Hace tiempo que el Procurador del Común de Castilla y León ha adquirido un prestigio que no tiene el equivalente a esa misma figura en otras Comunidades autónomas. Ni siquiera el Defensor del Pueblo llega a los ‘talones’ del prestigio al ínclito Javier Amoedo y todo su equipo; bien es verdad que tal titularidad cuenta con un ‘alma máter’ cuya capacidad de trabajo y de organización solo puede conducir a la Procuraduría del Común al éxito más clamoroso y reconocible. Nos referimos a la adjunta: María Teresa Cuena Boy.
¡Cuánto le gustaría a Juan Vicente Herrera contar con equipos capaces de dar la vuelta a la tortilla de cualquier situación, como acostumbra a hacerlo el Procurador y su equipo. ¿Ven ustedes la diferencia? Mientras la imagen de Javier Amoedo se prestigia y engrandece de día en día, la figura de Herrera Campo se ennegrece y difumina por falta de equipos de trabajo; él sabe que la Comunidad se le ha ido de las manos y no hace falta que vuelva a repetir aquella famosa frase de don Manuel Azaña, sobre los imbéciles y la imposibilidad de gobernar.
Recientemente — y por poner un ejemplo de eficacia, eficiencia y efectividad — el Procurador del Común formuló una resolución que tiraba por tierra el criterio adoptado por la Dirección Provincial de Educación de Valladolid y para ello aportaba una abrumadora tanda de razonamientos administrativos y jurídicos en aplicación del derecho constitucional de igualdad. Con ello venía a decirle a la Administración de Juan Vicente Herrera que la ociosidad hace perder sentido de la realidad en región. La resolución reforzaba el recurso de alzada de un director de centro específico de educación de personas adultas de Valladolid que, ante el atropello y dejadez mostrados por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, fue elevado ante tal Delegación por la pasividad de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid en el reconocimiento de derechos personales y colectivos.
Ante tal atropello, el Procurador del Común demostró estar a la altura de las circunstancia y saber ‘mojarse’ donde otros se suelen esconder o simplemente agitan las ondas del charco. De ahí que instara a la propia Dirección Provincial de Educación de Valladolid «a reconocer como horario de secundaria la parte proporcional del componente singular del complemento específico a los Maestros que desempeñan cargos directivos en los Centros de Educación de Personas Adultas que imparten Educación Primaria y ciclos de Educación secundaria Obligatoria en atención a sus horas de dedicación a las tareas directivas».
Ahí es nada; con ello se consolida definitivamente un hecho que ha llevado a una tremenda descoordinación entre las Direcciones Provinciales de Educación de la comunidad. Lo que no entendemos es que todavía no haya cesado Juan Vicente Herrera a los principales responsables del desaguisado; otra prueba más de que le ningunea su gente y le desinforma interesadamente. Ahora se ha instado a responder al órgano competente de la Consejería de Educación, conforme a la ley reguladora de la institución; pero mucho nos tememos que en dicha Consejería sigan mirando al tendido hasta que el novillo les voltee o Herrera Campo les ‘agarre por la pechera’.
La dejadez mencionada, y otras de más grueso calibre y mayor daño social, ha llevado al Procurador del Común a solicitar una nueva ley para fortalecer la institución. Algo con lo que la ciudadanía parece estar plenamente de acuerdo, ante la tendencia y la tardanza de los distintos órganos de la Junta, Ayuntamientos, Diputaciones y otros órganos y organismos a hacerse los remolones y extender en el tiempo las respuestas y el envío de documentación al Procurador del común. De ello somos testigos, como ciudadanos a quienes en algún momento se nos ha instado desde las instituciones a tal demora (oponiéndonos a ello y renunciando al puesto de trabajo), para entorpecer la labor del Procurador del Común; lo más grave es que se hizo desde y en la propia Junta de Castilla y León y dentro de la misma Consejería de educación en los años iniciales de la asunción de competencias educativas por parte de Castilla y León.
El Procurador del Común «solicita una nueva ley reguladora de la institución y la derogación de la actual, en la que se recoja, como novedad y por primera vez en la normativa autonómica, el deber de colaboración, mecanismos de garantía y la responsabilidad penal entre los artículos dirigidos a endurecer la falta de colaboración de las administraciones regional y local con el defensor de los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma». A eso se llama dignidad, coherencia, sentido común, eficacia, eficiencia y responsabilidad. Nada que ver con la actitud que demuestran decenas de políticos, sindicatos y organizaciones de curioso y dudoso ‘pelaje’. Lo mejor para la Junta de Castilla y León es que las elecciones están próximas y aún tienen tiempo de hacer limpieza en condiciones, desalojar todo lo inserviblo (que es mucho), cerrar la puerta y apagar la luz.
Amoedo entiende que es el momento adecuado para empezar a elaborar una nueva ley que permita regular las competencias, organización y funcionamiento del Común. Y a la vista de cómo se funciona en alguna Consejería del máximo organismo regional, quienes lo conocemos en profundidad estamos obligados a apoyar la postura de Javier Amoedo. Sobran más razonamientos al respecto. Como decía Margaret Mitchel: «después de todo, mañana es otro día».
