Rajoy necesitaba preservar la imagen de unidad en el PP, más después de las criticas de Aznar a la "languidez de la resignación", pero sólo ha conseguido un acuerdo de mínimos para aplazar una solución que satisfaga a todos. Porque una cosa es la lealtad al presidente del Gobierno, y otra es consentir el privilegio a unas regiones sobre otras cuando a dos años vista están las elecciones autonómicas. Los barones del PP saben que los recortes pueden pasarles factura electoral, y no están dispuestos a asumir el desgaste mientras se privilegia a Cataluña para que Artur Mas rebaje la tensión soberanista a cambio de un respiro fiscal. En esta tesitura, Rajoy ha tenido que aplazar hasta el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de junio la solución al déficit asimétrico con el compromiso de que se aplicarán criterios objetivos y no políticos sobre el reparto del déficit. Hasta entonces, el Gobierno se sentará a negociar bilateralmente con todas las regiones para fijar los objetivos finales que establezca la Unión Europea, y en función de eso elaborar la propuesta para que asuman las comunidades.

  Con esta apariencia de unidad, y algún premio a las comunidades más cumplidoras, conseguirá pacificar a los suyos mientras negocia una salida al desafío soberanista de Cataluña. Podrá sacar adelante los compromisos de reducción del déficit, pero el problema de fondo, el modelo de financiación autonómica que nos ha traído hasta la situación actual, aquel que en las épocas de bonanza repartía alegremente los recursos a medida que cada comunidad iba engullendo sus presupuestos en un pozo sin fondo, sigue sin resolverse. 

Entre la agenda de reformas que el Gobierno tiene entre manos para impulsar la salida de la crisis, hay una de gran calado que está generando controversia por los efectos que tendrá sobre los ayuntamientos y los servicios que prestan. Gran parte de la deuda que arrastran los municipios se deriva de la asunción impropia de estos servicios y de la falta de financiación para sostenerlos. Estamos a las puertas de una recentralización que pretende poner orden en el confuso mapa de la administración local con el objetivo de ahorrar costes y con el reto de que la ordenación de las competencias en un Estado claramente sobredimensionado no suponga una merma en la calidad de los servicios. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que prevé entrar en vigor en enero de 2014 va a suponer una importante revolución para ayuntamientos y diputaciones, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes y en los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que pueden perder la gestión de sus principales servicios como el alumbrado público, la limpieza, la recogida de basuras o el abastecimiento de aguas, entre otros.  

   Esta reforma pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, de tal manera que se garanticen los servicios al ciudadano de la manera mas eficiente y al menor coste posible. No se trata de restar poder al municipalismo, sino de racionalizar la administración local. El Gobierno ha fijado un valor estándar de determinados servicios, y todo municipio que lo supere se considera que no está siendo eficiente. Según sus cálculos, el 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes y el 37% de los de entre 5.000 y 20.000 habitantes no son eficientes porque están prestando sus servicios a un coste superior al que podrían hacerlo. Para entenderlo, el coste por cabeza en los municipios  más pequeños es de 1.200 euros, frente a los 445 que cuestan estos mismos servicios en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Los números cantan. En estos casos, las diputaciones o en su defecto las comunidades asumirían estos servicios durante cinco años, plazo a cuyo vencimiento los ayuntamientos podrán recuperarlos si demuestran su capacidad de gestión mejorada. Con el recorte de competencias, el Gobierno espera ahorrar en torno a los 7.200 millones, y otros 800 homogeneizando las retribuciones de las plantillas municipales. Un ahorro total de 8.000 millones de euros. Son medidas que van en la dirección adecuada, aunque se podria haber aprovechado para adelgazar la estructura local reduciendo el número de concejales y de cargos de confianza adscritos.    

Rajoy no consigue convencer a la opinión pública de que su dura política de recortes, que ha llevado al incumplimiento sistemático del programa con el que ganó las elecciones, -hasta 30 subidas de impuestos en 16 meses- era necesaria para evitar el colapso de la economía española e impedir el temido rescate que hasta hace unos meses parecía inevitable. Hay un fallo clamoroso de comunicación del Gobierno con la sociedad, y por encima de todo, lo que hay es un hastío ciudadano que ya no se cree los discursos oficiales. Promete Rajoy que en 2015 bajarán los impuestos. Lo mismo que dijo para 2014 y para 2013. Las promesas son gratis, los hechos no lo son.

