El sindicato ANPE ha exigido a la Junta de Castilla y León que facilite a los centros educativos la difusión de las normativas de convivencia. A la vez recomienda a los mismos que informen a las familias de los reglamentos de régimen interior.
Si esa recomendación del sindicato docente es lógica, frente a la actuación que suele llevar a cabo la Junta habitualmente, no hay que olvidar la conveniencia de sacar a la luz, a través de los medios de comunicación, los problemas de convivencia existentes en los centros – bastantes más de lo que se ha dicho — desde los más habituales hasta la incoación de expedientes, que cada vez son más frecuentes, incluso en el ámbito de los centros de educación de adultos.
ANPE defiende que conocer las normas de convivencia y los protocolos de actuación contribuye a mejorar la convivencia en los centros. Y es por eso por lo que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel muy importante. “La información a las familias debe ser uno de los elementos principales de la prevención de los problemas de violencia y acoso escolar…”, señala el sindicato de enseñanza en un comunicado.
En ese “dar a conocer las normas de convivencia” hay que incluir la frecuente desfachatez de la Administración, unida a una importante dosis de cavernaria desidia, frente a problemas de disciplina. Mientras que el profesorado y los equipos directivos dan la cara ante la adversidad, la Administración –generalmente, la Administración periférica– suele actuar como el avestruz, escondiendo la cabeza; es más, esconde la cabeza, las alas, el cuerpo y todo lo demás.
Es tan habitual ver a la Administración educativa echarse por la parte del cobarde que ahí suele encontrar el profesorado uno de los argumentos de mayor peso para huir de los cargos directivos de los centros. Precisamente por razones como ésta, instituciones como el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común y el equivalente en cada Comunidad deberían indagar para comprobar la falta de escrúpulo de la Administración a la hora de abandonar al docente a su suerte.
Y si eso sucede en un centro docente de población adulta, pues el escándalo es mayor, porque la normativa sobre convivencia suele estar elaborada pensando solo en el régimen ordinario. Otro de los errores de la Administración radica en la pérdida de profesionalidad de la función inspectora, más preocupada de mantener las comisiones de servicio y la dulzona sonrisa con el partido gobernante, que por la calidad y la excelencia del sistema educativo o por apoyar la ‘pelea’ diaria del docente en los centros.
La Administración educativa se suele cubrir las espaldas con probada cobardía, aludiendo a que esa normativa se adaptará a la tipología de los centros. ¡Hace falta estar aturdido para legislar así! De pena y de vergüenza. Y mientras vegeta la Administración educativa, tanto la central como la periférica, los equipos directivos sufren las consecuencias, a la vez que sujetan el sistema educativo, junto con el resto del profesorado.
Se dan casos como la existencia de resoluciones finales en la incoación de expedientes que, pasados diez, quince y muchos más días — una vez concluido el periodo de recurso de alzada al que tiene derecho el infractor — ni siquiera tienen respuesta, fruto de la lentitud unas veces, de la ineficacia, otras, y de la ruin desidia, casi siempre.
¿Por qué pasa esto en las Administraciones periféricas de educación? Muy sencillo, porque suelen “estar a uvas” o “arando con bueyes” excesivamente apoltronados y muchas veces ‘arrodillados’ ante el poder de turno. Y eso requiere una solución; pero una solución con urgencia y disposición espartana.
Hay muchos casos muy curiosos. El sindicato de docentes ANPE argumenta que “la sentencia que condena a un colegio privado a indemnizar a la familia de un alumno víctima de acoso escolar, debe servir para reflexionar sobre el grado de información que tienen las familias con respecto a los reglamentos de régimen interior de los centros, a las normativas de cada comunidad autónoma sobre convivencia en las aulas, a los protocolos de actuación ante el acoso escolar y las medidas de prevención e intervención que se pueden adoptar”.
Si bien es verdad que la propia Administración educativa siempre ha intentado callar los casos más sonados de indisciplina, incluso cualquier problema agudo de convivencia, para no mostrar su propia incompetencia, lo cierto es que “lo que sucede en la calle es imposible que se calle”. Igualmente se demuestra que todo idealismo frente a la realidad y a la necesidad del día a día es un puro y duro engaño.
