A través de una sentencia judicial secreta, Estados Unidos ha exigido a la compañía Google y el ISP (Proveedor de servicios de Internet, en sus siglas en inglés) Sonic entregar toda la información de las cuentas de correo electrónico de Jacob Appelbaum, voluntario de Wikileaks.
De acuerdo a la legislación vigente, en Estados Unidos existe una ley federal, la Electronic Communications Privacy Act, por la cual el gobierno tiene el derecho a obtener datos como el correo electrónico y teléfonos de personas, aunque no se las acuse formalmente de ningún delito. Por este motivo, el gobierno de EE.UU. está en su derecho a exigir a Google y a la compañía Sonic la información solicitada.
La investigación que está llevando el gobierno de Estados Unidos acerca de Wikeleaks está causando algún que otro dolor de cabeza tanto a las autoridades como a los medios y por eso la Casa Blanca trata de recabar toda la información posible sobre el caso. En este caso, desde el primer momento tanto Google como la ISP Sonic se opusieron a dar la información solicitada.
El presidente de Sonic, Dane Jasper, ha asegurado al diario ‘The Wall Street Journal’ que desde su empresa se ha luchado para no acatar esta orden secreta. Mientras, por su parte, Google no ha querido hacer declaraciones al respecto.
Jacob Appelbaum, de 28 años, durante este tiempo ha formado parte del equipo de voluntarios de WikiLeaks y es un desarrollador para el proyecto Tor. Durante estos últimos meses, Appelbaum ha sido vigilado por el gobierno de Estados Unidos, aunque de momento no ha sido acusado de ningún delito.
La ley de comunicaciones electrónicas, al igual que la Ley Patriótica aprobada tras el 11-S, plantea problemas de privacidad y choca con las libertades y derechos defendidos por la Constitución de EE.UU. Además, la Electronic Communications Privacy Act se muestra desfasada, ya que fue aprobada algunos años antes del nacimiento de la ‘World Wide Web’.
Según ha informado ‘The Wall Street Journal’, hay empresas tecnológicas, entre ellas Google, Microsoft Corp. y AT&T Corp., que están presionando al Congreso para actualizar la ley.
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