche toledana. Hasta la propia Comisión Europea ha denunciado el daño que se está haciendo a la educación en España (“los recortes en la educación española ponen en riesgo el crecimiento económico y la competitividad”), pero ya verán cómo no falta algún insensato que menciona el informe PISA para defenderse. Entonces sí que se habrán cubierto de miseria en el Partido Popular, en el MECD y en alguna comunidad autónoma. Hoy el citado informe tiene menos credibilidad entre los docentes que un concejal en campaña electoral. El informe PISA es hoy un ‘látigo político’, sin más; desde el punto de vista educativo falla por la base y desde la base.
De momento, y volviendo a la futura LOMCE, advertimos un claro fracaso de la reforma y un rechazo casi generalizado. El Consejo Escolar del Estado ya ha emitido el informe sobre el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. En este momento el Gobierno tiene prisa y máxima urgencia para avanzar hacia su aprobación. Un nuevo paso será el Consejo de Estado y su posterior trámite a las cámaras del Congreso y del Senado, cada vez más desprestigiado y oscuro para la ciudadanía. La verdadera intención del Gobierno es tenerla aprobada a finales del año actual, salvo contratiempo de última hora o dimisión del Gobierno ‘mariano’ por acorralamiento de la corrupción; recuerden que lo duro se guarda para el año antes de las elecciones autonómicas.
En temas educativos está muy deslucido el Gobierno. El horizonte está muy borrascoso. La comunidad educativa está harta de tanto insensato e irresponsable. Cada vez nos cuesta más asumir que cada ministro pretenda dar su nombre a una ley de educación. A los docentes parece que nos toman por tontos y por conformistas: veremos si saben correr y soportar la presión cuando lleguen las elecciones. Las irreverencias del PP y sus abusos precisan con urgencia de una respuesta contundente. Se han pasado tres pueblos y no se acepta ni una cabriola más.
Ningún docente comparte el esquema ni la estructura del anteproyecto. La comunidad educativa no ha participado en la confección ni en el debate (no lo ha habido). Hay demasiadas cuestiones pendientes que siguen sin resolver: la equiparación de redes pública y privada; jubilaciones, movilidad del profesorado; catalogación de enfermedades profesionales, carrera profesional; educación de personas adultas; fomento de la educación a distancia en diversos niveles del sistema educativo; plantillas, retribuciones, oposiciones y muchas otras cuestiones de las que la comunidad educativa está harta por los engaños que viene sufriendo.
