Sin acritud

La negativa de la número dos del PSM, Trinidad Rollán a dejar su cargo en el partido tras haber sido condenada por prevaricación por el caso Patrimonio Siglo XXI cuando era alcaldesa de Torrejón, y el empecinamiento del secretario general, Tomás Gómez, en mantenerla a toda costa, es una situación insostenible para ambos. Tomás Gómez ha dado por zanjado el tema, aunque la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es incuestionable: ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por saltarse la ley para adjudicar a dedo unos terrenos a una empresa sin pasar por el preceptivo concurso público. La condena llega en el peor momento para Tomás Gómez, a cuatro meses de las elecciones. Al candidato socialista va a resultarle muy difícil convivir con la sombra de la corrupción por más que se empeñe en que con la dimisión de los concejales socialistas condenados es suficiente para hacer cumplir una sentencia que aún no es firme. Gómez insiste en que Trinidad Rollán no ha sido condenada por corrupción, pero lo cierto es que siendo alcaldesa se valió del poder que ostentaba para tomar a sabiendas una resolución injusta. La sentencia no habla de lucro personal porque no se ha investigado, y por tanto no hay cohecho, pero es un caso claro de corrupción en tanto una empresa se ha lucrado con una decisión adoptada injustamente y a sabiendas con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. Una vez probado por el Tribunal Superior de Madrid que la adjudicación fue irregular, habrá que explicar por qué se hizo así, qué motivó al equipo municipal socialista a adjudicar a dedo una parcela a una empresa determinada, y con qué interés, pues el tufo que desprende la operación sigue en el aire. En estas condiciones, Tomás Gómez tiene un dilema: mirar para otro lado y mantenerla en supuesto, y más aún, mantenerla en la comisión federal encargada de elaborar las listas electorales, que es lo mismo que reconocer una doble vara de medir ante los casos de corrupción que con tanta virulencia ha denunciado cuando afectaban al PP, o bien actuar en consecuencia a la gravedad de la condena y separarla de sus cargos. Se mire como se mire, con enriquecimiento o sin él, un delito de prevaricación es de las cosas más graves que se le pueden achacar a un político. No parece, por tanto, la más indicada para señalar quién debe o no formar parte de una lista electoral. Aunque en Ferraz están cerrando filas para no hacer más sangre, veremos cuánto tiempo puede Tomás Gómez aguantar el pulso con su segunda.

Publicado el 21 de enero de 2011 a las 13:00.