España ya no es creíble.

España no acaba de levantar cabeza; es más, los analistas empiezan a afirmar que va cuesta abajo. Traducido al cristiano entendible es algo así como “ir de trasero y cuesta arriba”. El modelo autonómico de España no es creíble en ningún sitio; de ahí que no entendamos la matraca que estos días está dando el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, con las autonomías y la insensatez de defender el Estado de las mismas como algo necesario e imprescindible para mantener el Estado de Bienestar. Jamás escuché mayores estupideces ni leí barbaridades más insanas e interesadas que las que está aventando estos días Herrera Campo.

Al presidente de Castilla y León solo le ha faltado insultarnos a quienes pensamos que las comunidades autónomas ya han hecho bastante daño. Herrera quiere convencernos a toda costa de que los gobiernos regionales no son quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en la crisis económica actual. No sé si tienen la mayor cuota pero sí sé que tienen, sin duda, una cuota importante, junto con los gobiernos de Rodríguez Zapatero y la aquiescencia de los sindicatos obreros. De ahí que no podamos admitir a nuestro presidente autonómico su paso al contraataque frente a quienes le decimos a diario que se equivoca y que está rodeado por mediocres asesores e interesados amigos, desde el punto de vista económico.

Con todo el respeto del mundo, me gustaría recomendar a Herrera Campo que estudiara con detenimiento el motivo por el que la Agencia de Calificación, Standard & Poor’s (S&P), ha rebajado en dos escalones el rating de España. Sí, señor Herrera, estamos en la segunda división económica. Antes estábamos en A/A-1 y ahora hemos descendido al grupo tercero de la segunda división: BBB+/A-2. Y con muy pocas posibilidades de ascender. ¿Por qué? Pues porque cada vez son mayores los riesgos en lo que se refiere a nuestro crecimiento económico y la ejecución presupuestaria española es una mera falacia. Nos vamos al pozo, no solo por la herencia recibida sino por la mala gestión del actual Gobierno de la derecha. La realidad crediticia de nuestro país es “cero patatero”. ¿O debo decir “cero Zapatero”?

Los actuales apuntes para los presupuestos nacionales son un claro deterioro para la Nación, tanto para la economía como para la ciudadanía. La desviación del déficit, situado en el 8,5% del PIB, está haciendo más daño que un nublado de verano. El ocultamiento de ese 2,5% por parte de la ministra –Elenita Salgado, en connivencia con Pérez Rubalcaba- es para cogerles por la pechera, tirarlos de las orejas y llevarlos a puntapiés hasta los mojones de la política, por no decir a otro sitio menos agradable y oscuro.

Si alguien pensaba que podríamos reducir el déficit, que se siente a esperar. Con la situación actual de nuestro entorno financiero y económico el hoyo se nos presenta demasiado profundo como para soñar despiertos. S&P achaca la imposibilidad de rebajar el déficit al retraso del presupuesto nacional y al excesivo retraso del correspondiente a las comunidades autónomas. La capacidad de los gobiernos se queda en nada cuando se efectúa un presupuesto de tan corta reducción ¿Culpa? Pues miren ustedes: la ineficacia y dejadez socialista, por un lado, y la desorientación del actual Gobierno, por otro.

Según S&P, las comunidades autónomas son las responsables de las «desviaciones presupuestarias» detectadas en 2011. De ahí que se imponga la necesidad urgente de controlar a esas y, si fuera posible, reformar la Constitución española para acabar con un Estado de taifas que supone un claro lastre y un deterioro del futuro.

Esas comunidades no han demostrado nunca su voluntad de forzar el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios. A pesar de las barbaridades que va predicando Herrera Campo por los foros políticos –tanto nacionales como internacionales— éste es el momento de ‘coger la piqueta’ e iniciar el acoso y derribo de las autonomías, en un intento de revisar la estructuración del Estado y así poder mantener lo poco que nos va quedando del Estado del Bienestar.

Nadie debe llevarse las manos a la cabeza cuando escuche que servicios básicos como la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Dependencia deben devolverse al Estado central. Las comunidades autónomas son expertas en el maltrato y el mal aprovechamiento de tales servicios básicos. Lo hemos comprobado y lo seguimos viendo a diario. Doy fe.

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