Sin acritud

La Constitución española proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Al artículo 14 de nuestra Carta Magna habría que añadirle "y con independencia de su afiliación sindical". Porque si se es funcionario o pensionista, la contribución al recorte del gasto público es mayor que si se pertenece a uno de los sindicatos de clase. Y es que nuestros sindicatos, más que clase lo que tienen es auténtico pedigrí. Los funcionarios van a ver cómo el Gobierno les recorta su salario en una media del 5 por ciento, y los jubilados van a sufrir la congelación de sus pensiones. Unos y otros son los principales paganos de la crisis, junto con el resto de trabajadores del sector privado que ya han padecido los ajustes en sus empresas, bien mediante la congelación de sus nóminas, con recortes de sueldo, o directamente perdiendo sus empleos. Por el contrario, los sindicatos, principalmente UGT y CCOO, los mismos que han convocado a los funcionarios a una huelga para protestar por el recorte de salarios en la función pública, van a mantener intactas las subvenciones con las que el Gobierno les tiene apaciguados. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones a las organizaciones sindicales, una ayuda de 15.798.500 euros destinada a "fomentar mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos de los trabajadores". Es decir, que el Gobierno nada y guarda la ropa, o lo que es lo mismo, se lo quita a funcionarios y pensionistas, y se lo reparte a los sindicatos para seguir manteniendo su docilidad, no sea que se les ocurra montar una huelga general. Y en justa reciprocidad, que de bien nacido es ser agradecido, los sindicatos van a impulsar la movilización de jubilados y pensionistas contra el plan de ajuste, pero sin pasar de ahí, y por supuesto, sin renunciar a las subvenciones, a las que hay que sumar lo que reciben para cursos de formación, en conjunto más de 220 millones de euros. CCOO ha defendido las subvenciones "porque así lo prevé la Constitución".  Muy cierto. Pero también prevé la Constitución "el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia". ¿Habrá que volver a añadir "y con independencia de su afiliación sindical"?

 

Publicado el 20 de mayo de 2010 a las 12:00.

               

Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y nadie, ni siquiera un juez, puede situarse por encima de ella. Al juez Baltasar Garzón le avalan numerosos servicios al Estado realizados en el ejercicio de su magisterio, y una brillante trayectoria en la instrucción de cantidad de causas de gran trascendencia y repercusión, no sólo mediática, sino penal. Nadie mejor que el propio juez para entender que está sometido a la Ley como cualquier otro ciudadano y que por muy loable que sea la causa que lo motive ha asumir las consecuencias si olvida este precepto. Por eso ha sorprendido el tono de los mensajes que se han escuchado en el acto de apoyo al juez contra su procesamiento por parte del Tribunal Supremo organizado por los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense. Procesamiento, no hay que olvidar, por un supuesto delito de prevaricación consecuencia de las diligencias practicadas en la investigación de los crímenes del franquismo. No por investigar los crímenes, sino por hacerlo a sabiendas de no tener competencias para ello. Que la querella que ha provocado la decisión del magistrado Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo haya sido interpuesta por el sindicato derechista Manos Limpias y por Falange Española de las Jons, no ha contribuido precisamente a disipar las dudas acerca de los verdaderos motivos del Supremo para enjuiciar a Garzón y ha propiciado manifestaciones que retrotraen a épocas de nuestro reciente pasado. El Alto Tribunal ha actuado conforme a derecho, teniendo en cuenta el análisis de la denuncia y sin fijarse en quién presenta la denuncia, puesto que tal circunstancia no debe ser condicionante.  De tal virulencia han sido las reacciones contrarias a la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado a expresar públicamente su "preocupación y tristeza" ante estos ataques a su independencia. La tensa situación que han provocado las causas abiertas contra el juez Garzón requieren de cierta pedagogía democrática para serenar el tono de los discursos de uno y otro lado, puesto que la crítica en el libre ejercicio de la libertad de expresión no puede confundirse con la desacreditación, cuando lo que está en juego es la propia estabilidad de las instituciones. La independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales de la convivencia en democracia y hay que hacerlos valer.

 

Publicado el 19 de abril de 2010 a las 14:45.