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Gente en Burgos

Supondrá en la provincia una recaudación de impuestos de 28 millones al año

El transporte de Burgos se une en el rechazo a la aplicación del céntimo sanitario en Castilla y León

Las asociaciones de sector se han reunido en FAE para analizar las consecuencias de esta medida, que supondrá en la provincia una recaudación de impuestos de 28 millones de euros al año.

Archivado en: Burgos, transporte, céntimo sanitario, Junta de Castilla y León

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27/1/2012 - 13:28

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, presidió el pasado miércoles en la Casa del Empresario una reunión a la que asistieron los responsables de las principales asociaciones del transporte de Burgos: Asociación del Transporte de Burgos (ASEBUTRA), la Asociación de Transporte de Cargas Completas (ASTRACC), Asociación del Transporte de Cargas Fraccionadas (ATCAF), la Asociación de Transporte Discrecional de Viajeros (ADIBUR), la Asociación del Transporte Regular de Viajeros (ASVIBUR), la Asociación de Empresarios de Distribución para Hostelería y Alimentación (ABEDISHA), la Asociación Burgalesa de Taxis (ABUTAXI) y la Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla y León (AVECAL).

Este encuentro se celebró para analizar las consecuencias de la aplicación del céntimo sanitario en el precio del combustible prevista por la Junta de Castilla y León en el territorio regional en la cuantía máxima permitida por la Ley (4,8 céntimos por litro de combustible), y en él se acordó expresar el rechazo rotundo de FAE, y de todas las asociaciones de empresarios más afectadas, a esta medida, al considerar que la entrada en vigor de este impuesto adicional penalizará gravemente la actividad del sector del transporte, contribuirá directamente a un incremento añadido de la inflación y pondrá en clara desventaja al tejido empresarial de Castilla y León en relación con el de las comunidades más próximas que no han hecho uso de este recurso impositivo: Cantabria, el País Vasco, la Rioja y Aragón.

Además, provocará cierre de empresas, deslocalización de firmas, y pérdida de volumen de negocio, de competitividad y de empleo.

Los asistentes a la reunión resaltaron también la gravedad de este impuesto adicional en tanto en cuanto contribuye a romper la unidad de mercado, posibilitando una discriminación fiscal entre Comunidades Autónomas, algo contra lo que desde Castilla y León se ha venido luchando a raíz de las vacaciones fiscales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que perjudicaron especialmente a Burgos, y sobre lo que el Tribunal de Justicia de la UE se ha venido pronunciando.

En este sentido el presidente de FAE subrayó en que la provincia de Burgos será la provincia que más se verá afectada de todo Castilla y León por la implantación de este impuesto, ya que es la que más combustible diesel (el que utilizan las empresas de transporte) consume de la región: "Burgos, según cifras 2011, aportará el 20 % de lo recaudado en toda la región -explicó Miguel Ángel Benavente-. Lo cual supondría, según las previsiones de la Junta de Castilla y León, que los burgaleses (especialmente las empresas) aportaríamos anualmente 28 millones de euros por ese nuevo impuesto".

Además, FAE considera que es necesario contextualizar el precio del combustible en relación al poder adquisitivo de España: "A los españoles nos cuesta llenar un depósito de gasoil de 60 litros tres veces más que a un ciudadano de Luxemburgo. Y más de dos veces respecto a irlandeses, holandeses o franceses. Ello atendiendo al precio del litro en función del salario mínimo de cada uno de esos países", declaró el presidente de FAE.

"En relación a España, actualmente los castellanos y leoneses ocupamos la décima comunidad autónoma en esfuerzo económico para llenar un depósito de diesel en relación al salario medio por autonomías. En caso de implantar los 4,8 céntimos por litro pasaríamos de golpe a ser la quinta, tras Canarias, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha. Y lo que consideramos más perjudicial, nuestras comunidades limítrofes se quedarían entre las cinco más baratas. Esto supondrá que en Castilla y León el ciudadano medio deberá dedicar casi un 30 % más de esfuerzo económico para rellenar el depósito que uno del País Vasco y Madrid", añadió.

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