Sin acritud

El paro es con diferencia, según los sondeos de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, junto con la situación económica, la principal preocupación de los españoles. El terrorismo hace tiempo que pasó a un segundo plano en la lista de asuntos que le quitaban el sueño a la ciudadanía. Los éxitos policiales en la lucha contra ETA, la debilidad de la banda cada vez más mermada en su capacidad operativa y sobre todo, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PP y el PSOE en diciembre del 2000 para reforzar la unidad contra ETA y asegurar que las políticas contra el terrorismo no fueran utilizadas para ganar votos, han dado sus frutos en esta última década. Pero sigue habiendo cuestiones de muy difícil digestión para los ciudadanos, por más que su foco de atención esté puesto en cómo llegar a fin de mes. Provoca grave alarma social y verdadera indignación que el sanguinario pistolero Antonio Troitiño, con un historial de 22 asesinatos a sus espaldas, haya sido excarcelado tras pasar sólo 24 años en prisión. Como también levanta náuseas la mera posibilidad de ver en un gobierno municipal a los proetarras. Hay que intentar evitar con todos los medios del Estado de Derecho que ETA se cuele en las instituciones. La Abogacía General del Estado y la Fiscalía han impugnado ante el Tribunal Supremo todas las candidaturas presentadas por Bildu tras analizar los informes policiales que concluyen que la coalición es fruto de la estrategia establecida entre ETA  y la izquierda abertzale, y que algunos de sus integrantes mantienen vinculaciones con Batasuna. Esto debería ser suficiente para que el Partido Popular y el Gobierno aparcaran  sus diferencias y cerraran filas para que el Supremo proceda a la anulación de todas las listas. Así lo ha solicitado el PP, que ha pedido al Gobierno, más allá de las discrepancias acerca de la viabilidad jurídica de este recurso, que promueva no sólo la impugnación de las listas de Bildu, sino toda la candidatura, es decir, de la coalición como tal. En caso contrario, se corre el riesgo de que repetir el mismo error que se cometió hace cuatro años con ANV, cuando el Supremo dió por buenas algunas listas en determinados municipios, impugnando sólo aquellas en las que había pruebas fehacientes de que estaban integradas por miembros de batasuna. Esto permitió a ANV, o lo que es lo mismo, a ETA, hacerse con el poder en más de cuarenta municipios vascos. Entonces se estaba en el escenario de los gestos tras el fracasado proceso de paz. Ahora conviene despejar cualquier atisbo de duda.

Publicado el 28 de abril de 2011 a las 13:30.