Moratoria, suspensión o prohibición definitiva
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Una de estas tres alternativas es la que se aplicará al asunto de los toros en Cataluña, o sea, en Barcelona, que es la única población catalana en la que todavía se celebran corridas toros y una de las pocas en las que la plaza de toros se mantiene en pie. La plaza de toros Monumental de Barcelona data de febrero de 1916, si bien su esplendor comienza con la adquisición del inmueble de la Gran Vía por D. Pedro Balañá en 1947. El principio del fin de los toros en Barcelona comienza con la muerte de D. Pedro y el inicio de la gestión de su hijo Pedro Balañá Espinós, entrando la fiesta en un periodo de franca decadencia que no pasa desapercibido por los políticos catalanes que llegaron con la democracia. Con ellos comienza la persecución a todo lo taurino que huela a fiesta nacional de España con el beneplácito o el dolce farniente de D. Pedro que empieza a oler que la desaparición de los toros en Barcelona puede producirle pingüe beneficio. La muerte de la fiesta se acentúa en 2004 con la declaración por parte del ayuntamiento socialista de, "Barcelona ciudad contraria a la fiesta de los toros" y la prohibición de la entrada a los menores de 14 años. Una vez aprobado por el parlamento catalán el decreto por el que se prohíben las corridas de toros, comienza la alarma, las preocupaciones y las carreras desenfrenadas para poner fin a este atropello que para los propios profesionales ha pasado desapercibido, como si nuca llegaran a creerse que fuera posible. Llegados a este punto, se barajan argumentaciones legales, políticas y económicas para restablecer el orden perdido. La que tiene más visos de prosperar es la económica, pues para todo el mundo y para los catalanes más, la pela es la pela y la indemnización por el lucro cesante a la familia Balañá y Matilla como concesionario del coso, puede ser multimillonaria y las arcas de la Generalitat, por lo que dicen y lo que hacen, no deben de estar para despilfarros, máxime cuando se está hablando de una cifra cercana a los 300 millones de euros; esto, en una comunidad autónoma que está recortando gastos básicos en sanidad y educación. La segunda alternativa que se contempla es que prospere la Iniciativa Legislativa Popular que está recogiendo firmas para presentar en el Parlamento hasta llegar a las 500.000 necesarias. Esta posibilidad también es válida, pues el gobierno de CiU, contrario a la fiesta de los toros, encontraría un soporte para justificar ante sus votantes una moratoria en la aplicación del decreto parlamentario; esto, debería de hacerse antes de enero de 2012 que es cuando entraría en vigor la suspensión. La tercera vía que se contempla es esperar una sentencia favorable del Tribunal constitucional y / o del Tribunal Supremo que están entendiendo del caso, pero de esto nunca se puede predecir una final favorable porque aunque la decisión del parlamento catalán es a todas luces anticonstitucional, las decisiones de los jueces no se sabe por donde pueden salir. Las comunidades autónomas tienen todas las facultades para regular la celebración de espectáculos taurinos, pero no para prohibirlos ya que esta facultad corresponde solo al parlamento nacional. Un vuelco en las elecciones del 20 N, cambiando el color del gobierno, sería otra posibilidad pues el PP siempre se ha mostrado contrario a las prohibiciones. Nosotros particularmente confiamos en que cualquiera de las iniciativas pueda prosperar y que Barcelona, ciudad taurina donde las haya, pueda volver a celebrar corridas de toros. Ah!, se nos olvidaba, la última actuación de José Tomas en Barcelona dejó un beneficio para la ciudad cercano a los 3 millones de euros.
Publicado el 29 de septiembre de 2011 a las 13:00.