Muchas campañas educativas salen adelante por la voluntad del profesorado y su compromiso con el sistema educativo, a sabiendas de que desde las Direcciones Provinciales de Educación y desde la respectiva Consejería no se recibe asesoramiento ni supervisión ni información.
No hay más que echar una ojeada a la realidad ante los expedientes disciplinarios que se llevan a cabo en los centros; en decenas de ocasiones la Administración educativa no quiere saber nada y pasan al profesorado de teléfono en teléfono cual pelota de tenis, a la vez que dejan en un claro y vergonzoso desamparo a los instructores de expedientes, haciendo gala de la caradura más indigna y del desprecio más claro al profesorado y, por añadidura, al ciudadano contribuyente. Entre el profesorado se tiene la idea de que ese desprecio forma parte de la política educativa del Partido Popular en la comunidad de Castilla y León.
Y muchos otros damos fe de ello, porque nos lo cuentan fuentes dignas de todo crédito y porque lo hemos vivido en primera fila, además de haberlo comprobado en primera persona. Pero no se sorprendan, amigos lectores, si les decimos que ahí siguen aún los responsables del desaguisado; ni siquiera han aprendido que el verbo dimitir tiene una clara conjugación, como tampoco ha aprendido la Administración de Juan Vicente que el verbo cesar también se puede conjugar con claridad en estos casos. Pero, claro, suele hacer que se rompa la cuerda por el sitio más flojo.
Por eso en otro artículo les contaremos cómo un director general, todavía en la misma poltrona que hace varios años, cobraba talones por dar conferencias y asistir a mesas redondas, pero a la vez impedía que cobraran sus asesores por el mismo fin. ¿Corrupción? ¿Simple atropello? ¿Afán de putear? ¿Chulería?…. De todo un poco. Como fui notario del hecho, de ello daré fe.
