29-S huelga general o la constatación de un fracaso
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Toda huelga, ya sea general, sectorial o empresarial, no deja de ser la constatación del fracaso de una negociación. En este país de tópicos, los paladines y abanderados de la negociación han sido siempre los partidos y sindicatos de ‘izquierdas’, pues en el universo de los típicos tópicos, todo lo que huele a ‘derecha’ es sinónimo de imposición. Dicho esto me reafirmo aún más en que la huelga general del próximo día 29 es la constatación del fracaso negociador del Gobierno de izquierdas y de los sindicatos de izquierdas, aunque también ha fracasado alguno de derechas, ¡no van a ser los malos siempre los mismo! A uno le queda la duda de si esta huelga es fruto del encuentro en la mesa de negociación de ‘marmolillos’ a uno y otro lado de ella, o si lo es porque ya no había forma humana ni sindical de acallar el clamor popular ante los casi cinco millones de parados.
Lo cierto es que la última huelga general que convocaron los sindicatos fue al ex-presidente José María Aznar y recuerdo que sólo hicieron falta algo más de dos millones de desempleados para que los representantes de los trabajadores se echaran a la calle. Será que los parados de ahora tienen menos valor que los de hace unos años y por eso ha habido que esperar a esta desastrosa cifra.
Nuestros sindicatos y nuestros gobiernos deberán plantearse el futuro de la lucha sindical y del papel que las organizaciones, tanto empresariales como sindicales, deben jugar en la regulación del mercado laboral, sin olvidar su dependencia económica de los Presupuestos Generales del Estado.
Durante las últimas semanas hemos vivido la enésima ‘demonización’ de los liberados sindicales gracias a las manifestaciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Otras comunidades autónomas, como la nuestra, han respondido a la propuesta de la presidenta madrileña con una ‘larga cambiad’. José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, manifestaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves, que en Castilla y León existen los liberados necesarios.
¿Cuántos trabajadores liberados son ‘necesarios’? Difícil responder. ¿Cuántos trabajadores liberados existen? Saberlo es más complicado aún. La CEOE hizo público un informe, durante el mes de mayo pasado, en el que se detallaba que el número de liberados que cumplían los requisitos que manda la ley es de 4.127, más los 609 de las administraciones públicas, en toda España. Sin embargo, entre los datos que aporta el informe aparece que 234.000 es el número de delegados sindicales, de los que 43.000 lo son en empresas públicas. Estos delegados y liberados sindicales suponen un coste en horas dedicadas al trabajo sindical en torno a los 250 millones de euros.
Estos datos unidos a las pretensiones de Esperanza Aguirre por reducir el número de liberados de la comunidad, para ahorrar así varios millones de euros en concepto de salarios, han provocado la apertura de un debate profundo sobre el papel de los liberados sindicales. Además, la situación actual de crisis ha hecho que dentro de los propios trabajadores se cuestione la labor de sus liberados sindicales debido a los ‘beneficios’ de los que gozan. Con más de cuatro millones de parados y no sé cuántos cientos de ERES en vigor, ser liberado sindical es una gran ventaja, ellos no pueden verse afectados por un Expediente de Regulación de Empleo, además, no tienen que soportar ningún control de su horario y pueden despotricar, con o sin razón, contra los dirigentes empresariales que les ocasionen dificultades en sus actuaciones o propuestas.
Sin lugar a dudas, la mayor y mejor ventaja de ser liberado sindical es la de librarse de los ERES, si bien es cierto que esta prebenda se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores para impedir el despido de los representantes sindicales implicados en negociaciones o enfrentamientos con la empresa.
Es bueno recordar que el Estatuto de los Trabajadores fue la primera ley ‘importante’ que se aprobó tras la Constitución. Adolfo Suárez le encargó a Fernando Abril Martorell, ministro y mano derecha de Suárez, la elaboración de una ley que regulara la labor sindical y que sirviese para acabar con los ‘sindicatos verticales’ de la dictadura. Junto a Abril Martorell, participaron en la redacción del Estatuto de los Trabajadores el actual vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, José Luis Corcuera y Joaquín Almunia, entre otros, quienes formaban parte de la UGT de Nicolás Redondo, todos ellos personas de confianza de Felipe González. Gracias a la buena relación entre Abril Martorell y José Luis Corcuera, elaboraron lo que sería aprobado como el Estatuto de los Trabajadores ante la oposición de Marcelino Camacho que era quien dirigía a Comisiones Obreras en los primeros años de la democracia.
Pues bien, en el articulado del Estatuto de los Trabajadores se establecía la figura del representante sindical ante las empresas. Deberían ser elegidos entre los trabajadores y, normalmente, formar parte de una lista avalada por un sindicato. El propio Estatuto establece el número de horas que los delegados debían dedicar al trabajo sindical, tres a la semana. Es a partir de aquí donde surge ‘la picaresca’ sindical y ‘la complacencia’ político-empresarial al permitir que los delegados sindicales elegidos ‘cedieran’ sus tres horas al sindicato para que éste las agrupase y las concretase en un trabajador para que se dedicase a tiempo completo al sindicato. Este es el nacimiento del ‘liberado sindical’.
Cierto es que el liberado sindical es quien tiene que dar la cara ante la empresa y que de su buena o mala gestión las condiciones laborales de sus compañeros mejoren o empeoren. También es cierto que cuando las cosas vienen mal dadas es a quien chillan y reclaman los compañeros afectados por despidos o reducciones en sus derechos. Pero aún así, no es menos cierto que hay tortas en los sindicatos por conseguir ser liberado sindical o, en el peor de los casos, un ‘simple’ delegado.
En mi opinión, el debate abierto sobre los liberados sindicales es la antesala a un debate mucho más profundo relacionado con el papel de las organizaciones sindicales y empresariales en la situación actual. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores a finales del año 78, el mercado laboral ha experimentado una transformación a la que los sindicatos no han sabido o querido adaptarse. La actual crisis económica no ha hecho otra cosa que sacar a luz estos desajustes y cuestionar tanto el funcionamiento como el papel que deben jugar los sindicatos y empresarios en las relaciones en el mundo laboral. Por otro lado, la ‘dependencia’ económica de unos y de otros de los Presupuestos Generales del Estado es cada día más cuestionada por una sociedad en la que el índice de parados continúa amentando y millones de trabajadores se encuentran sin empleo y sin nadie que se preocupe por ellos.
Los sindicatos luchan por mejorar la situación laboral de los trabajadores, además de asesorarles y respaldarles jurídicamente en sus conflictos y litigios con la empresa. Sin embargo, cuando un trabajador se queda en la calle, se queda más solo que la una, sin nadie que le represente ni le ayude, los sindicatos no trabajan para los parados porque éstos no tienen representantes a quien elegir. A los trabajadores en paro sólo les quedan los Servicios Sociales y el INEM de turno de su comunidad autónoma.
Publicado el 26 de septiembre de 2010 a las 10:15.
