Por Xavier Carrió.- Se pensó que las autonomías acercarían la administración pública al ciudadano y todo sería más fácil y lo que ahora nos encontramos son unos monstruos insaciables que cada vez necesitan más para sus territorios en los que cada día es más difícil establecerse y trabajar, gracias a que cada uno de ellos está haciendo la guerra por su cuenta y quieren controlar hasta la náusea a cada uno de sus ciudadanos.
En estos 30 años se han establecido 17 pequeños Estados a la imagen del Estado central, asumiendo cada vez más competencias innecesarias o duplicadas que ya estaban cubiertas por otros organismos y lo que han hecho ha sido entrometerse en su vida familiar y se producen numerosas colisiones, atosigándoles con leyes imposibles de cumplir, llegando a querer organizarles su vida, cuando tienen que abortar, en qué idioma tienen que hablar, montando embajadas en Ruanda para colocar a parientes, o poniendo servicios de traducción para senadores que hablan el mismo idioma, solo para marcar su diferencia con los demás. Solo nos faltan las vallas fronterizas a la entrada del pueblo. Es la Torre de Babel.
El sistema está agotado y la única solución es recortar el gasto público que no para de endeudar al país, que se come todo el dinero disponible de las cajas y bancos españoles necesario para que empiece a llegar dinero a las empresas y éstas puedan empezar a invertir y crear nuevos puestos de trabajo y estos nuevos trabajadores empiecen a cotizar y pagar impuestos.
Tres millones de funcionarios, además de 1.000.000 de contratados, trabajando para los reyezuelos de las 17 autonomías con sus respectivos parlamentos y diputados, con 8.112 ayuntamientos, 65.347 concejales, 47 diputaciones provinciales, cabildos, veguerías, y consejos insulares a los que hay que añadir fundaciones, partidos políticos, sindicatos, patronatos etc, y una pléyade de empresas públicas contratadas para hacer unas labores que dejan mano sobre mano a los funcionarios que antes estaban para ello. Todos cobrando de unos presupuestos financiados con unos impuestos que pagan los cada vez menos españoles dedicados a la economía productiva.
