Como ciudadano, como contribuyente, como padre de alumnos universitarios y como analista político en decenas de diarios nacionales, aprovecho la ocasión para presentar mi QUEJA por el hecho de que la Consejería de Educación haya cobrado el importe del primer plazo de matrícula en las universidades de Castilla y León en el mes de agosto — sin haber empezado el curso ni saber con qué profesorado cuenta, además de haber efectuado recortes brutales que van a generar tremendos problemas de planificación y docencia a lo largo del presente curso 2012-2013 — y, sin embargo, la propia Consejería de Educación incumple su propia normativa, pues no ha abonado a los centros educativos públicos ninguno de los dos plazos destinados a gastos de funcionamiento, lo que conlleva que no se paguen servicios, se restrinjan bienes, se retengan facturas (expuesto en las Cortes y ante el Procurador del Común) y la propia Junta contribuya a generar más paro en la Comunidad.
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