Hace algo más de un año, las cosas estaban así, según alt1040.com:

La decisión de Google de compartir información de sus usuarios de manera horizontal entre todos sus productos genera fricciones entre la compañía y la Unión Europea, que además de generar críticas, sería objetivo de acciones legales por parte de la Unión Europea.

Llega el momento de las acciones legales, en vista de que Google no cumple con la Directiva 95/46/CE (ver síntesis) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En estos momentos y en primera posición se encuentra Francia, seguida de Holanda, España, Alemania y algunas organizaciones inglesas. Más adelante seguirán, muy probablemente, los demás estados miembros. Lo refiere la agencia Efe y lo recoge la prensa internacional:

Seis organismos europeos de protección de datos emprenderán acciones contra Google por no haber respondido a su exigencia de modificar las reglas de confidencialidad, informó la Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL).

Las autoridades nacionales de protección de datos dieron a Google a finales de octubre un plazo de cuatro meses para que actuara conforme a la normativa europea.

Los países europeos habían pedido a Google que facilitara información clara y completa sobre los datos recabados, que precisara la duración máxima de conservación o su finalidad, o que mostrara su compromiso de respetar las exigencias de la directiva europea de protección de datos.

Los organismos en cuestión, según el comunicado de la Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL), son los correspondientes a Alemania, España, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido, que recibieron a representantes de Google el pasado 19 de marzo.

«Acabada esa reunión, no se ha puesto en marcha ningún cambio,” destaca el CNIL, según el cual le corresponde a cada autoridad nacional proseguir las investigaciones pertinentes a su normativa nacional.

(…)

Veremos en qué acaba este pulso sobre el uso de los datos personales de la ciudadanía, y no solo de los consumidores.

 

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