Con la aprobación de la reforma laboral, en lo que a las jubilaciones se refiere, España va a dar un paso atrás del que nos costará recuperarnos. La jubilación a los 67 años es un atentado a la dignidad de la persona y al sufrimiento diario de la clase trabajadora, así como una nueva muestra de la represión que el Gobierno lleva imponiendo a la ciudadanía desde hace ocho años. Tal vez lo más triste de todo sea que el ministro de Trabajo se diga socialista y, a la vez, afiliado al sindicato vertical unificado de la UGT. Nunca tan pocos hicieron tanto daño.
Junto al desfase que esas medidas suponen, la prueba del paso atrás es que únicamente las han apoyado los socialistas del Congreso –algunos a regañadientes– y CIU. Estos últimos para obtener ganancias con la transferencia de hospitales y otras prebendas a Cataluña. Una prueba más que confirma la necesidad urgente de cambiar la ley electoral, para que insensibles e insolidarias minorías no controlen el sentir de todo un país. La única esperanza que le queda al trabajador es que haya un cambio de Gobierno y se eche abajo esa medida, volviendo a la jubilación a los 65 años. Al menos ese es el compromiso del Partido Popular y de Mariano Rajoy, si algún día llega al Gobierno de la Nación.
Lo que el Congreso de los Diputados llama “ley de modernización del sistema de la Seguridad Social” es un atentado a los trabajadores y una prueba más del desgobierno del leonés, Rodríguez ‘vendeburras’, y de todo su Ejecutivo. La mediocridad ha salido a relucir una vez más y el derechista-sindicalista, además de liberal sobrevenido, Valeriano Gómez, se ha cubierto de indignidad, como ya viene siendo habitual en él. Hay que reconocer que buena parte de las 40 enmiendas procedentes del Senado representan un baldón para el trabajador y la dejadez más sonora de la clase política.
Es verdad que el Pleno del jueves no ha votado la totalidad de la norma y sí las enmiendas de la Cámara Alta. No es por casualidad que PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD hayan manifestado su posición contraria a la globalidad de la reforma. Y lo han hecho porque la medida supone un recorte brutal a las pensiones y a los derechos de los trabajadores. A ello hay que añadir que en ningún momento se garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.
La ignorancia y escasas miras del ministro de Trabajo e Inmigración le han llevado a decir que “más adelante, a partir de 2040 ó 2050, las pensiones seguramente se triplicarán en su cuantía e incluso más, pese a que habrá 18 millones de pensionistas”. Hay que ser mal calculador, insensato, atrevido, vulgar y sectario para hacer semejante afirmación. “Nada es más nocivo para la creatividad –decía Humberto Eco– que el furor de la mala inspiración y el cálculo erróneo”. Eso sí, Valeriano sin enterarse de lo que está sucediendo a su alrededor: no ha sabido poner freno a la sangría de cinco millones de parados, y subiendo, pero tiene visiones para el año 2040 y 2050. ¿Se puede ser más ignorante, atrevido e hipócrita? Pueden estar seguros que no.
Una de las cuestiones más graves de la norma en cuestión es que está avalada por los agentes sociales, verdaderos cafres del desempleo y nefastos colaboradores del Gobierno socialista en el cierre de empresas, aceptación de EREs y verdaderos vándalos contra el empleo. Bien, pues a eso es a lo que Valeriano llama “valentía”. ¡Joder, qué tropa!.
Si todas las barbaridades afirmadas por el ministro, Valeriano Gómez, se sustancian y fundamentan en el Pacto de Toledo, lo mejor que pueden hacer es desmontarlo y marcharse de copas. Al menos no nos seguirá costando dinero a la ciudadanía en general y a los trabajadores en particular. No nos extraña que entre los trabajadores se empiece a generalizar esa expresión tan socorrida de: “¡Maldito socialismo!”.
