Sr. Presidente:
Desde junio de 2010, la Junta de Castilla y León viene efectuando fuertes recortes como consecuencia de la política de ajustes y otros de tipo presupuestario, derechos laborales y sociales, como consecuencia del descontrol emanado del Gobierno central de la nación y la normativa que obliga a la propia comunidad autónoma.
Como analista político quiero resaltar que hacía décadas que la profesión docente no se sentía tan menospreciada –tal y como se nos denuncia frecuentemente en la prensa digital- , al igual que hacía tiempo que los centros docentes no encontraban tantos problemas organizativos, ante los citados recortes, los ajustes de plantillas, la congelación del EMPU, las amplias listas de espera en determinados centros y la ineficaz ‘invasión’ de algunos servicios periféricos.
Mi QUEJA — en forma de PROPUESTA para evitar la represión por parte de algunos mandados de servicios centrales y periféricos– se sustenta en que se está recortando de los lugares y partidas inadecuados.
SÍ PROCEDE el recorte, congelación y/o anulación, por poner algún ejemplo, de la reciente convocatoria de inspección educativa de la comunidad, que se está llevando a cabo en estas últimas semanas; una convocatoria que no tiene sentido ni hay necesidad de la misma, además de que supone un montante económico carente de sentido en momentos de crisis aguda como la actual.
Igualmente, SÍ PROCEDE la inmediata supresión de la Consejería de Justicia e Interior, dada la inexistencia de competencias transferidas en esos temas y la ineficacia advertida en estos últimos cuatro años, además de que las competencias actuales pueden ser perfectamente asumidas por otro departamento, rebajando considerable y eficazmente los costes con respecto a los actuales, así como la viabilidad.
Finalmente, indicar que de igual modo PROCEDEN recortes del número de unidades en la excesiva flota de coches oficiales de la Junta de Castilla y León (ver amplio informe del diario El Mundo) y en la supresión de desplazamientos innecesarios, como es el hecho de que los conductores acudan al domicilio de directores generales y otros altos cargos para trasladarlos al trabajo, cuando ese traslado –según los predicamentos del señor Presidente- debe hacerse por cuenta propia del interesado, incurriendo en una clara malversación de fondos públicos cuando los medios de la comunidad se utilizan en beneficio propio.
Seguro de que se tendrán en cuenta las aludidas aportaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Jesús Salamanca Alonso.- Analista político.
