La consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función ha sido una de las grandes demandas de ANPE desde la puesta en marcha del servicio Defensor del Profesor. Nos satisface mucho verla reconocida por el Fiscal General del Estado aunque seguiremos reivindicando su expreso reconocimiento legal.
Sin embargo, la autoridad del profesor es un hecho básico de la relación educativa y por eso ahora debemos dar un paso más: la sociedad debe valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo docente y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas.
