Hace mes y medio que ha comenzado el curso académico en Castilla y León y siguen latentes y pendientes decenas de problemas en el ámbito no universitario, como de costumbre. A pesar de ello seguimos escuchando a los políticos de la Consejería de educación hablar de calidad, excelencia, idiomas y virtualidad.
Creen que los problemas se van resolviendo y no son capaces de poner los pies en el suelo. Muchas veces, lo que ellos intentan solucionar, las propias Direcciones Provinciales se lo desmantelan, como consecuencia de la aplicación de altas dosis de atrevimiento y precipitación. Pondríamos demasiados ejemplos, pero de momento dejémoslo así. Tiempo tendremos en los próximos meses, tanto en los medios de comunicación como haciendo uso del sindicalismo serio y docente no inmerso en la trama social y económica del Sindicalismo Verticial Unificado.
Así, seguimos con la falta de revisión de las Áreas de Inspección Educativa; la tozudez de alguna Dirección Provincial con los ámbitos de conocimiento de la educación secundaria, por puro, claro y manifiesto desconocimiento; alumnado desmotivado y apático en el régimen ordinario que carece de la respuesta adecuada por parte de la Administración educativa; decenas de alumnos entre 18 y 20 años que llegan a la educación de adultos sin saber sumar y apenas leer, a lo que se une un claro fracaso del sistema en un importante porcentaje de alumnado, bastante mayor de lo que se viene anunciando; nula respuesta de los cursos de PCPI que, ante el bajo nivel, impide en muchos casos continuar estudios a quienes cursa tales programas; el profesorado, cargado de ilusiones y esperanzas, se encuentra al límite de sus buenas intenciones y de su mejor voluntad para sacar adelante su labor diaria; excesiva carga sobre los hombros del profesorado ante muchos de los programas que se inventa la Administración educativa de Castilla y León y que, en muchas ocasiones, no planifica adecuadamente: habla del programa de bibliotecas y hay centros que carecen de biblioteca, pero la Consejería mira al tendido, como casi siempre.
Muchas campañas educativas salen adelante por la voluntad del profesorado y su compromiso con el sistema educativo, a sabiendas de que desde los servicios periféricos y desde las propias Consejerías de educación no se recibe asesoramiento ni supervisión ni información. No hay más que echar una ojeada a la realidad ante los expedientes disciplinarios que se llevan a cabo en los centros: en decenas de ocasiones la Administración educativa no quiere saber nada y pasan al profesorado de teléfono en teléfono cual pelota de tenis, haciendo gala de la caradura más indigna y del desprecio más evidente al profesorado y, por añadidura, al ciudadano y contribuyente. Entre el profesorado se tiene la idea de que ese desprecio forma parte de la política educativa del Partido Popular en comunidades como Castilla y León, donde políticos y demás aficionados insisten en ponerse medallas amparados en la calidad del profesorado y en los resultados que éste aporta, incluso cuando aspectos variopintos del sistema educativo no facilitan el trabajo diario y mucho menos el resultado final. No es difícil dar fe de ello, porque nos informan de eso mismo fuentes dignas de todo crédito, así como en ocasiones lo vivimos y comprobamos a diario.
El Partido Popular y su Consejería de educación, correa de transmisión propagandística como pocas, y que a veces nos hace recordar a la Asociación Nacional de Propagandistas de Herrera Oria (nada que ver con Herrera Campo) sigue saliendo en la foto cada vez que saca un conejo de la chistera y lo mismo le da anunciar obras que no se han hecho como obras de infraestructura que planifican para hacer y nunca ven la luz. ¡No estaría de más que alguien de la Consejería preguntara qué obras son esas, como no estaría de más que se plantearan en serio el cese de algunos titulares de direcciones Provinciales de educación o el recorte de liberados dentro del Sindicalismo Vertical Unificado!
Hoy el profesorado asiste atónito al aumento de programas que sirven para que salgan en la foto de nuestros diarios algunos políticos y cargos ‘dedocráticos’ que, de otra forma, no aparecerían ni en su álbum familiar. Ahí están las campañas de mejora de la lectura, el entramado de la complicada convivencia escolar en los centros, la inmersión lingüística, los programas de tecnologías de la información, la cuestión de los coordinadores de convivencia en los centros de EPA, la indefinición de cierta normativa, el atropello de los ámbitos de conocimiento en los centros de educación de adultos como el científico-tecnológico (el ejemplo más claro de que para la desorientada Administración educativa, y exagerando un poco, el profesor de latín puede impartir física y química). Toda la carga citada y mucha más que se inventa la Administración recae sobre los centros y sobre el profesorado, pero sin aumento de éste y tras haber ‘atropellado económicamente’ al profesorado, como si fuera el culpable de la crisis y de los cuatro millones y medio de parados.
No es de extrañar que el sindicalismo serio, no inmerso en el Sindicato Vertical Unificado, se harte de reclamar con cautela y certeza el cumplimiento de Acuerdos ya firmados y no desarrollados. Unos acuerdos que van desde la reducción horaria de la jornada de los profesores mayores de 55 años y otras mejoras retributivas que representan un agravio comparativo con otras Comunidades que, por supuesto, ya lo están cumpliendo.
No estaría de más que Castilla y León utilizara un par de vehículos de su extensa flota de coches oficiales (la más extensa con diferencia, después de Andalucía) para desplazar a un par de personas sensatas de su amplia nómina de allegados políticos para que estudiaran con detenimiento y profundidad las mejoras de esas comunidades. Sin duda, Castilla y León saldría bastante mal parada con la comparación.
Pero nunca es tarde; recordemos que Castilla y León fue la comunidad más dócil al mandato del Gobierno central para rebajar las retribuciones al profesorado y a los funcionarios en general, de forma arbitraria e injusta, lo que convierte al personal al servicio de la Administración regional en las víctimas directas de la crisis.
