Así lo dice la Asociación Medioambiental Sotillo Verde, respecto a la atención sanitaria de los habitantes del Valle del Tiétar, tras el acuerdo entre los gobiernos de Castilla y León y Madrid.
La Asociación Medioambiental Sotillo Verde ha acusado hoy a la Junta de Castilla y León en un comunicado de prensa de no acatar una resolución del Procurador del Común en materia sanitaria, sobre la atención que los ciudadanos del Valle del Tiétar deben recibir en la Comunidad de Madrid, tras el acuerdo firmado en 2008 entre los dos gobiernos.
Este colectivo ecologista, que presentó en su día una queja en este sentido basada en la «falta de aplicación» del convenio rubricado hace dos años, recibió el 29 de octubre una notificación del Procurador del Común, señalando que el Gobierno autonómico «se niega a acatar» la resolución en la que le insta a aplicar el acuerdo.
Un acuerdo firmado entre ambas comunidades en materia de colaboración sanitaria, que contempla que los ciudadanos del Tiétar puedan solicitar derivaciones a hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid para recibir asistencia especializada, «tanto de residentes temporales como de residentes habituales».
Según Sotillo Verde, varios pacientes del Centro de Salud de Sotillo de la Adrada solicitaron a los facultativos derivaciones a la Comunidad de Madrid «con resultado negativo, no pudiendo recibir una derivación conforme establece el citado convenio».
Ante esta situación, el colectivo ecologista remitió una queja al Procurador del Común, que dio un plazo de «uno o dos meses» a la Junta para acatar una resolución en la que le instaba a dar «virtualidad práctica» al convenio de forma «urgente».
Además, señalaba que «de forma inmediata se cree el registro de pacientes derivados a la Comunidad de Madrid en los términos indicados en el punto 3 del convenio» y que en los supuestos en los que se deniegue el traslado «se dicten resoluciones debidamente motivadas».
Sin embargo, Sotillo Verde sostiene que el Procurador del Común se ha dirigido a este colectivo para aclarar que «la Junta de Castilla y León no acepta o acata el cumplimiento de esta resolución».
En su opinión, con este comportamiento el Gobierno regional «incumple una resolución emanada de una institución que representa a esta Comunidad Autónoma y defensora de los derechos de sus ciudadanos, y deja palpable la nula credibilidad de los acuerdos pactados y firmados entre las dos comunidades».
Desde su punto de vista, este acuerdo de 2008 «no ha servido para nada», ya que «ha dejado y deja a los residentes habituales en el Valle del Tiétar y a los residentes temporales sin los servicios que se recogieron en un convenio que, según palabras del Procurador del Común, es inviable prácticamente».