Cierto es que el esfuerzo para reducir el déficit ha propiciado que la UE flexibilice sus exigencias otorgando un margen adicional de dos años para cumplir los objetivos, pero no es menos cierto que esa corrección del déficit ha venido más como consecuencia de haber aumentado los ingresos por la subida de impuestos, que por la reducción de gastos de la Administración. Es de sentido común que ahora que se cuenta con ese margen adicional, que supone en la práctica unos 18.000 millones para el Estado, se comparta con los ciudadanos con una rebaja de impuestos. Esperanza Aguirre va a seguir insistiendo en esa línea, porque está convencida de que bajar impuestos es positivo para la recuperación, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y porque lo ha practicado en Madrid, donde una fiscalidad más ajustada que en el resto de comunidades ha propiciado que la actividad económica de la región sea más alta que en el resto de España

   Entre medias de este drama se ha colado una de sus derivadas, el acoso a políticos bajo la fórmula del escrache, aderezada por las protestas de los afectados de las preferentes, que se han sumado a esta nueva forma de "expresión ciudadana" del cabreo, que consiste en plantarse ante la vivienda de un político del PP para alterar su tranquilidad, la de su familia, la de sus vecinos y la de todo aquel que se cruce por el camino y no se sume a la fiesta. Este asunto se ha convertido en uno de los principales motivos de confrontación política. A los que defienden el derecho a manifestarse habría que preguntar si apoyarían también el escrache si el acosado fuera de sus propias filas -ojo, que todo puede llegar- y no del PP. Y convendría refrescar la memoria de los que parecen haber olvidado que los desahucios no se han inventado en esta crisis. En tiempos de Rodríguez Zapatero se produjeron 370.000 desahucios, y se promovió desde el Ministerio de Vivienda de Carme Chacón la creación de una decena de juzgados exprés para agilizar los desahucios. Pero hay que evitar la tentación de llevar la protesta al ámbito de lo privado porque este tipo de presiones de ciudadanos cabreados suele ser antesala de graves desórdenes de consecuencias imprevisibles.

   Es difícil separar la sensibilidad ante la imagen de una familia en la calle, de la necesaria serenidad que requiere discernir que no todos los casos son iguales y que la protección a los más vulnerables no puede poner en peligro la seguridad jurídica del resto con medidas de dudoso encaje legal, pero lo que no se puede es dejar las cosas como están. En Andalucía, la Junta va a expropiar temporalmente a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un desahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión social y va a imponer multas a los propietarios que tengan inmuebles vacíos. En Madrid, la Comunidad ha puesto a disposición de familias desahuciadas y personas en situación de especial necesidad, a través de Cáritas, 1.000 viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, con un alquiler social de 200 €uros al mes. Son dos formas diferentes de enfrentarse a un mismo problema, que sin embargo, no tendrá visos de solución a largo plazo si no va acompañado de una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria.

     Hace cuatro años, Madrid fue capaz de movilizar a la sociedad que veía en la candidatura de Madrid 2016, igual que ocurriera cuatro años antes, un sueño ilusionante. Hoy, inmersos en una crisis no sólo económica, sino de confianza, la candidatura no despierta el mismo entusiasmo y muchos  cuestionan si estamos para gastar en fastos de esta naturaleza. Es legítimo. Pero de ahí a boicotear un proyecto que no sólo es beneficioso para la ciudad sino para el conjunto del Estado, como Barcelona 92 lo fue en su día para España, media un abismo.

    Hay que conseguir que los evaluadores se lleven la mejor impresión posible. Las principales calles y avenidas por donde discurrirá la comitiva del COI se han engalanado con miles de banderolas y carteles publicitarios con el logo y los colores olímpicos con objeto de atraer voluntarios a la causa y concitar el máximo apoyo popular, uno de los aspectos, junto con las infraestructuras, que más peso tiene a la hora de decidir la ciudad encargada de organizar los juegos. De las impresiones que se lleve la delegación del COI dependerá en gran medida la decisión que se adopte finalmente el 7 de septiembre en Buenos Aires.

     Hay otros aspectos de los que desconocemos su impacto, pero que alcanzan una dimensión internacional que puede influir negativamente en las posibilidades de Madrid. El principal, la crisis económica y el paro. También la tragedia del Madrid Arena, las noticias de la corrupción que mancha a partidos e instituciones del Estado, y las revelaciones del juicio de la Operación Puerto contra el dopaje. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el nuevo proyecto de ley Antidopaje, que adapta al ordenamiento jurídico español a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje y que una vez refrendada en el parlamento puede ser una de las fortalezas de la candidatura de Madrid 2020. El gobierno está consensuando con la oposición la Ley de Transparencia. Nuestros puntos débiles están, por tanto, en fase avanzada de ser superados. Sólo queda que a los evaluadores les dejen hacer su trabajo para que puedan comprobar que Madrid es, con diferencia, la mejor candidata.       

     El desafío del Gobierno es formidable, pero ¿cuál es el precio a pagar? ¿Hasta qué punto se puede mantener la política de austeridad y los recortes drásticos que están lastrando la recuperación económica? Es evidente que sin controlar el déficit público no puede haber posibilidad de recuperación económica, y por tanto, de creación de empleo. Pero al mismo tiempo, sin reducir el desempleo tampoco es probable que se pueda salir de la crisis. Ambas políticas tiene  que ir de la mano, pues no es posible sacrificar un objetivo o posponerlo para lograr el otro. Una tesitura ante la que el Gobierno no puede hacer otra cosa que confiar en que las medidas adoptadas den sus frutos antes de que los sacrificios de los ciudadanos deriven en graves conflictos sociales.