La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ordena la expulsión de 34 cabecillas de bandas latinas, bandas violentas en extremo. España es, en líneas generales, un país acogedor con los inmigrantes, compresivo con su cultura, tradiciones y costumbres, pero no puede ser tolerante con algunas «costumbres» ungidas como parte de la cultura popular, y que se traducen en miedo, violencia, enfrentamientos e inseguridad en las calles. La convivencia, el orden, son cuestiones de obligado cumplimiento en aquellos países, como el nuestro, donde el fenómeno de las bandas callejeras no forma parte de la idiosincrasia de algunos jóvenes y de las tradiciones populares basadas en actuaciones delictivas, de violencia gratuita.
La delegada del Gobierno no está dispuesta a consentir que las bandas latinas se hagan dueñas del territorio de la calle e impongan su ley. La expulsión de los responsables de estas bandas conlleva la anulación de sus permisos de residencia, se les retira la nacionalidad y no podrán volver a España al menos en cinco o diez años. No resulta sencillo llevar a cabo estas expulsiones, porque la Ley de Extranjería es, según la delegada, «extremadamente garantista». Pero a Cifuentes no le va a temblar el pulso a la hora de echar del país a violentos jóvenes pertenecientes a los Latin King, Ñetas, Trinitarios o Las Maras. Madrid acoge a la inmigración, pero no puede permitirse el lujo de que una parte, aunque sea minúscula, de esa inmigración, se dedique a sembrar violencia por las calles.
